El pasado 12 de agosto el alcalde de Alajuela, Humberto Soto, presentó un proceso ante el Tribunal Contencioso Administrativo, en busca de la anulación de un uso de suelo concedido por esa Municipalidad a la empresa Bajo Pita S.A. en Turrúcares, como parte del desarrollo de un proyecto de relleno sanitario de la empresa Berthier EBI de Costa Rica.
Álvaro Sagot, abogado que ha asesorado a personas vecinas de la zona, expresó que “lo que ocurre en Turrúcares es un ejemplo de lo que una comunidad unida puede hacer: hubo presión suficiente, como abogado redacté los documentos necesarios para ejercer presión ante la Municipalidad, pero los regidores estuvieron anuentes a a apoyar a la gente, también desde la Alcaldía estuvieron anuentes a hacer cumplir el principio de legalidad y ese deber constitucionalidad de proteger el ambiente”.
Añadió que con ello, las autoridades municipales reconocen “el derecho de participación ciudadana que es sumamente importante y que debe ir de la mano de todas as fuerzas tanto institucionales como comunitarias que existen en cada cantón”.
De acuerdo con el texto de la demanda presentada por el Alcalde ante el mencionado tribunal, se trata específicamente de un proceso por “lesividad”, el cual busca anular un uso de suelo que permitiría la construcción de una planta procesadora de desechos sólidos, en uno de los cinco terrenos en los que se pretende construir ese proyecto.
El abogado explicó que el de “lesividad” es un proceso en el que, en este caso la Municipalidad de Alajuela, “se denuncia a sí misma para anular un acto administrativo que dio en un momento, por considerarlo nocivo a los intereses cantonales, como se esta dando propiamente en el caso de este uso de suelo”.
Tal como ya ha informado UNIVERSIDAD, la iniciativa de Berthier EBI de Costa Rica enfrenta amplia oposición en la zona y además se suma la presión porque el relleno que esa empresa tiene el La Carpio tiene los días contados, al acercarse a su nivel máximo permitido.
Sagot detalló además que entonces se busca “anular por ahora uno de los cinco usos del suelo por ser violatorio al Plan Regulador y porque existe una naciente y parte de un bosque en una de las fincas”, por ello entones se debería “declarar como absolutamente nulo ese uso del suelo y así cortar el proyecto del relleno sanitario. Las ordenanzas municipales prohibirían destinar esa finca a uso industrial, pues ello cambiaría el uso residencial de baja densidad y desprotegería el paisaje rural y el natural de la zona”.
Informó además que este nuevo proceso ante el Contencioso Administrativo puede tomar de tres a cuatro años.
EBI y empresa que tramitó relleno en Turrúcares tienen prácticamente la misma junta directiva
