Los diputados de la comisión legislativa que investiga los créditos públicos al cemento chino y la red de influencia a su alrededor se preparan para recibir este viernes a Mario Barrenechea, gerente general del Banco de Costa Rica (BCR), mientras los miembros de la junta directiva de esta entidad estatal viven horas de tensión incrementada por el deseo de la Presidencia de la República de removerlos a todos en bloque.
Pese a que no había sido posible localizar a Barrenechea para la sesión del martes pasado (el mismo día en que el presidente Luis Guillermo Solís planteó la renuncia de la Junta Directiva), la visita del gerente general continúa programada para las 10:30 horas de este viernes, como adelantó la directora Paola Mora, su mayor defensora en el órgano directivo.
Mediante un correo electrónico, Barrenechea confirmó hoy jueves que mañana aistirá al foro de diputados que investiga los créditos por al menos $30 millones concedidos al empresario Juan Carlos Bolaños para importación de cemento chino y la red de influencias políticas que en apariencia le ayudaron a crear el negocio desde 2014.
También está convocado a esa comisión investigadora del Congreso, el hijo del gerente, Javier Barrenechea Von Schroter, a quien se atribuye haber comercializado parte del cemento de Bolaños.
La comparecencia tendrá elementos adicionales. Además de abundante información que se ha hecho pública en meses recientes, el diario La Nación publicó este miércoles que el BCR giró a Sinocem, la empresa de Bolaños, un total de $39 millones para importar cemento aunque solo entró al país material por valor de $10 millones. Esto lo informó el diario citando un informe del 7 de setiembre de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Además, que el empresario tardó seis meses en devolver $12 millones que no había utilizado por cancelación de órdenes de compra, sin que se supiera qué hizo mientras con ese dinero, según ese mismo informe.
Este jueves, mientras los legisladores y sus asesores preparaban los cuestionarios o críticas para Barrenechea por su papel en el otorgamiento de esos créditos, los miembros de la junta directiva del BCR aún intentaban asimilar el golpe que representó la petición de renunciar planteada por el presidente Luis Guillermo Solís este martes.
La decisión inicial de rechazar en bloque la solicitud del mandatario no es definitiva. No puede serlo si se considera que los miembros de la junta directiva enfrentan circunstancias distintas. Diferente es el panorama para Paola Mora, defensora explícita de Barrenechea y del crédito al empresario Bolaños, que el de su sucesora en la presidencia, la empresaria Mónica Segnini, quien pidió investigar las gestiones de la gerencia en este caso.
También están Francisco Molina, a quien cuestionaron por un pago indebido proveniente de una cuenta de CRHoy y Alberto Raven, exfiscal de la empresa cementera Holcim, uno de los dos actores dominantes del duopolio vigente en Costa Rica y que supuestamente se rompería con la llegada del cemento chino. También se le ha cuestionado porque esta misma cementera pudo vender una planta hidroeléctrica a Coopelesca gracias a un crédito del BCR.
Solo Raven y la exdiputada Evita Arguedas fueron nombrados por el gobierno anterior. Los restantes cinco los colocó ahí Luis Guillermo Solís. Son Mora, Segnini, Molina y los exdiputados Ronald Solís y Gustavo Arias. De estos cinco, cuatro vienen del Partido Acción Ciudadana (PAC), mientras Mora proviene del partido Alianza Patriótica, que dirigía Mariano Figueres, jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y hombre de máxima confianza del mandatario.
Todos ellos comparecieron hace un mes ante la comisión de diputados que indaga el cemento chino. En esa sesión el director Ronald Solís contestó que Mariano Figueres participó en la designación de Barrenechea como gerente general del BCR. Después aseguró a este semanario que el director de la DIS fue quien llamó al actual gerente para que tomara el cargo en 2014.
Tanto Figueres como la Presidencia han rechazado tal influencia. Aseguran que la decisión de nombrarlo fue de total responsabilidad de la Junta Directiva. Lo reiteró el mandatario en su comparecencia ante la comisión de diputados.
Todos los cuestionamientos, posibles irregularidades y críticas han provocado un fuerte enfrentamiento en la junta directiva. Fue el argumento de Luis Guillermo Solís para pedirles la renuncia voluntaria y ahora para iniciarles un proceso de destitución que se llevará quizás meses para finalizar. Se basó en un informe de Sugef para asegurar que ese estado de conflicto provoca trastornos internos y debilidades en la gestión y el control de los negocios bancarios.
Ese informe se supone era confidencial, por mandato legal, pero como muchos otros documentos en ese caso han acabado en manos públicas. Este semanario tiene una copia. Son siete páginas en los cuales el superintendente, Javier Cascante, critica en reiteradas ocasiones la situación de conflicto en el “gobierno corporativo” del BCR.
Para el mandatario, esto motiva la remoción de todos los miembros, sin distinguir quien lleva razón, quien dice verdades y quién mentiras, quién ha intervenido en créditos cuestionados y quién ha hecho tales cuestionamientos internamente. Para todos, sin distinto de partido o circunstancias, el Presidente ya tenía sustitutos.
Pero en principios todos le dijeron “no renunciamos”.
El mensaje fue contundente, aunque algunos de ellos aún se lo piensan. “Qué más quisiera yo que salir corriendo de aquí. Esto a uno lo destruye, pero también piensa uno que seguir hasta que se conozca la verdad, o si sirve de algo”, dijo uno de los miembros que pidió no se le identificara.
Cada directivo ha pensado en las consecuencias de renunciar y el mensaje que daría. ¿Admisión de culpas? ¿Obediencia al mandatario? ¿Hartazgo ante un ambiente tóxico?
Tampoco es cómodo para todos mostrarse ahora unidos. Resultó sorpresiva la escena del martes en la rueda de prensa para responder a la solicitud presidencial. Estaban a la mesa Paola Mora, Evita Arguedas y Francisco Molina con sus profundas diferencias internas. Otros miembros prefirieron no salir juntos ante cámaras.
Para el diputado Ottón Solís, miembro de la comisión investigadora y crítico del crédito otorgado a Sinocem, dijo comprender la decisión de los directivos de no renunciar. “Es que uno no puede generalizar en este caso. Yo sí les hubiera pedido a todos por nombrar a Barrenechea, pero no por un caso donde lo que vemos es corrupción”.
“Aquí se están igualando los pecados de todos. Se está generalizando. Es distinto al caso de Bancrédito (a cuya junta directiva Luis Guillermo Solís también removió en bloque); ahí no había un caso de corrupción de fondo, pero ahora sí”, expresó el diputado Solís.
Si el Consejo de Gobierno abre procesos de destitución, como anunció el mandatario que lo plantearía este martes, sí debería individualizar los casos y sentar responsabilidades uno por uno.
Este mismo jueves el BCR informó de que hará una reserva de dinero para cubrirse de un eventual impago de la empresa Sinocem. El deterioro de las líneas de crédito puede rondar los 10.000 millones de colones, según un informe de Sugef citado por La Nación.
Este mismo jueves las autoridades de la entidad bancaria insistieron en la solidez de sus finanzas, a pesar de los cuestionamientos en este caso concreto. El dinero de los ahorrantes no corre ningún peligro, reiteraron, en la misma línea que lo ha hecho el presidente Solís, el presidente de Banco Central, Olivier Castro y el mismo superintendente Javier Cascante.
