La agenda contra la corrupción del presidente Rodrigo Chaves, que se convirtió en uno de los elementos distintivos de su campaña, luce totalmente relegada en el escenario legislativo, cuando han transcurrido dos terceras partes de su administración.
A pesar de que era uno de los temas relevantes de su promesa electoral, ubicando en el cuarto punto de su programa “Con valentía para el progreso de Costa Rica”, únicamente 2 de los 110 proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo durante su administración se refieren a esta temática; un poco menos de un 2%.
De estos proyectos, el 23.104, “Ley de incentivos para la denuncia en la lucha contra la corrupción” fue archivado luego de que en comisión se le achacó que repetía aspectos ya incluidos en la legislación, mientras el 23.499, “Ley de promoción de denuncias y protección de los denunciantes contra represalias laborales” se convirtió en la única ley de esta administración en esta materia, aunque luego de que se le retiró la parte esencial del ofrecimiento de campaña, ofrecer recompensas a los denunciantes de estas actividades ilícitas, luego de que la Procuraduría señalara problemas en la propuesta.
Así, de las 42 leyes que se han aprobado de autoría de la administración Chaves Robles en la actual Asamblea Legislativa, solo una, la 10.437, y luego de un importante recorte, se refiere al tema de corrupción; apenas un 2% del total. Muy lejos de la prioridad que han recogido los temas hacendarios (ver nota aparte: Temas hacendarios son la prioridad en la agenda legislativa…).
Este rezago no mostró señales de variación durante la primer convocatoria de proyectos para el sexto período de sesiones extraordinarias, el antepenúltimo período en el que Zapote controla la agenda legislativa: de los 124 proyectos que se convocaron inicialmente, únicamente uno, el 23.475, “reforma a la ley de contratación pública para garantizar la transparencia en las prácticas comerciales” presentado por el diputado Jorge Rojas, puede ubicarse en este campo, aunque no se relacionaba con ninguna de las ofertas de campaña de Chaves (evitar prácticas colusorias y abusivas de contratistas).
En contraste, el Ejecutivo convocó cinco proyectos que van en la dirección opuesta; en la dirección del proyecto Jaguar, que la Sala Constitucional rechazó en dos versiones anteriores por considerar que su objetivo era reducir controles a la contratación pública. Es decir, es más relevante la agenda anticontroles, que la agenda para reforzar la lucha contra la corrupción.
La agenda rezagada
De las diez promesas realizadas por Chaves en campaña, tampoco se evidencia un avance más allá de las iniciativas que requieren legislación (ver recuadro: “Promesas de Chaves”). Incluso algunas fueron archivadas por el propio mandatario, como lo fue el caso de la oferta de transmitir sesiones de Consejo de Gobierno y órganos de dirección.
No es que sea un tema en el que el país no requiere avances. Jimmy Bolaños, director ejecutivo de la asociación Costa Rica Íntegra, indicó que desde el 2021, esa organización presentó un informe sobre aspectos pendientes en el país con respecto a la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, en el que se identificó vacíos en cuanto a mecanismos para facilitar la presentación de denuncias o proteger de posibles represalias, así como la falta de recurso humano suficiente y especializado en entidades como la Contraloría, la Procuraduría de la Ética Pública y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
En ese sentido, Bolaños resaltó que la aprobación de la reforma legislativa fue un paso importante para evitar las represalias en el ámbito laboral, y que se extendiera no solo al ámbito público, sino también al privado, pero lamentó que en esta materia no se esté presentando la debida divulgación.
Con respecto a otros avances, Bolaños comentó que no ha percibido movimientos en las direcciones de legislación más dura, y llamó la atención de que la propuesta para concentrar las auditorías internas en la Contraloría, en lugar de ir en sintonía con la reforma de ley Jaguar que buscó delimitar al ente fiscalizador, fortalecería su ámbito de fiscalización y control. “No creo que esto lo vayan a impulsar, la Contraloría puede tener unos 600 auditores, mientras que puede haber más de 250 auditorías, sería muy complicado”, comentó.
