Desde el 16 de abril, la Asamblea Legislativa tiene en la corriente de proyectos un expediente que regularía situaciones en las que los arrendatarios no puedan pagar sus cuotas durante la pandemia por COVID-19 (21.927).
Tras las medidas anunciadas por el Gobierno para los comercios el lunes 11 de mayo, los arrendadores confían en que la actividad comercial retome su curso hacia la estabilidad.
“Ese proyecto perdió lo principal, que era un criterio de oportunidad. Ya se están reabriendo los comercios, ya se está reabriendo la economía nuevamente”, dijo a UNIVERSIDAD el presidente de la Cámara de Propietarios de Inmuebles de Costa Rica (Caprobi), Pablo Gaier, quien se opone a que se regulen las relaciones comerciales entre propietarios y sus inquilinos.
Los restaurantes son los negocios con alquileres más vulnerados por el aislamiento de la pandemia, según afirman especialistas en bienes raíces, y ahora esperan una reapertura con aforos del 50% desde junio.
Junio también es el mes en el que se vencerá la moratoria legislada para los comercios que pagan el Impuesto de Valor Agregado (IVA) por sus inmuebles, y no será hasta ese mismo mes que los negocios tendrán que depender de la venta por servicio exprés, siempre y cuando hayan logrado concretar una forma de ofrecer este servicio. Entre las opciones, aparecen los servicios de aplicaciones como Uber, Glovo y Rappi que cobran porcentajes entre el 18% y el 30% de las ventas del comercio.
Para mayo, la Cámara Costarricense de Restaurantes (Cacore) pide permisos para abrir los restaurantes durante sábados y domingos, días en los que las personas visitan los restaurantes.
Esa actividad también depende de la capacidad de pago que tengan las personas en sus bolsillos, en tanto los presupuestos familiares afectados por la situación de empleo también han sufrido recortes en gastos fuera de la supervivencia.
De ese mismo sector de restaurantes, Cacore ofreció cifras de 121.000 despidos con corte a abril. Hasta este martes, el Ministerio de Trabajo contabiliza 1.734 suspensiones en contratos de trabajo. No hay estadísticas sobre cuántos negocios han cerrado sus operaciones por la imposibilidad de asumir sus gastos o, en su defecto, por la imposibilidad de costearse una reapertura en el futuro.
Por estos efectos tan actuales, los diputados que firmaron el texto base del expediente 21.927 sostienen que la vigencia del proyecto se mantendrá “en tanto sigamos viendo los efectos de la pandemia”, aseguró la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC) Carolina Hidalgo.
“Muchísimas empresas todavía no están viendo los efectos más fuertes”, afirmó Hidalgo.
“Claramente, existe complejidad por pago del alquiler. Lo mejor es dar un parámetro básico para llegar a arreglos y avanzar en esto”, sostuvo la diputada.
El proyecto de ley establece que en el caso de comercios, las partes deben acordar que existen tres causales. En el caso de una reducción del 100% de los ingresos del local comercial, “el arrendador deberá suscribir con el arrendatario una moratoria total, excepcional y temporal”. Ingresos reducidos por un 50% provocarían una disminución proporcional en el pago. Por último, para reducciones entre el 20% y 50% de los ingresos del negocio, los arrendadores e inquilinos podrán negociar “un nuevo monto a pagar por concepto de arrendamiento, al menos proporcional al ingreso dejado de percibir”.
Para el caso de vivienda, aplican las mismas condiciones; no obstante, las causales deberán ser respetadas como las dicta esa ley.
El proyecto de ley, sin embargo, está estancado desde que fue presentado y convocado por Presidencia. El periodo de elecciones legislativas y las discusiones financieras sobre la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) frenaron el avance de este, otrora importante, tema económico.
“El proyecto ha tenido mucha resistencia de parte de diputados que defienden los intereses del sector inmobiliario. Se logró consensuar un texto, se hizo la consulta obligatoria; el paso que sigue es dispensar de todo trámite para verlo en el plenario”, afirmó el frenteamplista José María Villalta.
“Evidentemente, los efectos económicos van a seguir. Todavía, si se aprobara ahora, daría un alivio muy importante”, sostuvo el legislador.
El proyecto podría pasar por trámite ordinario ahora que la Asamblea Legislativa recupera el ritmo usual. No obstante, advierte Villalta, las comisiones que podrían dictaminar el proyecto siguen sin ser nombradas. Su instalación quedará pendiente para lo que queda del mes porque depende de la negociación política entre las fracciones.
Un arreglo de pago del 50%
Adriana Sánchez alquila un local en el barrio La California para su restaurante Manos en la Masa.
“La pandemia fue la estocada final: los alquileres son demasiado caros. Pagamos demasiados impuestos en todo: desde el IVA de los ingredientes, los impuestos municipales, ventas, declaraciones de IVA, declaración anual, los impuestos que nos cobran con el agua, la electricidad, el gas… Para alguna gente yo siento que fue un alivio tener este contexto encima y nada más cerrar”, asegura Sánchez.
El arrendador permite que Sánchez pague un 50% de su cuota usual.
“Mi casero es una persona muy amable y decente y tiene negocios también, entonces él sabe, entiende. No vive de alquilar”, dice Sánchez.
Su negocio optó por no pagar por plataformas exprés, pero eso significa que ella misma asume toda la cadena de producción.
“Ahora mi vida transcurre en: hornear, hornear, hornear, contestar mensajes, hacer ventas por Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp. (Debo) verificar que la gente pague e ir a dejar pedidos”. “Me daba terror que me dejaran sin placas”, afirmó.
Pagar por tractos la cuota
Pablo Murillo es un fotógrafo soltero que, antes de la pandemia, tuvo abandonar la vivienda que rentó por 12 años, porque el dueño vendió el edificio. La búsqueda de un apartamento para él y para sus gatos fue difícil, porque muchos caseros no permiten mascotas.
Ahora alquila un apartamento en la torre recién construida de URBN Escalante.
Murillo relata que su afectación ha sido múltiple porque es trabajador independiente y su empleo pertenece al sector cultural.
“La afectación existe a nivel crisis desde antes. Desde el año pasado bajó en un 60 o 70% la cantidad de trabajo. Entra el COVID-19 y las cosas bajaron a cero. En el momento en que explotó la cosa, cuando cancelaron el Festival Internacional de Cine, eso representó una pérdida, junto con otros proyectos, como de tres millones en un solo día”, afirmó Murillo.
“Mucha gente me aconsejó, amigos que alquilan, me aconsejaron negociar una rebaja. Eso me cuesta un poco. Al final, les dije que si no había problemas en pagar en tractos. Me dijeron que no me preocupara”, asegura Murillo sobre sus caseros.
A la fecha, asegura que tiene un atraso de “un mes completo pero con miras a pagarlo”, pero no tiene presiones para cumplir con sus caseros.
