Por un lado, en nombre del equilibrio fiscal, la administración Chaves ha socado la faja del sector asalariado, por ejemplo, con un pequeño reajuste al sector privado de un 1,24%, o el intento por recortar presupuesto a las universidades públicas; pero, por otro, ha sido más que generosa con un grupo empresarios que de manera coincidente aportaron de manera importante en la pasada campaña presidencial del hoy mandatario.
Calixto Chaves y su hijo José Pablo, propietarios de la concesionaria de puerto Caldera; Bernal Jiménez, ligado a una de las empresas que acaparan la importación de arroz; Jack Loeb, del sector de la banca y del negocio de los seguros; y Esteban Ramírez Biolley, del sector autobusero, todas figuras que hicieron importantes aportes a la campaña de Rodrigo Chaves y que ya han visto cómo la actual administración toma medidas mediante decretos o leyes que, eventualmente, benefician a los sectores a los que pertenecen.
¿Quiénes son y qué intereses tienen en el Gobierno los grandes financistas de la campaña de Chaves?
Calixto Chaves y su familia, Bernal Jiménez, Jack Loeb y Esteban Ramírez apoyaron a Rodrigo Chaves para llegar a la presidencia y hoy sus negocios podrían beneficiarse de decisiones del gobierno.
Mediocridad en Caldera
Por ejemplo, a pesar de fuertes señalamientos sobre la deficiente gestión e insuficiente inversión que la empresa Sociedad Portuaria de Caldera (SPC) ha llevado a cabo en puerto Caldera, el pasado 22 de junio, el presidente anunció su intención de ampliar el contrato con esa concesionaria, que vence en 2026, hasta el 2031.
Como accionistas de esa empresa figuran el empresario Calixto Chaves —anterior dueño de Pollos Pipasa— y su hijo José Pablo. Además de que el empresario, incluso desde la campaña, apareció públicamente como una figura cercana al entonces candidato Rodrigo Chaves, entre él y su hijo aportaron más de ₡240 millones a su campaña presidencial.
Tal como ha denunciado UNIVERSIDAD, existen reiterados informes que, de previo a la decisión presidencial, ya apuntaban las serias deficiencias en la gestión que SPC hace del puerto.
En 2019, la firma Camacho & Mora, contratada por el Instituto de Puertos del Pacífico (INCOP), señaló que el puerto de Caldera se encuentra en condiciones por debajo de “un estado normal de operación”, lo cual es un requisito del contrato de concesión.
Ese documento señaló como “deficiente” el estado de cinco de los siete patios de la terminal portuaria, mientras que el estado de las torres de iluminación y la malla perimetral del puerto fue calificado como “malo”.
El informe de Camacho & Mora señaló que en el plazo de un año se requería de una inversión de $2.367.317,83 para devolver el puerto a las condiciones aceptables. Esa firma estimó, además, que, desde el inicio de la concesión hasta el año 2020, se dejó de invertir más de $4 millones.
La Contraloría General de la República (CGR), el 9 de agosto, ordenó cobrar las ineficiencias en la operación del puerto por parte de la Sociedad Portuaria de Caldera. El rezago reportado por la CGR en la inversión en infraestructura portuaria es de más de $2 millones y, además, se observa la deficiente supervisión ejercida por el INCOP.
Ruta del arroz
Bernal Jiménez, hijo de uno de los cuadros históricos del PLN, es un empresario que preside una de cuatro empresas que dominan el mercado de importación de arroz y, también, uno de los principales financistas de la campaña de Chaves, pues aportó un total de ₡32.102.674,87.
El caso es que el sector de importación de arroz presenta una muy alta concentración, las empresas Importadora el Armenio S.A., La Maquila LAMA S.A., Mercadeo de Artículos de Consumo S.A., Comercios de El Barreal S.A., y Comercializadora Internacional de Granos Básicos S.R.L., en conjunto, representan el 94,93% de las importaciones de arroz pilado, —es decir, limpio de granza— de 2021, de acuerdo con datos de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).
Tal como publicó UNIVERSIDAD, Jiménez preside la empresa Mercadeo de Artículos de Consumo S.A., que el año pasado ocupó el tercer lugar en importación del grano con 1.446 toneladas, un 7% del mercado.
En este caso, el beneficio deviene de la decisión de Chaves de firmar a inicios de agosto dos decretos mediante los cuales, en primer lugar, se redujo sustancialmente el arancel de importación del arroz, que pasó de un 35% del valor del producto a un 4% en el caso de arroz pilado y a un 3,5% en el caso de arroz en granza.
Un segundo decreto eliminó el esquema de fijación de precio del arroz por parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y Conarroz.
El argumento presidencial es que la eliminación de aranceles y regulaciones bajará el precio para los consumidores. Sin embargo, la medida bien podría saldarse con la desaparición de la producción local, pues afectará de forma directa a los productores nacionales, que calculan que podrían subsistir máximo un año al tener que competir con los precios del arroz importado de Estados Unidos, Uruguay o Brasil.
Además, tampoco hay seguridad de que los decretos de Chaves, en efecto, bajen los precios. Tal como lo expresó el exministro de Agricultura y exdecano de Ciencias Agroalimentarias Luis Felipe Arauz a este Semanario: la liberalización del precio del arroz, “lejos de bajar el precio al consumidor, va a hacer que este aumente, porque el consumidor tiene que pagar alrededor de tres veces más por los márgenes de comercialización tan altos de este país y el arroz no sería la excepción”.
Según sus cálculos, ese aumento llegará a ser de un 34% más alto que el precio fijado por ley, “que justamente se fija así para evitar esas especulaciones que se dan en el mercado de productos agrícolas”, dijo el ingeniero agrónomo.
Transporte público
A partir de una terna referida por los empresarios del sector, la administración Chaves decidió colocar en la junta directiva del Consejo de Transporte Público (CTP), en el puesto de representante del sector empresarial, a Esteban Ramírez Biolley, ligado a pesos pesados del sector como la empresa Autotransportes CEMAG S.A. El empresario aportó ₡4,8 millones a la campaña de Chaves mediante la compra de bonos.
El sector autobusero también se ha visto beneficiado por la administración Chaves, quien decidió tramitar, ante la Asamblea Legislativa, un préstamo ofrecido por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $200 millones para subsidiar los pasajes de bus, lo cual se ha justificado en el golpe financiero que significó la merma en personas usuarias de bus durante la pandemia.
Ello se suma a los dos decretos que Chaves ya había firmado en junio, que incidieron en un cambio de metodología en la fijación de precios de los combustibles aplicada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep). Con ello, se logró una disminución en el precio de las gasolinas súper y regular, que fue aplicado a subvencionar el diésel, precisamente, para ayudar al sector de transporte público en autobús, según dijo el propio Chaves.
Guiño bancario
Jack Loeb es un empresario ligado al Grupo Prival, dedicado a la banca de inversiones y puesto de bolsa. Se trata de uno de los principales financistas de campaña, quien aportó más de ₡44 millones al opaco fideicomiso Costa Rica Próspera, que ya un informe del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha señalado como una de dos estructuras paralelas de la campaña de Chaves que conformaron un “esquema oscuro de financiamiento”.
Loeb, además, es señalado como parte de la segunda estructura paralela, orquestada para apoyar la campaña del actual diputado oficialista Julio Ubaldo “Waldo” Agüero. Según el TSE, Sofía Agüero, hija del legislador, recibió $195 mil de parte de Loeb (₡126.826.050 a ₡650,39 el dólar).
Si bien no se puede precisar que Chaves lo haya hecho para beneficiar directamente a este empresario, lo cierto es que al sector de la banca privada, en general, le favorece la inverosímil iniciativa presidencial de vender el Banco de Costa Rica (BCR), así como el 49% del Instituto Nacional de Seguros (INS).
Aún no se conoce un proyecto de venta concreta del BCR, pero ya el sindicato de la institución recordó que se trata de una institución con presencia en todo el país y más de 4 mil personas trabajadoras.
El BCR, a partir de sus utilidades, hace aportes a instituciones como la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape) o la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
La idea de vender el 49% del INS es que las acciones sean compradas por los fondos de pensiones. Desde la Unión de empleados del INS (UPINS), se denunció la falta de mesas de diálogo para analizar qué pasará, por ejemplo, con los aportes que el Instituto realiza a diversas instituciones como Hacienda, el Cuerpo de Bomberos, o el apoyo en seguros solidarios y en casos de desastres naturales.
