El procedimiento abreviado para el proyecto que legaliza los jornadas laborales de doce horas no estuvo dominado por la discusión de las mociones en su sesión 11, sino por alegatos sobre irregularidades, desde reclamos por anulación de votaciones a cuestionamientos sobre el quórum.
Únicamente se votaron seis de las 855 mociones sobre el proyecto 21.182 para las jornadas excepcionales (llamadas como jornadas de doce horas o 4 X 3), porque la discusión se matizó con reclamos sobre posibles irregularidades en el proceso.
La primer polémica apareció desde el inicio, cuando la presidenta legislativa interina Gloria Navas anunció que se tenía el quórum requerido para sesionar. Posteriormente, el diputado Ariel Robles del Frente Amplio (FA) preguntó si se contaba con la presencia de los 38 legisladores requeridos para sesionar. Se le indicó que sí, pero posteriormente, en la primera votación, solo se contabilizaron 37 votos.
Navas anunció la anulación de esta votación, lo que generó la participación de Antonio Ortega, del FA, quien aseguró que se estaban presentando vicios desde el inicio de la sesión. “Tuve la percepción de que no teníamos quórum desde el inicio, y eso se evidenció cuando no calzaron los votos para la votación”, dijo.
Navas rechazó esta afirmación, pero el diputado Gilbert Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN), terció en esta polémica para afirmar que no se tenía el quórum. “Había 37, tal vez había 41 al inicio, en un momento, pero para la votación solo había 37, yo los conté y verifiqué”. A su vez, María Marta Carballo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), aseguró que esto era inexacto. “Había 38, los conté tres veces”, dijo.
El reclamo incluyó la posibilidad de que varios diputados no se “loguean” (se anotan en el sistema), por lo que pueden estar presentes sin aparecer en las pantallas de votación, hasta la posibilidad de que estuvieran en la votación pero no emitieran su voto por descuido. “Había 38 diputados al momento de la votación”, insistió Navas.
Sin embargo, también se presentó otra circunstancia, cuando Luis Fernando Mendoza, del PLN, llamó la atención sobre la frecuencia con la que se están presentando anulaciones de votaciones en el Plenario. “Esa no era la costumbre, se está volviendo recurrente, y es muy peligroso. La anulación de una votación debe ser un acto extraordinario”, dijo.
También se presentó otro reclamo, esta vez de José Pablo Sibaja, de Nueva República (NR), manifestó que el FA estaba presentando mociones de revisión sin ser firmadas. “Quisiera que Servicios Técnicos nos aclare este nublado del día, si las mociones en blanco y se firman posteriormente”, dijo.
Y posteriormente, como para confirmar la inquietud de Mendoza, se presentó una segunda anulación de una votación, en este caso, porque un legislador habría votado desde otra curul.
Con ello, el debate estuvo marcado por aspectos de trámite y por consultas que se rechazaron a organizaciones civiles, religiosas y de salud, mientras apenas se avanzó en seis mociones de fondo, de la 102 a la 108. Todavía muy lejos del total de 855, de las cuales habría un acuerdo de cinco fracciones para aceptar la 731 y la 824, según los reclamos del FA.
Esta situación no es menor: el Gobierno luce con una alianza mayoritaria para votar el proyecto 21.182, con el respaldo del PUSC, el PLP, NR y un sector del PLN, pero el FA y otro grupo del PLN se opone, por lo que pareciera muy probable que logren las diez firmas para una consulta de constitucionalidad. Por ello, la batalla sobre aspectos de trámite y procedimiento no es mera formalidad; puede ser uno de los campos claves.