Quien crea que la campaña electoral inicia cuando el Tribunal Supremo de Elecciones da el “disparo de salida” oficial corre el riesgo de equivocarse. Puede suceder que algunos precipitados “cazadores” salgan tempranamente en busca del “pato” de la próxima fiesta electoral, a propósito del debate sobre la reforma tributaria.
Por el lado de la oposición al Partido Acción Ciudadana (PAC), los tiros se centran en atribuir a su primera gestión de la Hacienda Pública, bajo la administración de Luis Guillermo Solís, un manejo presuntamente inadecuado de la deuda. Se la acusa de haber presentado tardíamente el primer Presupuesto Extraordinario del 2018, por ¢600 mil millones.
Por el lado de la primera administración del PAC se afirma que, al momento del cambio de gobierno, el Ministerio de Hacienda no contaba con la cifra de lo que se debería solicitar a la Asamblea Legislativa como un primer Presupuesto Extraordinario y que, en todo caso, el problema de la enorme deuda viene de las administraciones del bipartidismo tradicional.
Una cronología o línea de tiempo armada por UNIVERSIDAD a partir de las noticias publicadas por diversos medios muestra, en todo caso, que tanto el exministro de Hacienda, Helio Fallas, de la primera administración del PAC, como la actual ministra de esa cartera, Rocío Aguilar, debieron esperar varios meses para observar la evolución de los canjes de deuda, con el fin de poder establecer una cifra con la cual solicitar ese Presupuesto Extraordinario.
Desde el 21 de febrero de este año, cuando la funcionaria de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Ana Beatriz Hernández, indicó en un correo electrónico que en ese momento hacían falta ¢850.000 millones para pagarle a los acreedores, hasta el 10 de julio pasado, cuando el recién ascendido director de Crédito Público, Melvin Quirós, envió –según explicó La Nación– el “dato preciso” de ¢625.000 millones a la directora de Presupuesto Nacional, Marjorie Morera, pasaron cinco meses de observación de la baja progresiva que iba registrando el faltante.
Finalmente, también en julio, la ministra Rocío Aguilar, decidió enviar una solicitud de presupuesto extraordinario por ¢600.000 millones (ver: “Cronología de una ‘patología’ fiscal”).
Es cierto, por tanto, que, cuando se reunieron Aguilar y Fallas, cuatro días antes del traspaso de gobierno, ninguno de los dos podía saber cuál era la cifra en la que se estancarían los canjes de deuda, de modo que tuvieran un monto concreto y real para presentar a la Asamblea Legislativa.
Ni el propio Quirós, quien afirmó ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa haber alertado varias veces sobre la necesidad que habría de presentar un presupuesto extraordinario, tuvo una cifra para darle a la ministra Aguilar, sino hasta julio de este año, según los correos electrónicos publicados por La Nación.
Por cierto, que la entonces diputada electa Silvia Hernández, del PLN, hoy presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, solicitó mediante un oficio al entonces ministro Fallas trasladar a Quirós con su plaza a su despacho legislativo con el fin de fortalecer su futuro equipo asesor.
Esta solicitud no fue respondida por el ministro saliente, sino por la ministra Aguilar, quien la rechazó debido a que, afirmó, no sería coherente con la política de contención del gasto y a que Quirós y otra funcionaria también solicitada por Hernández “realizan labores sustantivas de gran relevancia en los cargos que se encuentran destacados”.
Por ser de interés público tuvimos que consultar a Quirós y a la diputada Hernández si él tiene vínculos con el PLN, pero ambos coincidieron, por separado, en afirmar que se conocen por motivos profesionales.
“Con el PLN no tengo ninguna relación. Con la Sra. Hernández coincidimos como participantes en la Comisión de Contrataciones para la colocación de Eurobonos (Ley 9070), siendo la Sra. Hernández viceministra de Planificación Nacional”, dijo Quirós, en referencia al cargo que ocupó la diputada en la administración de Laura Chinchilla.
“Desconozco la militancia política del señor Melvin Quirós. Lo conozco estrictamente en el ámbito profesional”, dijo la diputada.
Pero, retomando el tema central, para comenzar, ese Presupuesto Extraordinario –y los movimientos de deuda sin permiso legislativo que se vieron obligados a hacer por decreto tanto el ministro Fallas como la ministra Aguilar– no hubiera sido necesario si en plena campaña electoral no se hubiera caído el contrato de colocación de deuda pública por $1.500 millones, que Hacienda estaba por firmar en “menos de seis semanas”, como anunció el 20 de noviembre del 2017.
Varios bancos internacionales de primer orden, basados en Londres, Washington y Tokio, según la prensa, habían ofrecido hasta $3.700 millones por bonos de deuda costarricense, incluidos los $1.500 millones que estaban por concretarse.
Pero, todos querían ganar las elecciones y todos hicieron lo que pudieron por ganarlas.
Como muestra la cronología, al día siguiente del anuncio prometedor de Hacienda, el periodista Michael McDonald, de la empresa especializada Bloomberg, publicó una nota en la cual citó al candidato presidencial del PLN, Antonio Álvarez Desanti, entonces favorito en las encuestas, lo que dijo ante la Cámara de Comercio Americana (AmCham) sobre el contrato de colocación: “Para mí, viola la ley. Si tienes que emitir deuda externa tienes que pedir el permiso de la Asamblea Legislativa”.
Luego, le sucedieron una serie de declaraciones similares de varios liberacionistas, como el economista Gerardo Corrales, en ese momento gerente de la campaña de Álvarez, y el entonces diputado Rolando González, entre otros, igualmente cuestionando el contrato de colocación.
El resultado fue que los bancos inversionistas se retiraron y el 13 de marzo de este año el Ministerio de Hacienda tuvo que emitir un Comunicado de Hecho Relevante en el cual informó que no fue posible concretar el contrato de colocación de los bonos de deuda por $1.500 millones.
Consultamos a Álvarez, Corrales y González si hoy consideran un error haber declarado en contra de esa gestión, pero los tres coincidieron, por separado, en mantener su posición.
“Mi opinión es la misma porque es un tema de legalidad. Para mi requiere autorización legislativa hoy y hace un año”, dijo Álvarez.
“Mi posición no ha cambiado, es la misma”, dijo Corrales.
González dijo que hoy mantiene su oposición incluso con más fuerza y enfatizó en que “la legalidad del procedimiento heterodoxo usado no fue consultado a las instancias pertinentes.
Probablemente, esa incertidumbre legal influyó en que esa colocación ilegal no se concretara y en que se dieran las siguientes ilegalidades en que está incurriendo esta administración”.
Sin embargo, esta presunta ilegalidad fue rechazada por la tesorera Nacional, Martha Cubillo, cuando le pedimos explicar en cuál fundamento legal se basó el Ministerio de Hacienda para sacar a concurso el contrato de colocación de los bonos de deuda por $1.500 millones.
Su respuesta fue que “la convocatoria de contrato de colocación se realizó para deuda interna, utilizando la autorización máxima realizada en la Ley de Presupuesto Nacional. Por un error de conceptualización se asocia la colocación de deuda externa con colocación de deuda en dólares”.
Agregó que “la definición de deuda interna o externa en nuestro país está asociada a la plaza de colocación de la deuda. Por ejemplo, en las subastas semanales ofrecemos títulos tanto en colones como en dólares, pueden ser adquiridos por inversionistas locales o extranjeros, pero al ser colocados por medio de la plaza local (Bolsa Nacional de Valores) se clasifican como deuda interna. El mismo inversionista nacional o extranjero podría invertir tanto en colones como en dólares”.
Enfatizó en que “el mecanismo utilizado es uno de los tres mecanismos permitidos en el Reglamento de Oferta Pública: ventanilla, subasta y contratos de colocación (suscripción). Y encuentra su fundamento en el Artículo 2 de la Ley 7731 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Es importante tomar en cuenta que se considera como deuda interna la emitida y pagada dentro del país, sin que se defina por moneda; deuda que se rige por las leyes nacionales y respecto de la cual son competentes los tribunales nacionales”.
No solo las declaraciones de los liberacionistas, de una diputada del Movimiento Libertario y de Canatur pudieron influir en el fracaso de la operación de Hacienda, pues el 23 de enero, los bonos de deuda de Costa Rica ya existentes registraron una primera caída masiva en el mercado internacional, luego de conocerse la encuesta electoral del Instituto de Investigaciones Políticas y del Semanario UNIVERSIDAD, de la UCR, la cual dio como resultado una ventaja en favor de Fabricio Alvarado, candidato presidencial de Restauración Nacional, sobre Álvarez Desanti.
Luego, el día de las elecciones, vendría otra fuerte caída de los bonos costarricenses en el mercado internacional, cuando Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado, del PAC, empataron en el resultado electoral y se hizo necesaria una segunda vuelta.
Lo que puede concluirse de lo anterior es que la campaña electoral fue un factor que, desde múltiples ángulos, le jugó “sucio” a los esfuerzos de Hacienda para obtener préstamos de largo plazo y con bajos intereses, en lugar de tener que recurrir a los de corto plazo, con intereses más altos, como finalmente sucedió a finales del 2017 y comienzos del 2018.
Por el lado del oficialismo, de la administración Solís más que de la coalición del gobierno del Bicentenario por razones obvias, se recuerda que el crecimiento de la deuda pública, heredado de varios gobiernos de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC), se convirtió en problemático desde el año 2009.
Ese año, la deuda pública representaba el 26.2% del Producto Interno Bruto (PIB o la riqueza producida en un año en el país), pero, para el 2018, se duplicó a 53,1% del PIB.
Cada administración intentó realizar una reforma fiscal que atendiera el problema; pero lo cierto es que, como toda reforma tributaria es impopular, las oposiciones políticas, sociales y sindicales fueron “pateando la bola para adelante”.
Sin embargo, parece que llegó el día en que ya no se puede “patear” más. Es decir, ni empujar el problema para que otro gobierno asuma un costo político largamente marinado, ni buscar un chivo –o un pato– expiatorio con fines electorales, pues la economía del país corre el riesgo de quedarse, del todo, sin fiesta y sin pato, si los distintos sectores no se ponen de acuerdo.