“Estamos hablando de explotación privada de los ríos y de generación de riqueza que se va de los países. Hemos dicho al gobierno de Costa Rica, al ICE desde hace muchísimo tiempo, que no se trata de planificar la hidroelectricidad, planificar un modelo energético e hidroeléctrico significa que el país tiene que llegar a acuerdos para decidir qué ríos se puede explotar, de cuáles fuentes vamos a atender la demanda eléctrica”.
De esa manera puntualizó sus preocupaciones el activista Oswaldo Durán, de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon), durante uno de los últimos actos que se organizaron para ofrecer una respuesta al Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica, que la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica (IHA) realizó en Costa Rica en setiembre.
Esa respuesta tomó la forma de la denominada Movida Global por los Ríos y los Pueblos, que culminó sus actos de protesta el pasado viernes en la plaza de la Democracia y que además produjo una “Declaración global por los derechos de los ríos y de los pueblos”, que será llevada en noviembre a la próxima Cumbre Climática que e realizará en noviembre en Glasgow, Escocia.
Durán manifestó que sólo el hecho de definir ríos y pueblos juntos “nos coloca en una posición frente a las empresas y gobiernos, porque no es una disputa sencillamente por hacer o no hacer hidroeléctricas, es una disputa por modelos económicos, por respeto a la naturaleza, a derechos de los ríos que no son reconocidos en los países y sobre todo respeto derechos de las comunidades y pueblos que nunca han sido tomados en consideración cuando se construyen las represas”.
En ese sentido, manifestó que se han dado “casos verdaderamente grotescos”, como el de la represa Belo Monte sobre el río Xinjú, en la Amazonía brasileña, o el proyecto Hidroituango en Colombia, además de casos en Honduras, México, Guatemala.
En Honduras ha sido muy notorio el caso de la líder indígena y feminista Berta Cáceres, asesinada por movilizar a la oposición a un proyecto hidroeléctrico, igual suerte corrieron Sebastián Alonso en Guatemala, o Noé Vázquez y Leonel Díaz en México.
“Son muchos casos de empresas que no contemplan absolutamente para nada los derechos de la gente y de la naturaleza”, puntualizó.
Apuntó además que se trata de un modelo de explotación que “traspasa barreras nacionales, en muchos casos propician la la inversión externa directa, explota los recursos de los países” y que “a la gente que se opone la judicializan, la persiguen, la encarcelan y hasta la matan y la riqueza que se genera se va”.
Así, reanudó sus críticas a las autoridades nacionales pues “más bien exacerban el modelo” y especificó que en la Asamblea Legislativa se tramitan dos proyectos de ley “promovidos por el ICE y el gobierno, que buscan permitir la exportación de los generadores privados al mercado centroamericano, eso aumentará la presión sobre los ríos, principalmente los que están en territorios indígenas”.
Además criticó al presidente Carlos Alvarado porque “ha forzando argumentos de la OCDE para quitar trabas a la inversión externa para producción de energía eléctrica. Eso sería desde mi punto de vista liquidar el sistema nacionalizado social de generación de electricidad nos llevaría a 100 años de atraso, poniéndonos otra vez en manos de compañías transnacionales privadas explotar indiscriminadamente los ecosistemas”.
Declaración internacional
Durán relató que la iniciativa surgió hace más de un año, cuando se anunció después de la cumbre de París que se iba a realizar el congreso mundial de hidroelectricidad en Costa Rica, “decidimos que había que contestarlo, sumando a las organizaciones de Costa Rica que durante décadas hemos hecho un contra discurso al discurso oficial sobre electricidad limpia y sostenibles, contactamos organizaciones internacionales de Canadá, Estados Unidos, Rusia, Francia, Cataluña, con gente de prácticamente toda América Latina a través de la Red Latinoamericana de Ríos y Comunidades y decidimos convocarles a la Movida Global por los Ríos y los Pueblos”.
Pero el trabajo no se quedó ahí pues se sumó el apoyo de 300 organizaciones de 69 países, que firmaron la Declaración para llevarla a la Cumbre de Cambio Climático en Glasgow, en noviembre, “pidiendo a la ONU que revise los estándares de sostenibilidad de las hidroeléctricas”.
Además de las 300 organizaciones, esa Declaración según informó fue firmada por más de 1600 personas.
