Al comenzar la segunda semana de negociones del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el presidente Carlos Alvarado volvió a pedir a los diputados la pronta aprobación del proyecto de ley que reforma el régimen de remuneraciones de casi 300.000 empleados públicos, pues lo considera clave para reducir el gasto estatal y así ayudar a reducir el déficit fiscal.
En un tuit publicado antes de las 7 a. m., el mandatario solicitó a los diputados “dar este necesario paso en el camino de la reforma del Estado y la búsqueda de la eficiencia pública”, pues el Gobierno considera que el proyecto es central en el objetivo de austeridad incluido en la propuesta de negociación con el FMI.
Los diputados tienen en sus manos el expediente 21.336 llamado “Ley marco de empleo público”, aunque con amplio rango de discusión de la que depende el contenido final, en caso de llegar a aprobarse. Eso determinaría el impacto real que tenga sobre las finanzas públicas.
Sin embargo, algunos diputados se oponen y otros no tienen claro cómo manejar los salarios actuales que resultarían inferiores al salario único que pretenden crear con este proyecto. Propuestas mencionadas se dirigían a un aumento súbito que implicaría un gasto que el Gobierno considera improcedente en estos momentos cuando más bien intenta evitar el hundimiento financiero.
Aunque el proyecto recibe el rechazo mayoritario de gremios de trabajadores del sector público al punto de anunciarse protestas en esta semana, el Gobierno insiste en apurar ese expediente ante unos legisladores que mantienen múltiples diferencias sobre los detalles convenientes.
La reducción del gasto por un régimen unificado y restricción de planilla pública representa un 45% de lo que se pretende ahorrar en el 2021, según , prevé el Gobierno. Esto, porque quedarían congelados las alzas de salario por 12 años, salvo el reconocimiento del rubro de “costo de vida” para los trabajadores que ganen menos que el salario único de su categoría. Se congela también el pago de anualidades para quienes superen este sueldo global, aún sin definirse.
El proyecto forma parte de los temas complementarios a la Reforma Fiscal aprobada en 2018, pues la planilla estatal está sometida a una serie de reglas diferentes y de complementos que elevan su costo para el Estado, que destina a ella el 50% de los ingresos comunes de la Hacienda Pública.
“El proyecto se perfila como la reforma del Estado más ambiciosa de la Administración cuyos alcances incluyen ordenar la dispersa legislación existente en el país sobre el tema, encaminar la equidad salarial en el sector público y al mismo tiempo lograr un ahorro promedio anual de hasta 1,1% del PIB que tendrá un profundo impacto en las finanzas públicas”, publicó el Ministerio de Planificación en diciembre.
Aunque se propuso desde 2019, llegado a finales de 2020 se juntó con el anuncio de negociaciones del acuerdo con el FMI para obtener créditos blandos por $1.750 millones y el aval de ese organismo a las finanzas públicas costarricense para efectos de otros actores del mercado internacional. Esto, como un canal de oxígeno para mantener a flote las finanzas públicas después del fuerte efecto de la pandemia de COVID-19 sobre la economía en 2020.
