Los acuerdos tomados por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiologia (CNVE) no son inválidos aunque dos de sus miembros tuvieran el nombramiento vencido, afirma la Procuraduría General de la República.
En un pronunciamiento fechado el 12 de agosto y dirigido a la ministra de Salud, Jocelyn Chacón, el abogado del Estado analizó si la participación de los representantes del Departamento de Farmacoterapia de la CCSS y de la Asociación Costarricense de Pediatría en las decisiones de la CNVE, teniendo el nombramiento vencido anulaban los acuerdos y resolvió que no.
“”No es posible afirmar que los problemas de investidura de alguno de los integrantes de un órgano colegiado del sector público impliquen, necesariamente, la invalidez de todos los acuerdos adoptados por el órgano. Por el contrario, razones de interés público y de seguridad jurídica, justifican reputar esos actos como válidos, siempre que concurran los requisitos dispuestos para ello en el ordenamiento jurídico#, afirmó la Procuraduría.
Luego explicó que para declarar la invalidez de los acuerdos por problemas de investidura era “necesario demostrar que la ausencia o la irregularidad de esa investidura había sido ya declarada administrativa o jurisdiccionalmente o que la conducta no se desarrolló en forma pública, pacífica, continua y normalmente acomodada a derecho, como lo exige el artículo 115 de la LGAP”.
Además, detalló que esa determinación no es competencia ni del Presidente ni de la Ministra, sino de la misma CNVE: “corresponde a esa misma Comisión, una vez que se encuentre integrada debidamente, definir si existe algún motivo (de los señalados en el párrafo anterior) que impida aplicar la figura del funcionario de hecho ante los problemas de investidura de alguno de sus miembros. Y, en caso de ser necesario, sería también esa Comisión la legitimada para declarar la nulidad de sus actos, según lo dispuesto en el artículo 180 de la LGAP, salvo que resulten aplicables los procedimientos especiales a los que se refieren los artículos 173 y 183 de la LGAP”.
Días atrás, el 3 de agosto, el presidente de la República y la ministra de Salud “anunciaron” que el acuerdo que establecía la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19 “era nulo” pues en la sesión donde se tomó, participaron estas dos personas.
“La Comisión, a la que le gustan las cosas anómalas en el país, tiene dos miembros con nombramiento vencido: un representante de la Caja y otro de la Asociación Costarricense de Pediatría, el señor Marvin Piva, cuyo nombramiento finalizó en 2020 y el señor Óscar Porras Madrigal que no tiene nombramiento desde principios de este año. Ellos se quedaron calladitos, no dijeron que se les había vencido el nombramiento”, dijo Chaves.
Posteriormente agregó que el órgano ha sesionado de “manera ilegal desde el año 2020 y todos sus actos son inválidos de acuerdo a la ley de Costa Rica” y dijo que le había pedido a la ministra de Salud que “suspendiera” la obligatoriedad de la vacunación.
Ahora, con el criterio de la Procuraduría se reitera que dicho acuerdo de obligatoriedad se mantiene vigente.
