Convenios, decretos, planes, tres investigaciones en Fiscalía y una política medular de negocios privados en plena gestión pública. Apenas una parte de siete años junto al presidente Carlos Alvarado salió a la luz en la inesperada rendición de cuentas de André Garnier Kruse, el pasado 29 de marzo. Garnier ofreció este resumen al tiempo que renunció al Gobierno de unidad nacional que se gestó en el 2018.
El empresario, convertido en político y funcionario de lo público en vaivenes de su historia de vida, dijo al Presidente que queda “a su disposición, como siempre, pero ahora desde el sector privado, para seguir fomentando las alianzas público privadas que trabajan por el bienestar del país”.
“Los objetivos medulares que nos fijamos al asumir este desafío han sido cumplidos y eso me permite tomar la decisión de retomar mis temas empresariales, familiares y de responsabilidad social”, leyó con voz entrecortada por la emoción frente a Alvarado.
“La mayoría de medios de comunicación masiva y la clase política han llegado a naturalizar y normalizar una situación que a todas luces es irregular. Porque en el desempeño de cargos públicos debe prevalecer el beneficio general y los intereses generales”, politólogo de la UCR, Rotsay Rosales.
En el acto, Garnier leyó alrededor de once puntos en los que atribuye influencia y apoyo de su ministerio: una entidad sin cartera, ad honorem y creada de forma inédita para el Gobierno de Alvarado con la horma de temas que atraviesan la vida pública y privada de Garnier.
El Presidente, quien se apoyó en Garnier desde su puesto en el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) en el Gobierno pasado, también tuvo palabras de afecto hacia él por “resolver problemas importantes que afectan la competitividad del sector privado y generar las condiciones más favorables para la inversión y la generación de empleo”. El mandatario ofreció una retrospectiva de la “confianza” que Garnier ayudó a “reconstruir” con el sector privado.
Sobre este fenómeno, el politólogo coordinador del Observatorio de la Política Nacional (OPNA) y catedrático de la Universidad de Costa Rica, Rotsay Rosales asegura que, recientemente, existe una “presencia directa” de sectores económicos poderosos transformados en tomadores de decisiones públicas.
“América Latina está llena de estos ejemplos, donde los intereses corporativos, sectoriales y hasta individuales de empresas no solo influyen en la toma de decisiones públicas sino que lo hacen de manera directa. Esto no significa que lo debamos ver con neutralidad o como algo natural. Ese es el problema, la mayoría de medios de comunicación masiva y la clase política han llegado a naturalizar y normalizar una situación que, a todas luces, es irregular. Porque en el desempeño de cargos públicos debe prevalecer el beneficio general y los intereses generales”, explicó Rosales sobre el fenómeno que, localmente, el Gobierno de Alvarado multiplica como “alianzas público privadas”.
La gestión de Garnier cobró interés para el público a partir de escándalos en publicaciones periodísticas, hasta ahora con mínima repercusión en el espectro político.
Garnier no era, antes de su ministerio, un desconocido. De hecho, en la hoja de vida que Casa Presidencial envió a periodistas brilla un primer puesto público: fue secretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones, entre 1998 y el 2000 durante el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez; mientras tanto, también era directivo del banco BCT y de la Zona Franca Parque Global. Después de eso, fue presidente del proyecto Azul Paraíso (en Sardinal de Carrillo, vinculado a una denuncia reciente de AmeliaRueda.com relacionada con el impago de impuestos de casas de lujo) y presidente fundador de las zonas francas El Coyol y la Lima.
A esos trabajos sumó también experiencia como presidente de la asociación de empresarios Horizonte Positivo, expuesta en investigaciones de UNIVERSIDAD como artífice de dos proyectos que inició el presidente Alvarado desde su otrora silla en el IMAS. Uno de ellos fue crear un índice de medición de la pobreza que aplica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y que fue adaptado por Horizonte para comercializar como un servicio empresarial, según confirmó la asociación a UNIVERSIDAD. Sin contrato, más bien con convenios y cartas, Horizonte Positivo tuvo acceso a reuniones y el diseño de esa política pública.
Garnier representó “flexibilidad” en trámites, contrataciones, y acceso a recurso humano.
En una de las pocas entrevistas que concedió en su cargo, a este mismo semanario, argumentó que “Costa Rica es uno de los países con la carga impositiva más alta” antes de negar que una lista de empresas off shore mencionadas en los Papeles de Panamá fueran parte de un “tema de evasión fiscal ni nada que se le parezca”.
“Una cosa es que uno tenga patrimonio en otra parte y otra cosa muy diferente es que haya hecho algo que no sea correcto”, aseguró Garnier.
En las pesquisas, por ese “algo” que podría o no ser incorrecto, queda también otro legado de tres expedientes que continúan en investigación el Ministerio Público: uno por el presunto delito de “cohecho propio” (causa en la que también figura el presidente Alvarado); y dos por presuntos “enriquecimientos ilícitos” (en uno, investigado por la Fiscalía Adjunta de Liberia, se buscan pruebas de un viaje que realizó Garnier junto con el presidente Alvarado al Hotel Punta Islita, uno de tantos negocios inmobiliarios de su familia).
Los intereses de André Garnier
A partir de la rendición de cuentas realizada por Garnier, UNIVERSIDAD reúne una lista de las grandes causas que persiguió el exministro de enlace con el sector privado.
Fortaleció dos asociaciones del gran empresariado
Garnier renunció a la asociación de empresarios Horizonte Positivo en el 2018, para ocupar su cargo en Gobierno.
Para entonces, Horizonte Positivo mantenía un convenio con el IMAS, con el que la asociación dio software, tabletas, y la capacitación en el extranjero de una funcionaria del INEC. La asociación invirtió en tecnificar una base de datos de beneficios públicos a personas condición de pobreza, riesgo y vulnerabilidad social (conocida como Sinirube) y la creación de un índice de medición de la pobreza del INEC —esta herramienta fue adaptada como el IPM Empresarial por Horizonte Positivo y, ahora, lo comercializan como un servicio de hasta $10.000 anuales según afirmó la asociación a UNIVERSIDAD. Figuran, entre sus más de 50 clientes, BAC, Purdy Motor, Deloitte y otras grandes empresas.
Garnier mantiene una liga filial con otra asociación sin fines de lucro, Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED) por medio de su hijo Philippe Garnier Diez, secretario de dicha directiva.
En abril del 2020, como consta en una investigación de este semanario y la denuncia del regidor josefino Diego Miranda, AED fue beneficiado con un contrato por ¢662 millones para distribuir víveres de empresas como Florida Ice and Farm (Fifco) y Walmart, a solicitud de la Comisión Nacional de Emergencias. La denuncia de Miranda instó la apertura de expedientes de investigación en la Contraloría General de la República; la Procuraduría de la Ética Pública y Fiscalía (21-000010-0033-PE, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito en el que también figuran las ministras Pilar Garrido Gonzalo (Planificación); Silvia Lara Povedano (Trabajo) y Elián Villegas Villafuerte (Hacienda), así como el presidente de la CNE, Alexánder Solís.
Creó y estrechó relaciones público privadas
Garnier dio cuenta de mesas de negociación con privados que se crearon en dos años: una sobre inversión en infraestructura turística; una específica para el desarrollo del Golfo de Papagayo (ambas dirigidas en manos del Instituto Costarricense de Turismo); una para discutir estrategia nacional de medicamentos (de acuerdo con UNIVERSIDAD, esta mesa tiene congelado un eventual decreto para abaratar precios de medicamentos que controla el sector farmacéutico); la negociación de un registro de agroquímicos con el Ministerio de Agricultura; una mesa de inversión pública y privada en la que se ven “problemas puntuales de por qué una inversión no se pudo realizar” en las entidades públicas.
Asimismo, Garnier habló de cambios en beneficio de privados: con el proyecto Costa Rica Fluye (firmado en el 2020, para intervenir en regulación de trámites públicos) y cambios en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) donde dijo que “todos los permisos de construcción y permisos ambientales, etcétera, se quedaban pegados”.
Cambió políticas de formación técnica y empleo
Consolidada en Asamblea Legislativa desde el 2020, Garnier explicó una reforma al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para capacitaciones técnicas “en lo que el mercado demanda”. El presidente Alvarado afirmó que “en el año 2018, tanto Andrés Valenciano (ahora ministro de Comercio Exterior) como André Garnier me persuadieron” para dar pie a estos cambios.
Garnier habló de su respaldo a una eventual reforma legislativa que permitiría jornadas de 12 horas con 4 días laborales (“me gusta más que se llame jornadas flexibles”, dijo en su renuncia) y el programa Alianza para el Bilingüismo.
Asimismo, se dio crédito por la ley que creó la educación dual con el objeto de “terminar de educar a los profesionales y los técnicos en el trabajo”.
Tres proyectos con mano liberacionista
En su renuncia, Garnier agradeció directamente a los diputados liberacionistas Carlos Ricardo Benavides y Silvia Hernández por su respaldo respectivo en proyectos de ley que otorgarían beneficios fiscales a extranjeros pensionados que migren al país y, también, trabajadores “nómadas digitales” que perciban sus ingresos mientras estén aquí.
Sobre esas alusiones, Hernández aseguró que no ha tenido reuniones con Garnier.
“Solo sé que el Presidente ha estado a favor por eso lo convocó”, dijo la diputada.
En el caso de Benavides, el diputado desconoce la mención de Garnier.
“Ni tuvimos relación con don André en ese ni en ningún proyecto, lo cual no tendría problema en aceptar, si fuera cierto. El ministro con quien he tenido coordinación desde el principio y durante el proceso es con don Gustavo Segura, ministro de Turismo”, explicó el diputado.
Asimismo, negó relación con el ministerio de Garnier la liberacionista Ana Lucía Delgado. La diputada no fue mencionada pero el exministro habló en favor de su proyecto de Ley de Contratación Administrativa porque existen problemas con las licitaciones y eso es de “ enorme atraso para los inversionistas”.
Delgado negó vinculación con Garnier y dijo que “hasta la fecha el asesor técnico permanente es la Contraloría General”.
Intervino en ampliación de Ruta 27
Por último, Garnier aseguró que recibió órdenes del Presidente y el Ministro de Transportes, Rodolfo Méndez Mata, para negociar con el concesionario Globalvia para ampliar la Ruta 27, una oferta de valor de ¢650 millones según dijo. La negociación cayó en marzo, dos meses después de que UNIVERSIDAD enumeró que Globalvia recibió 68 recomendaciones de multa por problemas en las capas asfálticas de la ruta, calles marginales en mal estado, señalización incompleta y hasta falsedades en los reportes sobre temas ambientales.
“Ahorita le toca al Consejo Nacional de Concesiones”, afirmó Garnier sobre la entidad que lideró hace más de dos décadas.
Colaboró con este artículo la periodista Fabiola Pomareda
