La aprobación del establecimiento de nuevas licencias para la pesca de arrastre de camarón por parte de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) dividió una vez más a la institución con académicos y ambientalistas, quienes señalan un posible irrespeto a la Sala Constitucional y cuestionan la sostenibilidad ambiental de la decisión.
La acusación hace referencia a la resolución 10540-2013 de la Sala Constitucional, en la que dicho organismo había notificado a Incopesca que ya no podía otorgar ningún “permiso, autorización o licencia nuevos” ante un recurso presentado por seis fundaciones ambientalistas contra la legalidad de la técnica pesquera.
No obstante, la Junta Directiva de la entidad aprobó recientemente el establecimiento de nuevas licencias para “la pesca sostenible de camarón”, a pesar de que el mismo voto constitucional establecía que este tipo de procedimientos sólo podían realizarse a través de una “correspondiente reforma legal”.
Esta reforma legal se refería a la restauración de las licencias que en su momento fueron prohibidas, en tanto la Sala estimó que la Ley de Pesca y Acuicultura (Ley 8436) podía reformarse en relación con “la obligación de utilizar dispositivos para la disminución de la captura incidental”.
Ante esta situación, la Fundación MarViva -una de las seis recurrentes en 2013- señaló que Incopesca se atribuyó funciones de la Asamblea Legislativa, único ente que podía realizar las reformas legales.
En esta línea, Jorge Jiménez, director general de la organización, comentó que el voto exigía una reforma legal “con el correspondiente respaldo científico y tecnológico”, punto que no se concretó de ninguna manera con la reciente aprobación de licencias.
“La Asamblea no ha aprobado ninguna Ley permitiéndole y hasta la fecha la Universidad Nacional y el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR) han expresado que no existen dichos estudios que avalen la sostenibilidad de esa pesquería”, subrayó Jiménez.
“Cualquier nueva actividad extractiva de camarón debe asegurar que no se produce un desgaste insostenible de los recursos pesqueros, que se respeta el elemento democrático y solidario del desarrollo sostenible, la belleza escénica y asociada con el fondo marino, y la conservación del ambiente marino”, puntualizó.
Esta visión fue respaldada precisamente por el CIMAR de la Universidad de Costa Rica, ente que señaló en un pronunciamiento este viernes que “la información científico-técnica publicada hasta la fecha sobre la pesca de arrastre de camarón no evidencia la sostenibilidad” de la actividad en el país.
Al respecto, el director del CIMAR, Ingo Wehrtmann, firmó un pronunciamiento en el que manifestó que “el CIMAR estaría de acuerdo con la apertura de la pesca de arrastre si no se cumple cabalmente con lo estipulado en el fallo de la Sala Constitucional (…) bajo ninguna circunstancia”.
“Mejoras regulatorias”
Como parte de la presentación de la decisión administrativa, el Gobierno publicó en su sitio un comunicado en el que aseguró que 25 “mejoras regulatorias” hacen que se cumplan las exigencias de la Sala Constitucional, aunque omitió la necesidad establecida por ese organismo de una “reforma legal” correspondiente.
En esta línea, se limitó a señalar que se acataron los criterios constitucionales, a través de “la obligación de utilizar dispositivos para reducir la captura incidental” y la demostración “con estudios científico-técnicos” de la reducción respectiva.
Con este objetivo, se instauró la obligatoriedad sobre el uso de dispositivos que permiten una reducción en la “fauna de acompañamiento”, al tiempo que se establecieron marcos de zonificación, la prohibición de capturar siete de las 13 especies de camarón totales y un límite de 30% de captura de pescado para la flota semi-industrial.
También, las nuevas licencias instauran un mes de veda que puede prorrogarse para contemplar los picos de reproducción, así como un límite de 33 unidades para los barcos camaroneros de arrastre y lances que pasarán de seis a cuatro horas como plazo máximo.
No obstante, en materia de investigaciones sobre la materia, la Administración no señaló mayores aportes, aunque especificó el “compromiso de Incopesca de presupuestar” dichos esfuerzos.
Eso sí, el Gobierno recordó la ejecución del proyecto Reybic 1 entre la Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) e Incopesca, que -entre otro hallazgos- determinó la exclusión de un 26,7% de la fauna de acompañamiento atrapada con los dispositivos ahora obligatorios.
Ante esta situación, el CIMAR reiteró que “no apoyará ningún proyecto de Ley en relación con nuestros recursos marinos, sin sólidas evidencias y/o justificaciones científicas”, mientras que la Fundación MarViva llamó al Gobierno e Incopesca a cambiar su posición y “respetar el voto de la Sala Constitucional en todos sus extremos”.
