Un importante aumento salarial que se autorrecetó la Corte Plena en agosto del 2008 y la eliminación temporal del tope a las jubilaciones por parte de la Sala Constitucional, propiciaron que, actualmente, existan 35 jubilados de lujo, que perciben desde ¢5 millones hasta casi ¢9 millones.
Ambos factores permitieron, además, la existencia de cinco pensiones (he- redadas a cónyuges e hijos) de entre ¢5 millones y ¢9,5 millones. El incremento salarial autorizado por la Corte se ordenó para el “estrato gerencial”, conformado por 46 funcionarios, entre los que están- además de los 22 magistrados-, los miembros del Consejo Superior, los jefes del Ministerio Público, OIJ y Defensa Pública, el director ejecutivo, el jefe de despacho de la Presidencia y la Secretaria General de Corte.
En el caso de los integrantes del Consejo, el aumentó se aprobó como un plus para que no fuese ilegal, pues la legislación no les permite un ingreso base superior al que percibe un juez de la categoría cinco. Aunque el beneficio no fue del mismo monto para todos los puestos, permitió que algunos funcionarios casi duplicaran su ingreso, según la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud).
De acuerdo con el acta del 11 de agosto del 2008, revisada por UNIVERSIDAD, en el caso de un magistrado, por ejemplo, el aumento fue de ¢416.000 en el salario base, el cual llegó a ¢1.605.000 e impactó el resto de componentes salariales. Para el presidente de la entidad, el incremento fue de ¢455.600 sobre su ingreso base.
Posteriormente, en enero del 2010, el Sindicato Nacional de Empleados Judiciales (Anejud) presentó una acción de inconstitucionalidad contra el tope que históricamente habían te- nido las jubilaciones de funcionarios judiciales, el cual, en ese momento, no podía ser superior al ingreso de un diputado.
La Sala Constitucional declaró inconstitucional la norma y le dio un plazo de un año a la Corte para proponer un proyecto de ley con un nuevo tope, acorde con los aportes que hacían los empleados judiciales.
No obstante, la Corte inició esa discusión hasta dos años más tarde, en el 2012, cuando un estudio actuarial de la firma argentina Melinsky, Pellegrinelli y Asociados concluyó que el Fondo de Pensiones del Poder Judicial, en el que cotizan unos 13.000 empleados, sería insolvente en el 2027.
La Corte Plena elaboró entonces una propuesta de reforma a su ley orgánica, en la que se fijó que el tope debía ser el 75% del salario más alto pagado en la institución, que actual- mente sería de unos ¢7,1 millones.
Mientras, el Frente de Organizaciones Gremiales del Poder Judicial (compuesto por 22 organizaciones gremiales con excepción de Anejud), hizo su propia propuesta legal y, con al aval de diversos diputados, la incorporó en la corriente legislativa.
En esta, proponen un tope para las pensiones de 12 veces el salario más bajo de la institución, que resultaría en una pensión máxima de ¢ 4,7 millones.
Esa y otras diferencias entre las ideas de los magistrados y de las agrupaciones de empleados se hicieron más notorias en semanas recientes, durante comparecencias de la Comisión de Pensiones de la Asamblea Legislativa.
En ese foro, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva, defendió, en nombre de sus compañeros, el tope de ¢7,1 millones. Sus palabras causaron una avalancha de críticas tanto de la opinión pública como de los diputados, al punto de que, este lunes 31 de octubre, la magistrada propuso a sus compañeros de Corte hacerse a un lado y dejar solo en manos de los legisladores las decisiones sobre su régimen jubilatorio (Vea notas aparte).
El planteamiento se aprobó con la abstención de los magistrados de la Sala Constitucional, quienes están conociendo recursos relacionados con otros regímenes de pensiones y quienes, eventualmente, podrían decidir sobre su propio Fondo.
Solo el presidente de ese órgano, Ernesto Jinesta, avaló la propuesta, pues ya había emitido criterios previamente y aseveró que se inhibiría de conocer cualquier asunto sobre el tema que llegue a la Sala.
Actualmente, las jubilaciones del Poder Judicial se determinan con base en los últimos 24 salarios de cada funcionario.
ASOCIACIONES EN CONTRA
En el 2008, cuando la Corte discutía la posibilidad de aprobar el aumento para los altos mandos, la propuesta fue combatida por gremios como Acojud y la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC), así como por la Comisión de Relaciones Laborales y por el magistrado Rolando Vega, pues consideraron que era excluyente para el resto de empleados.
“No podemos entender por qué se da preferencia a un sector de nuestra institución, como son los jefes y subjefes de departamentos administrativos, que fueron contratados precisamente para hacer labores administrativas, que ahora, sin que hayan variado, califican de “alta gerencia”, con un argumento incorrecto de compararse con gerentes o subgerentes de entidades financieras, cuando el servicio público que aquí se presta no es de esa índole.
Para la Acojud es claro que ese estudio carece de fundamento válido”, dijo Acojud en aquel momento.
ANIC, por su parte, incluso argumentó que la Corte Plena había rechazado un aumento de ¢50.000 para 1.500 empleados del OIJ por “falta de presupuesto”.
“Sin embargo, sin pretender igualarnos, pero con el fin de señalar que se siguen ensanchando las brechas salariales en el Poder Judicial, hoy para un grupo reducido (46 jerarcas) se estimó un costo de aproximadamente ¢450 millones para el estudio propuesto, lo que proporcionalmente corresponde a un 25% de aquel estudio, pero en el propuesto para OIJ, se beneficiaban 1.500 servidores”, reprochó la agrupación.
Finalmente, por aprobar el aumento salarial votaron los magistrados Luis Paulino Mora, Román Solís, Óscar González, Julia Varela, Magda Pereira, Carlos Chinchilla, Ana Virgnia Calzada, Gilbert Armijo, Ernesto Jinesta, Alfonso Chaves, Adrián Vargas y la suplente Bresciani Quirós.
Mientras, por no aprobarlo, se inclinaron Carmenmaría Escoto, Orlando Aguirre, Zarela Villanueva, Rolando Vega, Jesús Ramírez, José Manuel Arroyo, Fernando Cruz y las suplentes de apellidos Bogantes Rodríguez y Vinocour Fornieri.
Este lunes, UNIVERSIDAD consultó a la presidenta del Poder Judicial, Zarela Villanueva, sobre el impacto de decisiones de ese tipo que también repercutieron en las diferencias de los montos de pensiones para los empleados judiciales.
La jerarca explicó ese ajuste se debió a “una necesidad grande que tiene la institución de que la gente permanezca, que los salarios sean en una mejor condición y salarios en determinados puestos.
Se considera que hay puestos que tienen una experticia, somos una institución muy diversa, tenemos policías, médicos, defensores y fiscales en muy diversos puestos, en cada uno invertimos en capacitación y mantenerlos y mantenerlas es importante” (Vea entrevista aparte).
No obstante, la presidenta de Acojud, Adriana Orocú, dijo a este medio que no solo hay buenos empleados en la cúpula. “Hay jueces en todos los escalafones que también son buenos y era necesario retenerlos”.
Orocú señaló que, sin ese aumento, no existirían jubilaciones de montos elevados como ocurre actualmente.