Luis Felipe Arauz, ministro de Agricultura y Ganadería, ofreció por escrito amplias respuestas a las preguntas que se le enviaron sobre el informe agrícola de la OCDE, y expresó que el turismo rural comunitario es una respuesta para que los pequeños productores no se vean desplazados de la actividad.
¿Comparte el gobierno el criterio de la OCDE en el sentido de que se debe eliminar del todo la fijación de precios de productos necesarios para la población, como arroz, pollo, cerdo, leche o azúcar?
-La OCDE da recomendaciones de política, no impone obligaciones. Revisaron nuestras políticas agrícolas y nos dieron una opinión formal positiva, a pesar de haber encontrado hallazgos de políticas en las cuales vieron espacio para mejorar, y emitieron recomendaciones. Estas coinciden en los esfuerzos que hace esta administración por mejorar la calidad de vida en las zonas rurales, en general, y de las personas dedicadas al agro en particular.
Con respecto a la pregunta de la fijación de precios, hemos aclarado que en Costa Rica no existe fijación de precios agrícolas que represente un subsidio indebido. Solamente en el caso del arroz hay un precio de referencia para el productor y los respectivos márgenes de utilidad para la industria y el comercio. Los demás precios de productos agropecuarios (pollo, cerdo, leche, etc.) obedecen a la competencia en el mercado nacional.
La fijación de precio del arroz obedece a la aplicación de la Ley No. 7472 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.
¿Cree el gobierno de Costa Rica que una apertura total aunque paulatina de mercados abrirá oportunidades a los pequeños productores? ¿Por qué?
-Las condiciones no se darán solas, hay que crearlas. Con las reglas actuales de apertura de mercado, que no las impulsó esta administración, nuestros productores agropecuarios se ven sometidos a competencia desleal con respecto a otros países.
En ningún momento OCDE recomienda una apertura total de mercados, por el contrario, indica que el Estado costarricense debe informar a los productores agropecuarios sobre los programas de desgravación que se establecen en los diferentes mecanismos de apertura comercial que ha suscrito.
Tenemos una legislación social y una legislación ambiental de avanzada, lo cual eleva los costos de producción frente a países con mano de obra más barata y con menos exigencias ambientales y una matriz energética basada en combustibles fósiles. No queremos abaratar nuestros costos sacrificando nuestras conquistas sociales y ambientales.
¿No es contradictorio que el informe de la OCDE por un lado recomiende que se facilite la entrada de agroquímicos al país, pero que por otro apunte que se debe explotar el nicho de mercado de productos orgánicos?
-Aquí hay dos confusiones conceptuales. Primero, una cosa es la entrada (importación) de agroquímicos y otra es el registro. Se puede importar grandes cantidades de los plaguicidas existentes sin registrar una sola molécula más. De hecho más del 40% de las importaciones de plaguicidas son de dos moléculas que existen desde hace más de 50 años. Lo que recomienda la OCDE no es facilitar la entrada de agroquímicos sino facilitar el registro de las moléculas más modernas, en lo cual ya estábamos trabajando desde antes de entrar en la revisión de políticas agrícolas de la OCDE, porque sabemos que los plaguicidas más modernos no solo se usan en cantidades menores, sino que tienen un mejor perfil toxicológico y ecotoxicológico en comparación con los que estamos usando en la actualidad.
Segundo, tampoco hay contradicción de la recomendación de mejorar el registro de plaguicidas con la recomendación de promover la agricultura orgánica, en lo cual venimos trabajando también independientemente lo dicho por OCDE. El esfuerzo por mejorar el registro de plaguicidas responde a una realidad objetiva: más del 90% de los agricultores de Costa Rica son convencionales y deben disponer de las mejores herramientas, combinando lo químico, lo biológico, la resistencia genética y otras prácticas que reduzcan el impacto de las plagas en los cultivos. Eso no significa que no se promueva lo orgánico, pero esa transformación a la agricultura orgánica no se da de la noche a la mañana. Por eso se debe trabajar en ambas cosas, buscando el mayor bienestar para las personas y el ambiente.
El propio informe de la OCDE reconoce que la implementación de medidas como la eliminación de ayudas a los productores o la eliminación de fijación de precios incidirá en que algunos agricultores se vean desplazados de la actividad agrícola. ¿Maneja el MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería) una proyección sobre la cantidad de productores que se verían en esa situación?
-Más que una proyección de personas que se verían desplazadas, estamos desarrollando política pública para que eso no ocurra y que se resume en los siguientes puntos: mejora de productividad con responsabilidad ambiental, oportunidades de mercado, valor agregado y asociatividad.
¿Se ha determinado el impacto social y cultural de la salida de familias enteras o comunidades del sector agrícola -al cual en muchos casos se han dedicado por generaciones- y pretender que se sumen a sectores como el turismo?
-La actividad agropecuaria y el turismo, especialmente el turismo rural, no deben ser mutuamente excluyentes sino complementarios. Los hoteles y restaurantes se alimentan en gran medida de la producción nacional, y entre más cercano sea el vínculo entre turismo y agricultura, más se benefician ambos sectores. Esfuerzos como el Mercado Regional Chorotega buscan favorecer los encadenamientos del turismo con el agro.
Las micro y pequeñas empresas dedicadas al turismo rural comunitario son otro ejemplo de cómo ambas actividades se pueden combinar. Las políticas de esta administración han dado un gran impulso a este tipo de turismo, definiendo rutas de turismo rural que favorecen a ambos sectores.
Estos encadenamientos generan ingresos dignos y empleo en las zonas rurales. En la medida que la actividad agropecuaria genere riqueza, aumentan las posibilidades de que los jóvenes rurales se mantengan en la actividad, y no como sucede a menudo, que quienes estudian más allá de la primaria salen de la agricultura en busca de otras oportunidades laborales. Conocemos ejemplos de jóvenes rurales con estudios secundarios y universitarios que se han quedado en la finca, haciéndola más productiva, mejor gestionada y agregando valor tanto a la producción primaria como al proceso productivo en sí. Son ejemplos vivientes de que la estrategia delineada anteriormente funciona y es la respuesta a la sostenibilidad a largo plazo de la actividad agropecuaria.
