Las alcaldías de cinco municipios, incluido el presidente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), reprochan la postura de Rodrigo Chaves sobre el proyecto que amenaza con amarrar su autonomía constitucional al equilibrio financiero por dejar poco o nulo margen de acción a las municipalidades y por debilitar financieramente los servicios que ofrecen, inclusive llevándolos a cierre, a pesar de que sus presupuesto proviene en su mayoría de recursos propios.
El día de ayer el presidente del congreso, Rodrigo Arias, defendió aplicar los límites a la inversión pública sin discriminación a todo el aparato estatal, incluidas los órganos desconcentrados con autonomía constitucional como las municipalidades, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y las universidades públicas.
“Nos hemos llevado el disgusto de ver lo que dice el señor presidente de la Asamblea Legislativa, él cree que todos debemos estar en la regla fiscal. Nosotros vamos a hacer lo que corresponde, pero creo que eso sería injusto con las comunidades y van a afectar mucha gente que no tiene otra posibilidad más que recurrir a la municipalidad” dijo el alcalde de Buenos Aires y presidente de la UNGL, José Rojas.
El alcalde de Heredia, Jose Manuel Ulate, también difiere del presidente del congreso: ‘la verdad es que me extraña mucho esa posición porque para mi lo que deben hacer en esta crisis es fortalecer las municipalidades y dejar de lado la intromisión constante que ya hace el Poder Ejecutivo, porque en la práctica la autonomía no es real’.
“¿Quién sostuvo la pandemia en las comunidades? ¿El Poder Ejecutivo? No, las municipalidades ¿Quién sostuvo las emergencias? principalmente las municipalidades”
-Jose Manuel Ulate
Las alcaldías sostienen que deben estar fuera de la regla fiscal ya que la mayoría de sus ingresos son propios y las afectaciones al límite de inversión que impone la regla fiscal ya está afectando a las comunidades con el cierre de servicios, como por ejemplo, de Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) en Buenos Aires de Puntarenas.
“En Buenos Aires cuando nosotros llegamos a la regla fiscal el primer año, cerramos el CECUDI porque instalarlo y transferir los recursos a la empresa que lo administraba superaba el 4,7% de la regla fiscal. Entonces, lo cerramos y se quedaron todos esos niños de clase baja sin atención. La regla fiscal no puede ser una norma generalizada, tienen que haber excepciones a la norme y una contextualización a la diversidad de instituciones” contó Rojas.
La alcaldesa de Palmares, Katerine Ramírez, también lamentó las declaraciones de Arias, y considera que denota desconocimiento sobre de donde provienen los fondos de las municipalidades.
“En una crisis tan grave, en lugar de ver a los municipios como aliados, se siguen viendo como enemigos políticos, porque a veces es solo político y quieren ver quien va a gobernar en ese territorio, pero como yo soy de un partido cantonal, se defender a mi cantón y se que teniendo los recursos se van a usar eficientemente en lo que necesita la ciudadanía” reclamó Ramírez.
Las municipalidades están en contacto y organizándose para manifestarse en contra del proyecto ‘con datos, estudios y argumentos’ y aseguran que todas las instituciones autónomas deberían acompañarlos. Las alcaldías consultadas se encontraban reunidas en un proyecto de capacitación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Origen de los fondos
Rojas dijo estar de acuerdo en que se debe mejorar la situación de endeudamiento que hay en el país, pero aseguró que esta no es una ‘factura’ que le toque pagar a las municipalidades o a la educación.
“¿Porqué las municipalidad tenemos que estar en la regla fiscal si tenemos apenas un 1,5% del presupuesto nacional? Le pregunto a los políticos de siempre ¿Cuál municipalidad ha llevado al país a endeudarse? Nosotros no somos el causante del endeudamiento del país, son los políticos de turno con sus políticas populistas lo que lo han hecho” aseveró Rojas.
Lo secundó Ramírez, quien detallo que un grueso de los ingresos en las municipalidades proviene de los servicios que ofrecen e impuestos que aplican a nivel local. También dijo el congresista Arias podría desconocer que incluso entre municipalidades hay diferencias presupuestarias abismales que podrían llevar a algunas alcaldías a perder parte importante de su fondos.
“No todos los municipios tenemos los mismos ingresos ni tenemos la misma categoría de presupuestos. De hecho la Contraloría nos califica en presupuestos A,B,C y D, Palmares es de categoría C, tenemos un presupuesto pequeño, tenemos apenas para sobrevivir y de seguir así tendríamos que hacer recortes de personal y a la inversión pública, que desmejoraría los servicios” explicó Ramírez.
La alcaldesa argumenta que por el contrario debería ponerse en práctica una autonomía real en las municipalidades para que el 100% de los ingresos que vienen de cada comunidad se devuelvan lo antes posible de forma efectiva.
Por otro lado, el alcalde de Monte de Oro aseguró que el achicamiento que sufriría su municipalidad con la regla fiscal dejaría al mínimo la capacidad de ofrecer servicios a la comunidad y que aumentaría la brecha entre cantones centrales y cantones rurales.
Gobierno 'hipercentralizado'
Ulate asegura que la aprobación del proyecto sería un retrocesos político y democrático que denota que ‘desde San José’ se ve con desdén a los gobiernos locales y encamina a un sistema político ‘casi feudal’: “¿Entonces para qué elecciones municipales? Es una burla que la gente vote y que no sirva para nada porque el señor feudal es el que decide cuánto y cómo se invierte”.
“¿Quién sostuvo la pandemia en las comunidades? ¿El Poder Ejecutivo? No, las municipalidades ¿Quién sostuvo las emergencias? las municipalidades, con algunos apoyos” agregó.
El alcalde de Oreamuno, Erick Jiménez, condenó el camino a la centralización al que apunta el sometimiento de la autonomía municipal a la regla fiscal porque considera que los modelos de países desarrollados apuntan a lo contrario y que incluso esa es la recomendación de la OCDE.
“No nos permitan actuar a pesar de que somos quienes conocemos las necesidades de la comunidad” reclamó Jiménez, quién coincide con otras alcaldías en que en actualidad la autonomía es una ilusión.
El cantón de Oreamuno tiene cerca de 60 km de ruta nacional que no puede ser intervenida por la municipalidad, o Jiménez podría ir a la cárcel: “Incluso en situaciones de emergencia en la zona de la Chinchilla hasta tres días para que le den permiso de retirar la tierra. Lo tienen a uno atado de manos, con esa visión no vamos a prosperar”.
