El empresario y candidato presidencial por el PLN, Antonio Álvarez Desanti intenta cobrar unos ¢6 millones a la Asamblea Legislativa, correspondientes a las cuotas de combustible que no aprovechó durante el tiempo en que fungió como diputado. Desde abril hizo gestiones para poder disponer de ese recurso en su ámbito privado, sea personal, electoral o empresarial.
A pesar del criterio de la dirección administrativa de la Asamblea Legislativa, que considera tales recursos como ayudas técnicas para la función legislativa y no parte del salario de un diputado, el candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN) insiste en reclamar los recursos públicos, por considerar que le pertenecen.
Se refiere al combustible que se fue acumulando durante casi año y medio, de los 500 litros por mes a los que tienen derecho todos los diputados. Estos equivalen a unos ¢300.000 según el precio de los combustibles y pueden ser utilizados con total discreción de los legisladores, sea para giras, para sus asesores, para donar a la comunidad o incluso para diligencias privadas, siempre que se canjeen en una gasolinera.
“Es que eso es mío. Me corresponde porque es parte de mi salario”, contestó Álvarez Desanti a UNIVERSIDAD cuando se le consultó por el caso que lleva varias semanas paseándose entre el Congreso, la Contraloría General de la República (CGR) y el Banco de Costa Rica (BCR, proveedor del servicio de tarjetas para la utilización de esos fondos).
El planteamiento inicial lo hizó cuando aún era congresista, el 27 de abril, en una nota dirigida a la CGR. En el oficio AAD-070-2017 pedía a la institución reservarle el cobro de ese dinero para una fecha posterior a su salida del Congreso, debido a una confusión de cuentas que hicieron que otra diputada gastara parte del dinero que él considera tiene derecho a reclamar.
En sus últimos días en Cuesta de Moras, Álvarez pretendía cerrar cuentas para cobrar unos ¢5 millones o su equivalente en litros de combustible y llevárselos a su campaña en el PLN, a la operación de sus fincas bananeras o a cualquier actividad de su ámbito privado.
Al hacer los cálculos, notó que le faltaban ¢3,8 millones y corrió a averiguar la razón. Le explicaron que habían sido usados por la diputada Suray Carrillo (diputada de Frente Amplio por Guanacaste) mediante una tarjeta que el BCR ligó por error a la cuenta de Álvarez Desanti.
Eso le impidió al candidato acreditarse los recursos antes del 1° de mayo, cuando se aplicaba la renuncia a la curul. Por eso, él pedía a la CGR que le reservaran el dinero o su equivalente, pero su gestión no fructificó.
La Contraloría le contestó el 3 de mayo que su solicitud escapa al ámbito contralor y que debería dirigirse a la administración de la Asamblea Legislativa.
“Se traslada el oficio para su atención con fundamento en el artículo 10 de la Ley de regulación del derecho de petición número 9097”, le escribe Amelia Jiménez Rueda, gerente de división, al director administrativo de la Asamblea Legislativa, Antonio Ayales.
El director del Congreso, consultado por este tema, contó que no ha recibido ninguna solicitud formal de Álvarez Desanti, pero que está enterado del caso y no ve cómo pueda satisfacerlo.
“Eso es una ayuda técnica para el trabajo del diputado y él ya no lo es. No podemos hacer nada. No tenemos facultades para eso”, respondió Ayales antes de señalar que nunca antes ha recibido una solicitud semejante de parte de un exlegislador. “No hay reglas para ello ni normativa de ningún tipo”, añadió.
Ayales se basa en el oficio C-021-2012 que la Procuraduría General de la República (PGR) envió en 2012 a la Asamblea Legislativa. En él se lee que “dicha ayuda no tiene naturaleza retributiva-salarial”, pues está “estrechamente vinculada al ejercicio efectivo del cargo de diputado y su necesidad de desplazarse, en razón de sus especiales funciones, a lugares alejados del recinto parlamentario.
Ese criterio de la Procuraduría contestaba una consulta sobre la posibilidad o no de los diputados de usar el combustible aún después de dejar sus curules al término del mandato de cuatro años.
Concluía así: “resulta jurídicamente improcedente que una vez finalizado el período (…) se pretenda que quienes fueron diputados puedan seguir haciendo uso de la asignación de quinientos litros de combustible que el artículo 5 de la Ley Nº 7352 les confiere; esto aun en el caso de que al finalizar dicho período les quede algún remanente de la cuota de combustible correspondiente al último mes de su gestión… Admitir lo contrario implicaría una eventual desviación de poder (art. 131 de la Ley General de la Administración Pública)”.
Esto lo dice el documento que está en línea en el sitio abierto del Sistema Costarricense de Información Jurídica (CSIJ). http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_detalle.aspx?param1=PRR¶m6=1&nDictamen=16996&strTipM=R
Casi mes y medio después de la solicitud de Álvarez Desanti a la CGR, la Asamblea Legislativa no ha recibido una petición similar, y más bien redirige cualquier responsabilidad al BCR. Esto porque en sus cuentas está el dinero que tenía a la mano el candidato presidencial (poco más de ¢2 millones) y también los ¢3,8 millones que había utilizado Suray Carillo, pues ella los repuso una vez que fue notificada del error.
“No sé lo que él ha hecho después. Yo solo puedo asegurarle que pagué el dinero de una vez y que esa plata ahí está. Habían cometido un error con las tarjetas y estaban como gemeleadas, pero ya está solucionado en lo que a mí me toca”, explicó la diputada guanacasteca.
Antonio Ayales, director ejecutivo Asamblea Legislativa
“No podemos darle los recursos a don Antonio porque ya no es diputado”
¿Cómo va a responder finalmente la Asamblea Legislativa?
– Es que nosotros hasta hoy (14 de junio) no hemos recibido ningún documento formal. Creemos que es un problema del banco, no de nosotros.
¿Es comprensible la solicitud de don Antonio Álvarez de obtener los recursos ahora sin ser diputado?
– Hacer un reclamo posterior no es algo que se pueda. Siempre hemos comprendido que esa es una ayuda técnica para el desempeño de sus funciones como diputado. Cuando deja de tener funciones funciones, diay, ¿qué ayuda va a tener? Eso nunca ha ocurrido. No podemos darle los recursos a don Antonio porque ya no es diputado.
¿Por qué suele haber controversia sobre el uso de los 500 litros de combustible?
– Hay diputados que creen que es un salario en especie. Don Ottón Solís incluso ha dicho que debería estar sujeto a cargas sociales. Algunos creen que debería ser parte del aguinaldo, pero ya la Procuraduría se ha manifestado al definirlo como ayuda técnica, aunque ellos sienten que esto es dinero.
¿El espíritu se cumple?
– Tengo que decirle que sí, diay sí. (Se ríe). A los que visitan cantones alejados del país a veces ni les alcanza esos 500 litros. Depende de la intensidad del trabajo que tengan.
¿Lo usan incluso cuando se trasladan en vehículos de la Asamblea Legislativa?
– La Procuraduría dijo que el combustible de las giras de los diputados debía ser cubierto de ahí. Tuvimos que hacer control interno en donde se anota kilometrajes, se divide número de litros de consumo y se le pasa al departamento financiero el consumo de cada diputado; se les rebaja directamente. Antes sí lo ponía la Asamblea, pero eso cambió.
¿Le parece comprensibe que don Antonio Álvarez solicite esto? ¿Tiene razón?
– Él estaba molesto porque llegó a reclamar su derecho cuando era aún diputado y le faltaban recursos. No revisamos la forma en que se utiliza porque eso es discrecional, lo consumen como mejor convenga.
¿Cómo él iba a poder usar ¢5 millones de combustible en solo unos tres días que le quedaban en el puesto?
– El Departamento Legal me explicaba que perfectamente un diputado puede acumular facturas mediante una línea de crédito. También sería posible pagar por adelantado y consumirlo después. El diputado lo maneja a su manera y el sistema no tiene forma de saber qué se está pagando ni en qué orden, siempre que se consuma en una gasolinera.
¿Qué pasa si ese dinero no se utiliza? Por ejemplo, esos ¢6 millones que dejó acumular don Antonio Álvarez?
– Si no se usan esos recursos quedan como superávit de la Asamblea Legislativa y es dinero que vuelve a la Caja Única del Estado, pero eso casi no ocurre. Este sería un caso inédito.
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“Estoy esperando que la Asamblea defina si me dará el dinero o cupones de combustible para poderla usarlos o el efectivo. Ese es dinero mío que no pude usar.”
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“Ese recurso es mío y no lo pude retirar. El monto me lo deben entregar. Es innegable que eso es mío. Por eso mandé la carta a la Contraloría para pedir que me lo reservaran.”
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“Me corresponde a mí definir cómo lo uso. En ocasiones les di combustible a mis asesores, pero me corresponde a mí porque es parte de mi salario. Lo que pasa es que ella (diputada Suray Carrillo) lo estaba usando y no creo que con mala fe. Fue un error.”.
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“Más allá de si es un monto significativo, insisto en que es mi derecho, porque fui a retirarlo en la última semana de abril. Había maneras de usarlo; tenemos cuentas abiertas en gasolineras donde tenemos actividad de las empresas.”
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