Fisuras en la Asamblea Legislativa y en el gabinete del presidente Carlos Alvarado son el resultado del acuerdo firmado entre el Gobierno, la administración de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y los sindicatos de esa entidad para poner fin a la huelga de médicos, enfermeros y cirujanos que se desarrolló la semana pasada.
Diputados de las principales bancadas de oposición mostraron su total disconformidad con los puntos pactados y anunciaron consecuencias políticas.
La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar —miembro prominente del gabinete de Alvarado—, aseguró que estaba “en total desacuerdo” con las medidas que su propio gobierno tomó para frenar la huelga. Aseguró que el Gobierno no debería “ceder ante los grupos de presión”, palabras exactas que utilizó cuando se presentó, la noche de este martes, en un foro organizado por la Academia de Centroamérica.
Entre otras medidas, el acuerdo para acabar con la huelga de la CCSS pactó enviar a tribunales contenciosos las diferencias entre el Gobierno y los sindicatos sobre la aplicación de la reforma fiscal en materias como anualidades y otros pluses salariales; así como la posibilidad de mantener las remuneraciones bisemanales (no mensuales) y el compromiso de no aplicar la regla fiscal a la institución.
Asimismo, el texto propuso reactivar discusiones sobre cómo se aplicarán otras normas como la reducción de los topes del auxilio de cesantía. Además, estableció “cláusulas de paz” para evitar que se sienten responsabilidades sobre los funcionarios que participaron en la huelga que alteró al sistema de salud pública por una semana.
Los golpes más bulliciosos, sin embargo, se dieron en la Asamblea Legislativa, donde las principales bancadas de oposición rechazaron vehementemente el acuerdo pactado. De hecho, la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) incluso pidió a la Contraloría General de la República (CGR) declarar nulas las condiciones negociadas este fin de semana, de modo que además se pudiesen sentar consecuencias jurídicas.
También mostró su más fuerte rechazo la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), con excepción de Luis Antonio Aiza; bancada que tachó de “timorato y contradictorio” al Gobierno por permitir a los sindicatos cuestionar la aplicación de medidas aprobadas en la reforma fiscal. Según los liberacionistas, el Gobierno se hincó ante gremios sindicales que “utilizaron la salud de los y las costarricenses como letra de cambio para perpetuar los privilegios de unos cuantos”.
Esas palabras las utilizaron en un comunicado conjunto, mientras que la diputada Ana Lucía Delgado, que preside la Comisión de Asuntos Hacendarios, sugirió en el Plenario legislativo que el acuerdo incluso podría poner en jaque la aprobación de créditos internacionales, como el que ya se gestiona con la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Este miércoles, los diputados de esa comisión rechazaron el presupuesto extraordinario que permitía al país iniciar con este proceso, a la espera de “mayores compromisos fiscales” del gobierno.
También se manifestaron en contra del acuerdo de la Caja las fracciones del Partido Restauración Nacional (PRN), del bloque independiente Nueva República y algunos diputados de corrientes minoritarias, como el independiente Erick Rodríguez Steller; así como algunos representantes empresariales, encabezados por la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep). Los empresarios solicitaron al Ejecutivo declarar nulo el acuerdo.
El Gobierno se defiende: ‘es importante que acabara la huelga y resolver conflictos judicialmente’
Con gran excepción de la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar; el resto del Gobierno ha salido a respaldar el acuerdo entre la CCSS, sus sindicatos y el Ejecutivo, representado en los ministros de la Presidencia y de Trabajo, Víctor Morales Mora y Steven Núñez.
Además, en el Congreso, el diputado Enrique Sánchez aseguró este mismo martes que los más importante era terminar con la huelga para beneficio de los asegurados, tomando en cuenta que “más de 120.000 personas habían perdido sus citas de especialidad y de medicina general, más de 2.000 cirugías habían sido canceladas, y que ahora se podría establecer un plan de recuperación”.
Ese plan de recuperación también lo defendió Román Macaya, presidente de la CCSS, quien eso sí señaló en el programa Hablando Claro, de Radio Columbia, que probablemente será necesario pagar horas extra a muchos de los mismos funcionarios que dejaron sus labores para acudir a la huelga en el servicio esencial (principalmente los especialistas, que son más escasos).
Sobre el acuerdo, eso sí, tanto Macaya como Sánchez coincidieron en que era importante buscar un salida a los diferendos en materia de pluses y anualidades, dos factores en los que no se logró consensuar nada y que ahora se definirán a través de procesos de lesividad en contenciosos-administratvos.
De cualquier manera, Sánchez enfatizó que el plan fiscal y sus indicaciones en materia de empleo público ya se aplican en la CCSS, y que las diferencias actuales radican en cómo aplicar la ley y sus nuevas modificaciones a los pluses de las personas contratadas antes de la entrada en vigencia del texto.
“Ya se redujo el tope de cesantía de 20 a ocho años, se aplicó lo que se refiere a la renta de los salarios, las normas de prohibición y dedicación exclusiva. No es cierto que no se haya aplicado ese capítulo en la Caja (…) Existen diferencias en el cálculo de las anualidades pasadas. Las anualidades a partir del 4 de diciembre se están aplicando tal como lo establecimos en la ley, y existen diferencias sobre cómo calcular las pasadas, eso se intentó resolver con un acuerdo entre la Caja y los sindicatos, pero posteriormente entró en contradicción con un decreto de Hacienda, y cuando hay un diferendo de este tipo, se resuelve en los juzgados”, subrayó.
Sánchez, además, lanzó un dardo a las gestiones de gobiernos anteriores que aprobaron los incentivos de los que ahora se queja y rechazó cualquier alianza entre gobierno y sindicatos. “Esa alianza no existe, aunque probablemente existió cuando aumentaron los pluses y los privilegios del sector médico, hace muchos años”, concluyó.
Alvarado dice que se tuvo que ‘balancear’
La diferencia más fuerte y más sutil; sin embargo, fue interna.
Las palabras de la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, evidenciaron uno de los primeros enfrentamientos de posiciones que ella pierde a lo interno del gabinete del Ejecutivo.
Según la ministra, el acuerdo entre administración y empleados de la CCSS fue un error y podría generar desconfianza en los sectores que han apoyado su gestión de las finanzas públicas. “No hay semana que no tengamos grupos pidiendo tratamientos diferenciados (…) no podemos dejar que los grupos de presión de ninguno de todos los lados se salgan con la suya, porque solo demorarán el momento de estabilizar las finanzas públicas”, afirmó.
Consultado sobre las palabras de Rocío Aguilar, su ministra de Hacienda; el presidente Carlos Alvarado aseguró que respeta su postura, pero que la ministra es solo la encargada de “controlar las finanzas públicas” y algunas veces deben hacerse “balances y ponderaciones”.
En esa línea, señaló que “la salud y la vida de los costarricenses” pesaron más en la discusión y que, a pesar de que muchos temas se resolverán a través de resoluciones legales, el acuerdo “no cede en lo más sustantivo de la reforma (fiscal)”.
Esta vez la ponderación falló en favor de resolver el conflicto social.
