El impulso al Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (Paacume), la insistente proliferación de plantas hidroeléctricas, la explotación ilegal de oro en Crucitas de Cutris, San Carlos, y la polémica en torno al registro de agroquímicos han sido los temas que han caracterizado la realidad medioambiental de Costa Rica durante el primer año de la administración Alvarado Quesada.
Sin embargo, si el informe rendido por el Presidente ante la Asamblea Legislativa fuera el único parámetro indicador, los problemas ambientales de Costa Rica tienen que ver con rechazar el uso de pajillas, mejorar la gestión de desechos y poner en marcha el Plan Nacional de Descarbonización.
Es notorio que, justamente en atención al problema de cambio climático, el Presidente no se hiciera eco de la seria preocupación que Carlos Manuel Rodríguez, su ministro de Ambiente y Energía, expresó ante la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa sobre la deforestación.
Desde ese punto de vista, llama la atención el impulso dado al Paacume, que la propaganda gubernamental celebra como una solución de acceso al agua para actividades productivas en Guanacaste. Muchos cuestionamientos se han presentado sobre el estudio que plantea la reposición de más de 100 hectáreas de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal (RBLB) que el embalse sobre el río Piedras inundaría, en afectación a importantes ecosistemas forestales.
Respecto al tema álgido del registro agroquímicos, la administración Alvarado ha seguido el mismo camino que la anterior al emitir su propio decreto, fuertemente cuestionado por activistas y el sector de agricultura orgánica.
Otro de los temas protagonistas ha sido la situación en Crucitas de San Carlos, donde de manera sospechosa empezó a darse la extracción ilegal en ciertos puntos claves, para que después se desatara una auténtica fiebre del oro que atrajo a miles de personas incluso desde Nicaragua, con los consecuentes problemas de seguridad y de contaminación por mercurio.
El tema fue atendido por la administración Alvarado desde las primeras semanas de su gestión, cuando los ministros de Ambiente y de Seguridad visitaron el sitio.
Desde entonces, la respuesta gubernamental ha sido tímida en cuanto a lograr una solución permanente para el sector, pero la alharaca que sobre el tema montó la fracción de Liberación Nacional (PLN) en la Asamblea Legislativa curiosamente se silenció, luego del descalabro en la imagen del expresidente Óscar Arias tras las denuncias en su contra por violación, divulgadas por UNIVERSIDAD.
Arias (1986-1990 y 2006-2010) enfrenta una causa penal por haber declarado el viejo proyecto de Industrias Infinito de conveniencia nacional e interés público.
Precisamente por el empuje de la fracción liberacionista, toda una sesión de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa fue dedicada a increpar al Ministro de Ambiente por el caso Crucitas. Ello a un gran costo de oportunidad, pues, según documentó UNIVERSIDAD, durante este año, esa comisión ha sido la más improductiva de la última década, tanto en horas sesionadas como en expedientes dictaminados.
Retrocesos
José María Villalta, diputado por el Frente Amplio e integrante de esa comisión parlamentaria, dijo no ver cambios sustanciales en la gestión de Carlos Alvarado con respecto a sus predecesores, afirmó que “la agenda ambiental se ha reducido y se ha hecho más superficial” y criticó al Presidente porque en su informe del primer año “invisibiliza por completo los conflictos ambientales que se viven en muchas comunidades”.
Citó el caso de las empresas piñeras “tanto en cuanto a la contaminación de fuentes de agua y la destrucción de bosques como a la violación de derechos laborales, está absolutamente invisibilizado”.
Añadió que “me hace gracia” que Alvarado mencionara que ha apoyado la producción orgánica, ya que los agricultores orgánicos, “no sienten ningún apoyo y más bien les pusieron impuestos con el plan fiscal; mientras, el Gobierno sigue promoviendo y alcahueteando la comercialización sin control de agroquímicos peligrosos para la salud”.
El diputado subrayó que en los temas de agroquímicos y plaguicidas, fuentes de agua o monocultivos agrícolas, “más bien hay retrocesos”, mientras que casos como los conflictos por hidroeléctricas “siguen igual”.
Reconoció el esfuerzo por abordar el tema de uso de plástico y añadió que la descarbonización es un “objetivo loable, ambicioso y va en la dirección correcta”. En ese sentido, destacó que se dictaminase en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley de combustibles, que declara a Costa Rica país libre de explotación petrolera.
Sin participación
Una fuerte preocupación por el manejo de las áreas silvestres protegidas (ASP) fue lo primero que expresó Henry Picado, presidente de la Federación Conservacionista (Fecon).
Al respecto, subrayó que “no se ha solucionado el faltante de personal en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), para resolver la precaria situación de los guardaparques”, al tiempo que la inversión en infraestructura “sigue enfocada al servicio del turismo y no de control y protección”.
Añadió que ello se vio “muy claramente” durante el episodio reciente de incendios forestales, en el que según detalló 1.500 hectáreas de ASP se incendiaron. Recordó que en el marco de la crisis fiscal, el Sinac vio un recorte de ¢2.000 millones.
Para Fecon lo más preocupante “son los intentos por coartar la participación en las decisiones ambientales. En un gobierno de un partido que se llama Acción Ciudadana, lo que más ha faltado es la apertura a la gente de a pie, a los grupos sociales”.
Sostuvo Picado que ello se ve “claramente” en la discusión sobre la transformación de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena). Según denunció, se convocó una comisión para tratar el tema, pero esa instancia “ha cerrado las puertas en todo momento a la participación social y solamente las cámaras de construcción y colegios de ingenieros son los que tienen voz”.
Dijo que también se tienen las puertas cerradas respecto al tema de cambio climático. Señaló que el Consejo Consultivo Ciudadano de Cambio Climático (5C), “ha sido totalmente tomado por consultoras u ONG que trabajan el tema de economía verde, y quienes planteamos una transformación más desde abajo, desde el tema forestal o de la economía, no somos escuchados”.
Destrabar la institución
El jerarca del Minae, Carlos Manuel Rodríguez, dijo que en este primer año dedicó mucho de su esfuerzo a “destrabar la operación de muchas direcciones el Minae, después de años de costumbres y prácticas que las entrabaron”.
Como ejemplo de ello citó el caso de la Setena, “cuando entramos tenía 780 expedientes pegados, hoy está al día”. También citó realidades como nuevas restricciones de la Contraloría General de la República (CGR), o del Ministerio de Hacienda en finanzas, “no podemos contratar gente, se pensiona una persona y se cierra la plaza y necesitamos 500 guardaparques”.
Dijo que en el país, respecto al medio ambiente “el Minae hace muy bien las cosas en la parte verde, pero Salud y otros no lo hacen bien en la parte de contaminación, como Agricultura y los agroquímicos”.
Tras destacar haberse ocupado de temas como parques nacionales y en particular Manuel Antonio, además de Crucitas, destacó que debió subir la moral del personal, “se había perdido el entusiasmo, la pasión por trabajar, a los guardaparques en áreas protegidas se les dejó sin equipo, sin presupuesto, sin transporte, no se les pagaba bien”.
Tras recordar que el Minae como todos los ministerios sufrió un recorte del 5% de su presupuesto (y que el 80% del mismo se dedica a gastos fijos) se refirió a las quejas sobre participación expresadas por la Fecon y destacó que bajo su gestión se reactivó la comisión mixta en Setena, que supervisa el trabajo de la institución y en la que participa esa organización ambientalista.
Destacó que en éste gobierno “cerramos (el proyecto hidroeléctrico) Diquís” y que la eventual descarbonización “va a halar temas que individualmente estaban estancados”, como el de agroquímicos.
