Buenas y malas noticias. Esto es lo que expresan las cifras macroeconómicas presentadas el viernes por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), en su Informe de Política Monetaria de medio año.
La inflación mundial al alza llevó al rector de la política monetaria del país a reducir su proyección de crecimiento económico del 2023 a 3,2%, esto es, 0,7 puntos porcentuales (p.p.) menos de lo estimado en abril. Sin embargo, mantiene su cálculo de un crecimiento del 3,4% para el presente año.
El ajuste es resultado de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé ahora un crecimiento para la economía mundial de 3,2% en el 2022 y de 2,9% en el 2023, cifras que son menores en 0,4 p.p. y 0,7 p.p., respectivamente, a lo que estimó en abril.
Según el informe, tres son los factores externos que caracterizan la coyuntura: una mayor incertidumbre y deterioro en la confianza de los agentes económicos, que afecta la reactivación; la persistencia de presiones inflacionarias y el consiguiente endurecimiento de la política monetaria; lo anterior, a pesar de que los precios de las materias primas, como el petróleo, moderan su alza (ver el gráfico).
En lo nacional, la reactivación económica continúa y el volumen del comercio de bienes mantiene un alto dinamismo, pero se desacelera debido a la alta inflación, lo cual también repercute en el mercado laboral.
Así, en mayo, la tasa de desempleo (12,0) y de subempleo (9,4) fueron incluso menores que antes de la pandemia y la tasa de participación neta —la población ocupada con respecto a la población de 12 años y más—, se muestra estancada alrededor del 60%, lo cual es inferior a la que existía antes de la pandemia.
Igualmente, Madrigal afirmó que los salarios reales se recuperaron, pero que actualmente la inflación, que alcanzó 10,1% en junio, los está erosionando (ver el gráfico).
En cuanto a las cuentas externas, el funcionario recordó que, al aumentar los precios, especialmente de los combustibles y de los alimentos, también se deterioran los términos de intercambio; es decir, que el país debe pagar más caros los dólares para adquirir las importaciones que necesita.
Por eso, el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos aumentó en el primer semestre del año —en bienes, creció de -2,3% a -4,5%, aunque en servicios tuvo un mayor superávit: subió de 4,0% a 5,5%, especialmente, debido a la recuperación del turismo—.
Además, indicó que, si bien hubo un incremento en los flujos financieros netos hacia el país, debido a la Inversión Directa y a préstamos externos, estos fueron insuficientes para financiar el déficit de la cuenta corriente, por lo cual el saldo de reservas internacionales disminuyó en US $584 millones con respecto a su valor en diciembre del año anterior —eran de US$ 7.141 millones en el 2021 y son $6.201 en lo que va del 2022—.
Sin embargo, el BCCR espera que los activos de reservas aumenten un 9,6% este año, sin contar otros ingresos externos esperados como el préstamo del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), por US$ 1.000 millones, que el BCCR negocia activamente, dijo Madrigal.
El funcionario recordó que el alza en los precios de los combustibles y en las materias primas —potenciada por la guerra en Ucrania— generó una mayor demanda de divisas, principalmente para pagar la factura petrolera que, en conjunto con la demanda de las operadoras de pensiones para invertir en dólares en el exterior, elevaron el tipo de cambio.
No obstante, el funcionario afirmó que este se ajustó nuevamente a la baja —la devaluación interanual es de 8,2%—, gracias a las medidas de política monetaria adoptadas por el BCCR, como los aumentos en la Tasa de Política Monetaria, la reducción del horario de operación del Mercado de Moneda Extranjera (Monex), del BCCR, la venta de bonos de estabilización monetaria y las negociaciones avanzadas con las operadoras de pensiones para una mejor planificación de sus inversiones, entre otras.
Madrigal reiteró que “el principal problema y reto del BCCR es la inflación” y que el banco continuará actuando para contenerla y disminuirla, lo que se estima ocurrirá hacia el final del próximo año.
Además, descartó la posibilidad de que se dé una recesión económica —caída significativa de la actividad económica por dos trimestres consecutivos— en el país.
Cifras fiscales sin actualizar
Durante la presentación del Informe, Madrigal explicó que el BCCR tuvo que presentar su revisión sin las cifras actualizadas de las finanzas públicas, debido al ataque informático del que fue objeto por el grupo Conti, en el primer semestre del año.
Ante nuestra consulta, el funcionario dijo que las proyecciones económicas del Informe del BCCR para el período 2022-2023, en la parte fiscal, reportan el “escenario pasivo contemplado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2022-2027 del Gobierno Central y el Sector Público no Financiero, publicado por el Ministerio de Hacienda en abril de este año”.
Además, a la incidencia del hackeo de las bases de datos de Hacienda, Madrigal añadió que ese Ministerio aún no termina de conciliar sus datos (ver el recuadro), aunque no explicitó si se trata de una conciliación a lo interno o a lo externo —con el FMI, por ejemplo—.
Según una presentación del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, hasta abril se registró un superávit fiscal de 0,90% del PIB y el déficit financiero había bajado a -0,82%.
En cuanto a la deuda pública al primer semestre del presente año, un 73% era deuda interna y el 27% restante era deuda externa.
Además, la perspectiva de riesgo del país había mejorado “significativamente”, desde que se inició la pandemia y el pago de intereses bajó 1 p.p. —de 1,74% del PIB a 1,73% del PIB— entre abril del año pasado y el mismo mes del presente.
También se indica que el Gobierno debe amortizar US $7.729 millones de la deuda externa ya contraída durante los próximos cinco años, es decir, en el período 2023-2027, así como US $3.715 millones en el pago de intereses de esa deuda.
Dado el limitado ahorro nacional, el Gobierno actual está impulsando, en la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley para la autorizar la emisión de un total de US$ 12.000 millones en “eurobonos” —bonos de deuda en dólares en el mercado internacional—, más la contratación de US $2.000 en líneas de crédito con organismos multilaterales, presentado por la administración de Carlos Alvarado.
La emisión de los eurobonos se haría en cuatro tractos anuales de $1.500 millones, además de otros $6.000 millones para el repago de la primera emisión.
Sin embargo, la semana anterior el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, advirtió que no existe suficiente respaldo para la propuesta del Ejecutivo, porque las jefaturas de fracción de los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Liberal Progresista y Frente Amplio afirman que solamente apoyarían autorizar el primero de los cuatro tractos.
Lo anterior, debido a que Hacienda no provee la actualización de las cifras fiscales y sus proyecciones para este año y el próximo, la llamada “ruta fiscal”, pero la administración Chaves ya ha modificado el criterio para establecer la regla fiscal y aumentado el gasto público mediante decretos.
En consecuencia, las fracciones legislativas no tienen certeza acerca del compromiso de la actual administración con el mantenimiento de las metas fiscales negociadas con el FMI.
Por ejemplo, dado que los aumentos salariales a las jefaturas de los ministerios ya constituyen un gasto nuevo, en caso de que la Asamblea Legislativa no autorice a Hacienda —como ya lo anunciaron varias bancadas— a mover dinero entre partidas presupuestarias, cumplir con las metas de gasto pactadas con el FMI, llevaría a reducir el gasto en otras partidas, con el fin de cumplir con la meta total de gasto.
Si bien hay consenso sobre la necesidad de recurrir a la emisión de eurobonos para cubrir el déficit financiero, el contexto externo de alta inflación y de tasas de interés más altas para contenerla, añade incertidumbre al debate legislativo sobre los montos y la secuencia de su autorización.
UNIVERSIDAD envió consultas al Ministerio de Hacienda el 20 de julio, con el fin de conocer la “ruta fiscal” actualizada, pero todavía no recibimos las respuestas.
Róger Madrigal, presidente del BCCR:
Las cifras fiscales contempladas corresponden al escenario pasivo de abril
Advierte que no aprobar los “eurobonos” implicaría un mayor ajuste macroeconómico.
¿Hacienda le informó al BCCR que no pudo enviarle sus cifras fiscales actualizadas debido al hackeo sufrido?
—Sí, mantenemos comunicación permanente con el Ministerio de Hacienda.
Ellos hicieron un gran esfuerzo para recuperar la información que no se había podido procesar por el ataque cibernético y tenían cifras preliminares y estaban en el proceso de conciliación de algunos rubros. El tiempo simplemente no alcanzó para tener las cifras conciliadas antes del viernes 29 de julio.
Históricamente ¿es la primera vez que el BCCR presenta un Informe de Política Monetaria sin las cifras actualizadas de las finanzas públicas?
—No, recuerde que el informe presentado tiene sus antecedentes en lo que en su momento fueron el “Programa Monetario”, el “Programa Macroeconómico” y el “Informe de Inflación”.
En el pasado, hubo circunstancias en las que las estimaciones fiscales para esos documentos las realizaba el BCCR.
En esta oportunidad las cifras corresponden al escenario pasivo contemplado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2022-2027 del Gobierno Central y el Sector Público no Financiero, publicado por el Ministerio de Hacienda en abril de este año.
“En el caso extremo que el Gobierno no pueda colocar deuda en el mercado internacional, lo que se esperaría son presiones al alza sobre las tasas de interés internas en colones y en dólares”, Roger Madrigal, presidente del BCCR.
Si la Asamblea Legislativa no aprueba emitir toda la secuencia de “eurobonos”, sino una parte, ¿cómo afectaría esto al balance financiero del país —y de las reservas internacionales netas— que el BCCR presentó en su Informe de Política Monetaria?
—Es difícil dar una respuesta comprehensiva, porque depende de lo que finalmente se apruebe.
En el caso extremo que el Gobierno no pueda colocar deuda en el mercado internacional, lo que se esperaría son presiones al alza sobre las tasas de interés internas en colones y en dólares, sobre el tipo de cambio y una mayor presión sobre las reservas internacionales del país.
En general, implicaría un mayor ajuste macroeconómico en adición a los que en estos momentos la economía realiza al mantener la disciplina fiscal y por enfrentar los efectos de los choques externos.
Si la Asamblea Legislativa no aprueba permitir los movimientos entre partidas presupuestarias que quiere el Ministerio de Hacienda ¿los aumentos de salarios ya aplicados a los ministros y ministras podrían implicar un aumento del gasto pactado con el FMI?
—La pregunta se refiere a la microadministración del presupuesto de la República. Sobre este particular, respetuosamente, sugiero dirigir su consulta al Ministerio de Hacienda.
(UNIVERSIDAD envió esta y otras consultas al Ministerio de Hacienda el 20 de julio, pero todavía no recibimos las respuestas).
