Ausencia de verdaderos espacios de participación en la toma de decisiones, así como el incumplimiento de promesas incluidas en el llamado “pacto ambiental”, generan que diversas organizaciones ambientalistas hagan serias críticas a la gestión del Gobierno en este campo.
A seis meses de que concluya el gobierno de Luis Guillermo Solís, temas como la insistencia en promover la pesca de arrastre de camarón, el continuo desarrollo de la industria piñera, la pesca de tiburones o los nuevos reglamentos que facilitan la importación y producción de productos agroquímicos generan malestar en el sector.
En el caso concreto de la piña, el último Informe de Estado de la Nación cita datos según los cuales el 2015 la producción piñera alcanzó 58 mil hectáreas. Ello representa unas 12.340 hectáreas más de las 37.660 reportadas en el Censo Agropecuario del 2014.
Ese Informe además apunta que, durante el último año, la temática ambiental “tuvo su mayor peso como proporción de todas las protestas sociales ocurridas en el país desde 1993”, debido precisamente a temas como “nuevos reglamentos para el registro de agroquímicos, la decisión de designar a Incopesca como autoridad científica en cuanto a las especies amenazadas con interés comercial, las omisiones en el control de los efectos negativos de la expansión piñera y el crecimiento urbano no planificado”.
Patricia Madrigal, ministra a.i. del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) sostuvo que el Gobierno en efecto ha cumplido con los más importantes postulados del pacto ambiental y con las expectativas de participación ciudadana (ver entrevista).
Faltó participación
Mariana Porras, de la Asociación Comunidades Ecologistas la Ceiba – Amigos de la Tierra CR (Coecoceiba) -la cual enfoca su trabajo en el acompañamiento de comunidades en temas de biodiversidad y conservación de bosques-, apuntó que “no se han abierto espacios con las comunidades para compartir lo que el Gobierno hace, que tiene que ver con ellas directamente. Sentimos que el Gobierno crea políticas y estrategias en espacios cerrados y no concuerda con lo que las comunidades quieren”.
“Pensábamos que iba a ser un Gobierno de cambio a través del dialogo”, lamentó.
Como ejemplo de ello, citó la Estrategia de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación del Bosque y Más (REDD+), y relató que “estuvimos muy de la mano de comunidades indígenas, las cuales expresaron que esa estrategia no contemplaba lo que querían, pero no encontramos espacios donde las comunidades pudieran hacer sentir su parecer”.
Porras también recordó otros temas más complejos como la biología sintética, es decir, la ingeniería genética realizada para generar en un organismo características que no se encuentran en la naturaleza.
La activista destacó que en el país “se está creando vainilla sintética o cacao sintético y hay proyectos para producir y exportar, universidades crean ese tipo de productos; cuando les decimos del parecer de las comunidades se nos invisibiliza”.
Al respecto, desde la Federación Conservacionista de Costa Rica (Fecon), Mauricio Álvarez sentenció que los procesos más bien han sido de “desparticipación”.
Recordó que durante la campaña electoral pasada un tema importante fue el de las tarifas eléctricas, y que por ello “la primera papa caliente fue el diálogo eléctrico”, el cual “realmente nos dejó claro que lo que el Gobierno entendía como participación era un ejercicio más consultivo, de escuchar a todos los sectores y tener una posición intermedia más tirada hacia intereses empresariales”.
Añadió que posteriormente surgieron otros “temas calientes”, como pesca de arrastre o los que tienen que ver con la agricultura, como los agroquímicos, cultivos transgénicos y cultivo de piña, en los que “empezamos a notar una supremacía” del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) “sobre cualquier tipo de decisión, y sobre el MAG de las cámaras empresariales que tienen derecho a veto y última palabra”.
Ello, según dijo, “ha quedado en evidencia en los reglamentos de agrotóxicos, donde inclusive el MAG no ha abierto la participación como se lo solicitó la Defensoría, para por lo menos incluir las observaciones que tienen el Minae y Salud”.
Al respecto, Haydée Rodríguez, gerente de Incidencia Política de la Fundación Marviva, recordó el proceso de mesa de diálogo que estableció el Gobierno para discutir sobre la pesca de arrastre en el país.
“Tuvimos que levantaros de la mesa junto con 16 ONG porque consideramos que en realidad no era una mesa de diálogo, nos estaban tratando de imponer esta posición de que el arrastre va porque va; desde ese punto empezamos mal, eso originó el proyecto de ley 19.838 que promueve abiertamente la pesca de arrastre sin contar con estudios científicos y técnicos”, sentenció.
Descontento en los mares
Muchas de las quejas al Gobierno surgen precisamente del manejo de los temas marinos y de manera particular en las últimas semanas de la insistencia del Poder Ejecutivo a través del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) en promover la pesca de arrastre del camarón.
Se trata de una técnica altamente impopular y criticada por sus consecuencias destructivas en el lecho marino, aunque figuras como Gustavo Meneses -presidente ejecutivo de ese instituto- o Vivienne Solís -hermana del Presidente y miembro de la cooperativa Coopesolidar-, sostienen que se puede hacer de manera “sostenible”.
Rodríguez aseveró que desde esa Fundación se ha reaccionado con “sorpresa” ante las actuaciones del Gobierno, “sobre todo porque incluso dentro del pacto ambiental se había incluido temas marinos, compromisos claros por ejemplo de protección de tiburones, de una negativa hacia el arrastre y sobre todo una idea de que íbamos a poder participar de forma activa en todas las decisiones aportando conocimiento científico y técnico”.
Así, lamentó que en estos cuatro años en temas marinos costeros el Gobierno “nos ha quedado debiendo”, entre otras razones porque “tenemos un cambio de la postura inicial de no al arrastre, a una postura empeñada en promoverlo”.
Comparó esa actitud con el tema de la explotación del tiburón y recordó los cambios que se hicieron en el Consejo de Representantes de Autoridades Científicas acorde con la Convención Internacional sobre el Comercio de especies Amenazadas de Flora y Fauna (CRAC–Cites).
Ese comité es el encargado de permitir por ejemplo la pesca de ciertas especies de tiburón a través de dictámenes de extracción no perjudicial, y su conformación fue variada para incluir pescadores y representantes de Incopesca.
“Aun así -recordó Rodríguez- cuando analiza si se puede exportar aletas de tiburón martillo, decide que no es posible por la abrumadora evidencia científica que existe del daño que puede ocasionar a la población, entonces: ¿qué hace el Gobierno? Lo mismo que con arrastre, mediante una reforma por medio de decreto quita de las manos del Minae y de esta Comisión la decisión y se la da al Incopesca y al MAG”.
Transgénicos
Otro de los temas acordados en el pacto ambiental, y que su incumplimiento ha causado desilusión, tiene que ver con los transgénicos, tanto la posibilidad de que sean sembrados en el país como la campaña para que los productos comestibles que los contienen sean debidamente etiquetados.
En el primer caso, hace un año generó polémica el hecho de que la Oficina Nacional de Semillas reconociera propiedad intelectual de variedades de semillas sin contar para ello con el visto bueno de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (Conagebio), como lo manda la ley.
Por otra parte, desde inicios de la administración Solís se lleva a cabo una campaña de recolección de firmas, con el fin de solicitar al Poder Ejecutivo el mencionado etiquetado.
Jaime García, quien forma parte entre otras instancias de esa campaña, aseveró que “en el tema de transgénicos no se ha cumplido ni una sola de las promesas que ahí están por escrito (en el pacto ambiental), ni una sola, no se ha avanzado absolutamente en nada, lo cual es sorprendente”.
Relató que desde un principio se reunió con los tres ministros que tienen que ver con el tema – Salud, Economía, Industria y Comercio (MEIC) y MAG-, que los tres, “de forma excepcional”, conocían del tema y que el jerarca Luis Felipe Arauz, de Agricultura, “incluso nos había acompañado a municipalidades a dar charlas para que se declararan libres de transgénicos”; sin embargo “lo que hicieron fue nombrar una comisión y ahí se quedó el asunto”.
“Podrán alegar lo que quieran, pero yo no sé cómo en el tema de etiquetado puedan seguir negando un derecho humano a saber lo que estamos comiendo. No estamos tomando una posición para decir si son buenos o malos, ese no es el tema”, señaló García, quien informó además que este mes de diciembre la campaña alcanzará 32 mil firmas recogidas.
ENTREVISTA
Gobierno defiende cumplimiento del pacto ambiental
En calidad de jerarca a.i. del Minae, Patricia Madrigal, viceministra de Ambiente, defendió la gestión de Gobierno y el cumplimiento de compromisos adquiridos.
Vinicio Chacón
La viceministra de Ambiente defendió la gestión del actual Gobierno, pues en su criterio se ha logrado cumplir con el pacto ambiental, al tiempo que destacó reformas hechas al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).
Madrigal posee un doctorado en derecho ambiental y trabajó en la cooperativa Coopesolidar, donde también se desempeña Vivienne Solís, hermana del presidente Luis Guillermo Solís y promotora de la pesca de arrastre de camarón.
Sigue siendo polémica la industria piñera, así como el tema del aprovechamiento del mar. Los ambientalistas insisten en que el Ministerio de Agricultura (MAG) y el de Comercio Exterior (Comex) le pusieron la mano encima al Minae, incluso en detrimento de lo acordado en el pacto ambiental. ¿Hasta qué punto ha habido coincidencias?, ¿hasta qué punto controversias entre los ministerios?
-Ha habido diálogos y no necesariamente confrontaciones. Obviamente el MAG tiene como parte de sus competencias cierta protección al sector productor, y nosotros desde el Minae obviamente tenemos que atender la protección de los ecosistemas. Ahí no lo llamaría tanto confrontación, como diálogos donde se contraponen posiciones y perspectivas, pero con las limitaciones de hasta dónde la institucionalidad puede establecer restricciones o limitaciones al desarrollo de la actividad productiva, el margen es bastante estrecho, aunque uno tiene que ser vigilante de que se cumple la normativa.
Sobre la pesca de arrastre y, en general, cuando se reforma la Ley de Conservación de Vida Silvestre en el 2012, se le asignan al Sinac una serie de competencias que no tenía. Esa ley dice que el ente encargado de la conservación de los ecosistemas marinos es el Sinac, como dirección del Minae. Pero igualmente el Instituto de Pesca y Acuicultura (Incopesca), en su ley constitutiva no solamente tiene el desarrollo del sector pesquero y acuícola, también la parte de conservación de sus ecosistemas marinos, porque obviamente si no hay pesca no hay pescadores.
Se han establecido a través del Viceministerio de Aguas, Mares, Costas y Humedales, con el Incopesca -cuya rectoría le corresponde al MAG- una serie de diálogos que tratan de buscar cuál es ese justo medio. La primera idea que surge con un decreto que sale a pocos meses de la administración, el de la pesca de atún que establece los polígonos de aprovechamiento, en donde se prioriza la atención al sector nacional para que sea este el que se beneficie, se establece importancia de seguimiento, observación e investigación.
Ya se presentó en el Ministerio Público el manual de denuncias y protocolo de actuación en caso de denuncias en materia marina.
Luego viene toda la discusión sobre el tema de tiburón, es bastante polémico porque es una especie cuyo aprovechamiento no está prohibido, a veces se confunde aleteo con pesca de tiburón; lo que está prohibido es el aleteo, pero la pesca de tiburón con las restricciones que establece la Convención Internacional sobre el Comercio de especies Amenazadas de Flora y Fauna (Cites) es permitida si el dictamen de extracción no perjudicial así lo autoriza.
Pero también fue polémico el cambio en la conformación del Consejo de Representantes de Autoridades Científicas (CRAC–Cites) y las organizaciones sostienen que se hizo en favor de un criterio facilitador para las empresas, al igual que el caso de la piña o el del camarón. Son temas que apuntan a otra gran crítica sobre los procesos de diálogo y participación. Cuando se realizó la mesa de diálogo sobre el camarón, 17 organizaciones se levantaron porque sintieron la actitud de imponer la pesca de arrastre. ¿Cumplió el Gobierno con todas las expectativas de participación ciudadana en la toma de decisiones?
-Sí claro, porque si usted pone un tema polémico en la mesa, e invita a todos los sectores involucrados, va a haber un diálogo intenso y pueda ser que algunos sectores no se sientan cómodos y se levanten de la mesa. Eso es totalmente válido en un proceso de diálogo, no se trata de que todo el mundo esté de acuerdo 100%.
En muchos países las autoridades administrativas y científicas en la parte marina y de aprovechamiento costero y en la parte terrestre y de conservación son distintas, porque las competencias son distintas. Quien tiene la información para hacer los dictámenes de extracción no perjudicial es el Incopesca. En ese sentido, la autoridad que tiene la competencia, la relación con el sector, es la llamada directamente, con base en esa información que posee, tomar la decisión; y a como lo dice Cites, con un comité científico técnico que tiene que existir, y la autoridad administrativa respeta o se aparta de ese criterio, pero tiene que tener ese fundamento técnico.
El tema de la moratoria piñera es uno de varios muy explícitos en el pacto ambiental, como incineración de desechos. Hoy los ambientalistas dicen que el pacto es una hoja de ruta para hacer lo contrario. ¿Cómo valora el seguimiento de ese compromiso?
-El mérito que tiene el pacto ambiental es que logró sentar en un espacio de discusión y análisis a personas que trabajan los temas de ambiente desde muy distintos sectores. Tener planteados los temas de preocupación del sector ambiental con fundamento técnico, y desde una perspectiva política en un documento bastante práctico, es algo muy útil.
Incineración es competencia de Ministerio de Salud, piña del MAG. El pacto ambiental en su concepción inicial lo que dice en primer lugar es el balance entre conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Segundo, que las políticas ambientales se den en un marco de respeto de los derechos humanos, y tercero, que la toma de decisiones se dé en un marco de participación. Luego trae 12 documentos, los más polémicos: generación de energía geotérmica en parques nacionales, esa posición se respetó, promoción de la producción de energía a través de fuentes renovables; son temas que luego en el diálogo de energía se retoman, se plantean y quedan en un instrumento político adoptado públicamente.
Se promueve la revisión de la estructura del Sinac, en esta administración se hicieron varias cosas importantes, no todas del conocimiento del administrado porque son procesos internos, pero que a la larga en términos de conservación son importantes.
Se firmó un decreto para establecer la Comisión Nacional de Reservas de la Biósfera con su plan de acción, atención a temas Unesco. En temas de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (Conagebio), para el fortalecimiento de esa institución, que tiene que velar por el patrimonio genético, se duplicó su personal, se le aumentó el presupuesto, se sancionó el acceso ilegal a recursos genéticos a través de un decreto.
También se ha criticado el tema de los decretos que reestructuraron el registro de agroquímicos, incluso uno de ellos tiene que ver con la exportación y beneficia a una empresa donde trabaja un hermano del Presidente. Por otra parte, en el tema de pesca de arrastre, también tenemos a otra hermana del Presidente impulsando el proyecto de ley. ¿Hasta qué punto los hermanos del Presidente han pesado en la política ambiental de esta administración?
-Creo que ser hermano del Presidente no le exime a uno de ser ciudadano de este país. Creo que cualquier persona puede emitir criterio y opinión sobre temas de interés nacional y más cuando corresponden a su experiencia profesional. Por lo menos en este despacho no se han sentido esas presiones. La agenda ambiental y de energía que sigue el Minae es la que se ha establecido desde el pacto ambiental en consonancia con ministros y viceministros y que se dicta en el marco de los órganos colegiados. Quizás rescatar que esta administración le dio un lugar bastante privilegiado al Consejo Nacional Ambiental, un órgano establecido desde la Ley Orgánica del Ambiente, que lo preside el Presidente de la República. Creo que la línea viene desde ahí, hay un derecho de expresar sus opiniones y que eso no se convierta en una presión.
¿Ha tenido conocimiento que la Embajada de Estados Unidos haya ejercido algún tipo de presión para que no se limite la actividad piñera?
-No me consta, no conozco, inclusive me pregunto si Estados Unidos será el principal destino de la piña.
