A pesar de no haber comenzado oficialmente, la campaña electoral impacta el proceso que, casi desde su inauguración, ha llevado a cabo la administración de Carlos Alvarado con la Asamblea Legislativa para estabilizar las finanzas públicas. Esto se debe a que varias candidaturas presidenciales han manifestado su oposición a votar por algunos de los proyectos propuestos por Costa Rica como parte del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El organismo aceptó prestar al país US $1.778 millones para apoyar la estabilización de las finanzas públicas a lo largo de 36 meses. De ese total, ya entregó un primer desembolso de US $296.5 millones, que se suma al fondo de apoyo de emergencia recibido en abril de 2020, cuando estalló la pandemia de la COVID-19, equivalente al 100% de la cuota que le corresponde a Costa Rica en la entidad (US $521.7 millones).
La interferencia de la campaña electoral adelantada ocurre cuando, entre finales de setiembre y principios de octubre, se espera la visita programada por el FMI para evaluar el cumplimiento de los acuerdos.
Esto significa que, si el organismo encuentra que no cuadran las cifras acordadas para bajar la tendencia de la deuda pública y de sus intereses, reducir el déficit crónico en los ingresos, y sentar las bases institucionales para racionalizar el gasto, la entidad podría reconsiderar el siguiente desembolso de ese crédito (ver el cuadro).
La incertidumbre provocó que el 1 de setiembre la agencia calificadora de riesgos Eurasia Group rebajara de positiva a neutral la trayectoria política del país a corto plazo, según informó el diario La Nación. La firma se describe a sí misma como especializada en la evaluación y el manejo de los riesgos políticos que pueden enfrentar las inversiones.
En el que podría ser uno de sus últimos intentos por concretar la agenda pactada con el FMI antes de las elecciones, el Poder Ejecutivo anunció, el 3 de setiembre, que enviará al Fondo los textos sustitutivos de cuatro de esos proyectos: Expediente N° 22.369 con la Ley de reducción de beneficios fiscales y ajuste de tarifas en rentas de capital para fortalecer el sistema fiscal; Expediente N° 22.354 de la Ley de Impuesto especial sobre los premios de lotería y otros juegos de azar que venda, distribuya o comercialice la Junta de Protección Social; Expediente N° 22.382 correspondiente al Impuesto a inmuebles de lujo para uso habitacional, ocasional o de recreo; y Expediente N° 22.384 de la Ley de aporte solidario y temporal sobre la utilidad de las empresas públicas al pueblo costarricense para el ajuste fiscal. Asimismo, enviarán las propuestas de mociones para modificar el Expediente N° 22 393, Ley de impuesto sobre la renta global dual.
Además, el Ejecutivo solicitó a la Asamblea ajustar el calendario de su agenda de modo que, una vez que las nuevas propuestas hayan sido revisadas por el Fondo, puedan ser discutidas por las diputaciones a partir del jueves 9 de septiembre, pues el FMI se encuentra en receso hasta el 7 de este mes.
“Dado que la agenda legislativa forma parte importante del programa de ajuste, el Gobierno de la República considera prudente acercar al FMI la información sobre el impacto de los rendimientos esperados con estos nuevos textos”, explicaron en un comunicado Giannina Dinarte, ministra de la Presidencia, y Elian Villegas, ministro de Hacienda.
La disrupción en la marcha de las negociaciones del Ejecutivo con la Asamblea comenzó una vez que el expresidente José María Figueres resultó electo como candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), la bancada mayoritaria en la Asamblea Legislativa.
Casi de inmediato se reunió con la fracción de su partido y le informó sobre su intención de hacer modificaciones a la agenda del préstamo ya firmado.
Y la semana pasada, el aire electoral arreció cuando, además de ofrecer la creación de 200 mil empleos permanentes en dos años, el candidato expresó su desacuerdo con los proyectos relativos a poner un impuesto temporal a los premios de lotería superiores a ¢225.000. El candidato también rechazó ampliar el impuesto a las casas de lujo a más viviendas.
El plan de Hacienda es recaudar con estos proyectos unos ¢85.000 millones para balancear las finanzas públicas.
Pero, nuevamente, la fracción del PLN anunció su respaldo a la —sin duda popular— idea de mantener la reducción del pago del impuesto a la propiedad de vehículos —conocido como el marchamo—, con lo cual el golpe al equilibrio financiero pactado con el FMI se ampliaría en unos ¢57.000 millones para el 2022.
La propuesta 22.519, Ley para el alivio en el pago del marchamo 2022, fue presentada por la diputada liberacionista Franggi Nicolás y por el independiente Dragos Dolanescu. Busca rebajar hasta en un 50% el cobro de este impuesto y exonerar del respectivo pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la propiedad de motocicletas.
Una moción presentada para acelerar el trámite del proyecto es apoyada por las fracciones del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Integración Nacional (PIN) y Restauración Nacional (PRN), además de diputaciones independientes; otra señal de que el “gobierno de unidad nacional” se está debilitando.
La reacción del ministro de Hacienda, Elian Villegas, se dio en la forma de una carta dirigida a la diputada del PLN, Silvia Hernández, presidenta de la Asamblea Legislativa, fechada el 31 de agosto recién pasado, en la cual solicita que no se dispense de trámites ese proyecto.
“Dentro de los escenarios que se han acordado con el FMI se asume, en primer lugar, la posibilidad de contar con todos los ingresos provenientes de los impuestos vigentes a la fecha y no se contempla, bajo ningún supuesto, la posibilidad de que estos impuestos sean reducidos”, le dice a Hernández.
Además, le advierte que “la intención de llevar adelante una reducción por segundo año consecutivo de este impuesto a la propiedad de vehículos constituiría en un gran golpe al proceso de ajuste fiscal y, por tanto, tenemos que manifestar desde el Ministerio de Hacienda nuestro más fuerte rechazo”.
Pero Villegas no agota allí sus argumentos y recuerda que el marchamo es un impuesto a la propiedad de vehículos según su valor, lo cual lo hace un impuesto progresivo.
“En el evento de que se llegue a aprobar la reducción señalada, el grupo que hoy no tiene que pagar el impuesto a la propiedad de vehículos, sí tendrá la obligación de pagar el monto que se le está exonerando a los propietarios de vehículos (…) el faltante de los recursos ocasionado por la reducción del impuesto en cuestión (…) tendrá que cubrirse (…) mediante la búsqueda de financiamiento por medio de otra vía (endeudamiento o impuesto nuevo). Es decir, lo que se haría por parte de esa Asamblea Legislativa es trasladar el monto completo de la exoneración para que sea pagado por todos los costarricenses, incluidos los hogares de menores ingresos”, advierte.
En el 2020, el Instituto Nacional de Seguros aplicó la reducción de entre el 15% y el 50% del impuesto a los autos que no superaran los ¢15 millones, la cual había sido acordada para paliar los efectos en los ingresos de la población, debido a las necesarias medidas de restricción sanitaria. Ahora, varios partidos quieren repetir el plato en 2022.
Como consecuencia de la rebaja aplicada por la emergencia, entre el 2019 y el 2020 se recaudó un 40% de ingresos menos por el marchamo, informó Hacienda ante la solicitud de UNIVERSIDAD.
Así, si en el 2019 los fondos públicos recogidos por ese rubro fueron ¢181.198 millones, el año pasado sumaron solo ¢109.545 millones. A julio del presente se llevan recaudados ¢39.314 millones, pero el 80% de este ingreso se materializa entre diciembre del presente y enero del siguiente año, explicó Hacienda.
Además del impuesto a la propiedad de vehículos, el marchamo recauda el Seguro Obligatorio para Vehículos Automotores y el IVA correspondiente a este, un aporte para el Consejo de Seguridad Vial, un impuesto a favor de las municipalidades y dos timbres, de Fauna y Scout. En el caso del transporte público de buses y taxis, también incluye un pago a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y el canon para el Consejo de Transporte Público. Además, las multas por infracciones a la Ley de Tránsito, si las hubiera.
Apenas el 20 de agosto pasado, Hacienda había celebrado que las cifras del Estado, a julio pasado, superaron las metas pactadas con el FMI, tras el esfuerzo realizado con la reducción del gasto público, debido a la aplicación de la regla fiscal.
Ese mes, el Gobierno Central acumuló un superávit primario de ¢100.453 millones (0,26% del Producto Interno Bruto (PIB), un resultado mejor en ¢490.453 millones a lo previsto y una deuda pública de ¢26.384.898 millones, inferior en ¢240.000 millones al monto proyectado.
Para el periodo de enero a julio de 2021, la meta acordada con el FMI era cerrar con un déficit primario máximo del Gobierno Central de ¢390.000 millones y una deuda máxima de ¢26.625.000 millones.
También el déficit financiero a julio (2,54% del PIB) fue el más bajo desde el año 2012, informó Hacienda.
Pero, a pesar de esto, el pago de intereses de la deuda pública fue mayor en ¢157.177 millones (0,43% del PIB) que el realizado en el mismo periodo del año anterior, y el acumulado a julio ascendió a ¢1.069.658 millones (2,80% del PIB), la cifra más alta de los últimos 15 años.
“El comportamiento de los intereses ratifica la importancia del ajuste fiscal trazado en el acuerdo con el FMI y en los programas de apoyo presupuestario que permitirán mejorar el perfil de la deuda del Gobierno Central, mayores plazos de vencimiento y menor costo de financiamiento”, comentó Hacienda en un comunicado de prensa.
Si se cumplieran las medidas propuestas por Costa Rica y pactadas con el Fondo, el desempleo bajaría al 9,0% en 2026, según las proyecciones de ese organismo internacional establecidas en la Carta de Intenciones del préstamo.
Para 2026, el país alcanzaría un superávit primario de 2.8%, un déficit global de -2.0% y una deuda de 71.9% del PIB.
La proyección es que el desempleo bajaría progresivamente del 19.9% en 2020, al 16% en 2021, al 14% en el 2022, al 12% en 2023, al 10.5% en 2024, al 9.5% en 2025 y al 9.0% en 2026.
Una vocera del FMI dijo a UNIVERSIDAD, en su momento, que la proyección de la tasa de desempleo para 2026, incluida en el informe del equipo del FMI, es parte de los cálculos macroeconómicos que ha realizado ese organismo para Costa Rica y no una meta del programa.
“Esta proyección también toma en cuenta el panorama externo, donde la economía global —y por ende la demanda externa de bienes y servicios de Costa Rica— continúa recuperándose junto con el despliegue de las vacunas”, dijo.
Según la más reciente Encuesta Continua de Empleo, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el trimestre móvil mayo-junio-julio del presente año, la tasa de desempleo alcanzaba 17,4%. Es decir, que seguía bajando: antes de la pandemia, en el período abril-mayo-junio del 2018 registró un 8,7%; en el primer trimestre del 2020, cuando inició la afectación de la COVID-19 en el país, subió a 12,5 %; alcanzó su punto más alto en el trimestre mayo-junio-julio dl 2020, con 24,4 %; pero a partir de entonces ha venido en descenso hasta llegar a la cifra actual.
¿Cuánto colchón de confianza tiene todavía la perspectiva del país para los inversionistas?
En la más reciente colocación de bonos de deuda pública, por ¢94.639 millones, mediante la Tesorería Nacional, el país logró una reducción de 60 puntos base (pbs) en el cero cupón, de 63 pbs en la emisión de 2027, de 24 pbs en el vencimiento de 2032 y de 2 pbs en el rendimiento real de la emisión denominada en UDs, informó un comunicado el pasado 6 de setiembre.
“Las cifras fiscales del presente año evidencian un importante ajuste por el lado del gasto y una recuperación de la recaudación tributaria, lo que viene siendo reconocido por la comunidad inversora”, celebró Villegas en ese texto.
“La reducción de tasas de interés, que hemos logrado en la presente Administración, permitirá atenuar el servicio de la deuda en un horizonte de mediano plazo y consolidará el proceso de ajuste fiscal. Continúa siendo importante el apoyo de la Asamblea Legislativa para que, de manera conjunta, estabilizar las finanzas públicas del país”, insistió.
Es aquí donde las empresas calificadoras de riesgos, como Eurasia Group, entran en el juego, pues sus evaluaciones de las perspectivas de los países son tomadas en cuenta por quienes compran los bonos de la deuda costarricense, lo cual se refleja en un mayor o menor costo para la Hacienda pública.
Entre los planes que está considerando Villegas para dejar las finanzas más equilibradas para el gobierno que gane las elecciones de febrero del próximo año, se encuentra una nueva colocación de bonos en moneda extranjera, conocida como eurobonos.
En una reciente entrevista, el ministro dijo que espera que “en el primer semestre del próximo año podamos llevar adelante esa colocación, prácticamente para dejarle al próximo gobierno la colocación de eurobonos lista” (El Financiero).
“Hay que tener presente que, para que eso ocurra, primero es importante que sigamos con la ruta trazada de ajuste fiscal. Eso implica aprobar (el proyecto de) empleo público, aprobar las leyes que fueron convenidas con el Fondo Monetario Internacional”, agregó.
Es decir, que si, pensando en la búsqueda de apoyo electoral, los partidos políticos deciden no seguir apoyando estos proyectos de ley, incluido el que reforma el empleo público, se entorpece la continuación del proceso realizado hasta ahora para sanear las finanzas del país.
