La agrupación denominada Liga Cívica Nacional alertó que la aprobación del texto sustitutivo del proyecto de ley de apertura del mercado eléctrico implicará serias y negativas consecuencias “para la democratización del acceso al servicio eléctrico sin distinción económica en todos los lugares del territorio nacional”.
En una conferencia de prensa realizada en la Asamblea Legislativa, César López Dávila, vocero del grupo, leyó la proclama del mismo, en la que alertaron a la sociedad costarricense sobre la urgente necesidad de informarse de las serias consecuencias que tendrá la aprobación del proyecto; invitaron a los trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y a organizarse en sus respectivos gremios laborales para asumir una posición en defensa del Estado de bienestar y de las conquistas sociales.
El proyecto de “Ley de armonización del sistema eléctrico nacional” (Expediente 23.414) fue presentado a la corriente legislativa el 21 de octubre de 2022 por el Poder Ejecutivo y el 30 de enero pasado la Comisión Especial del Sector Energético Nacional aprobó un texto sustitutivo de “consenso”, presentado por el Partido Liberación Nacional (PLN).
“Estamos en esta casa, donde se agarran del pelo todos, se pelean por las cosas más superficiales; pero están unidos en las cosas fundamentales y principales, y en este proyecto están unidos todos esos partidos”, dijo el periodista pensionado Manuel Delgado, en la conferencia de prensa, realizada el martes en la Asamblea.
“Este proyecto pretende acabar con una institución que forma parte del ser costarricense, de la estructura política, social y económica de este país. No es que van a cerrar una ventana de un edificio; es que quieren votar el edificio y con gran perjuicio para el país”, señaló Delgado.
“Yo me pregunto ¿qué va a pasar en Costa Rica cuando la gente tenga que pagar tres veces lo que paga hoy por la energía eléctrica al ICE, a ver si va a sostenerse esta economía? Yo estoy seguro que no se va a sostener”, subrayó el filósofo y periodista.
Por su parte, el ingeniero en telecomunicaciones y extrabajador del ICE, Gerardo Fumero Paniagua, explicó los principales cambios perjudiciales que traerá el proyecto, como el debilitamiento del ICE, al quitarle la planificación eléctrica nacional y pasársela al Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (Ecosen). «Lo que hoy es la División de Operación y Control del Sistema Eléctrico (Docse), el cerebro del sistema eléctrico, se lo quitan de un plumazo al ICE y se lo pasan al Ecosen», añadió.
Fumero destacó el modelo eléctrico solidario del país, que carga un poco más a los grandes clientes, para poder subsidiar la infraestructura que le permita llevar el servicio a los pueblos más remotos. “Ese modelo solidario se rompe porque ese gran cliente va a ir a buscar el menor costo dentro o fuera del país”, señaló Fumero, refiriéndose al mercado mayorista que crea el proyecto. Explicó que, de esta forma, los grandes clientes van a dejar al ICE, a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), y a las empresas municipales, y que ante el desfinanciamiento, éstas muy probablemente tendrán que aumentar las tarifas eléctricas, que terminarán pagando el consumidor de sector residencial y pequeños comercios.
“Todo este proyecto está inspirado en principios de libre mercado, para favorecer el negocio de los privados, como son los señores de la ley 7.200, esquema en que prima el lucro y la rentabilidad, no el servicio público ni el servicio al costo, ni la solidaridad ni el servicio universal”, enfatizó Fumero.
El abogado, exdiputado y excandidato presidencial por el PLN, José Miguel Corrales, declaró: “Debemos cerrar líneas para defender lo que es nuestro, muy nuestro, con gran costo, manejado por gente nuestra que está debidamente preparada para dar energía eléctrica lo mas barata posible y de la mejor calidad posible”.
