Representantes de la Alianza Sindical del Poder Judicial anunciaron una alianza con el Movimiento Rescate Nacional para “luchar por temas que nos unen” y así confirmaron su participación en la mesa de diálogo que instaurará Rescate Nacional.
En conferencia de prensa realizada hoy jueves dirigentes de varios sindicatos de la alianza, junto a líderes del movimiento ciudadano, afirmaron que comparten inquietudes sobre la ley de empleo público, la carga impositiva, la venta de activos estatales y sobre la forma de nombrar magistrados y diputados, que consideran obsoleta e inadecuada.
“Decidimos sumarnos al movimiento mientras se mantenga en el contexto actual; no compartimos los bloqueos y no compartimos la falta al diálogo; pero en la medida en que podamos unirnos para negociar vamos a estar activos, si se pasa a violencia o bloqueos no vamos a estar de acuerdo”, dijo Álvaro Rodríguez, secretario general de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística.
Sonia Zúñiga, secretaria adjunta del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial, indicó que hay puntos de encuentro entre Rescate Nacional y los grupos sindicales, “donde nos queremos apoyar para dar la lucha conjunta”. Para empezar, dijo, “buscar diálogo real, verdadero y positivo; no de mentiras y engaños como pretende el gobierno”.
Por su parte, Hugo Solís, del Sindicato de la Defensa Pública (Sindepu), afirmó que en Rescate Nacional han “encontrado los oídos que reclamamos desde hace semanas” y que esperan construir en conjunto propuestas y estrategias para solucionar problemas sociales.
Célimo Guido, dirigente de RN, celebró la alianza con los cinco sindicatos que integra la alianza “ante la negativa del Poder Ejecutivo de dialogar con los sectores marginados del país”.
Según comentó, estas alianzas fortalecen a la organización y aumentan las posibilidades de que el gobierno, que hasta ahora los ha deslegitimado, tenga que atender sus demandas.
Guido afirmó que ambos grupos coinciden en oponerse a un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la privatización de recursos naturales, la ley de empleo público, la flexibilización laboral y la venta de activos del estado. En cambio, dijo, están a favor de reestructurar el estado, en combatir la elusión y evasión fiscal, las millonarias exoneraciones y aprobar la renta global.
A través de estas alianzas, dijo, “empezamos a preparar un camino costarricense para un nuevo pacto económico y social”.
Hugo Solís, de Sindepu, explicó que el vínculo se limita a lo social y no a lo jurídico. “El Poder Judicial mantiene su independencia, no nos están contratando”. Sobre los casos ya judicializados, dijo que confían en la objetividad judicial y creen en los profesionales de la institución.
