La Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP) afirmó que un 90% de las personas afiliadas a los regímenes de pensiones voluntarias aportan menos de ¢50 mil cada mes y que un 82% tienen salarios promedio de ¢500 mil colones, por lo que gravar las pensiones voluntarias con el impuesto sobre la renta generaría recursos ínfimos para el fisco; pero acabaría con el fondo porque generaría un retiro masivo de los ahorros.
Así lo comunicó la ACOP en una conferencia de prensa realizada este jueves, en relación al proyecto de Ley para la adecuada recaudación del impuesto de renta en las personas multipensionadas (Expediente 22.261), que discute la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
El proyecto modifica el cálculo del impuesto sobre renta que deben pagar aquellas personas que reciben más de una pensión, fue elaborado por la Superintendencia de Pensiones (Supen) y presentado en octubre pasado por la legisladora liberacionista Yorleni León.
El Ministerio de Hacienda solicitó a los diputados que aclaren en el texto del proyecto que no se gravarán las pensiones del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) ni de regímenes voluntarios, exoneradas bajo la Ley de Protección al Trabajador.
ACOP urgió a la legisladora León y a los diputados de la Comisión que mantengan la exención de renta para los fondos de pensiones voluntarias (RVPC), y que confían que mantendrán la garantía de exención para el ROP.
Habría un retiro masivo de los fondos, advierten
Las Operadoras Popular Pensiones, BCR OPC y BN Vital, que acumulan el 86% del total de cotizantes de los fondos de pensiones voluntarias del país (RVPC), determinaron que el 90% de sus afiliados aportan menos de ¢50 mil al mes a sus cuentas, o menos de $100 -en el caso de los que tienen sus planes en esta moneda-.
Según ACOP, las carteras totales de cotizantes de pensiones voluntarias de las tres operadoras suman 161.332 afiliados y 63.905 aportantes, acumulaban ¢453.489 millones a diciembre de 2020 (un 1% del Producto Interno Bruto del país).
La asociación advierte que poner un impuesto de renta sobre esos fondos “se convertiría en un estímulo inmediato para el retiro masivo, con lo cual no sólo desaparecería el régimen voluntario, sino que además el fisco no recaudaría más que una ínfima suma de dinero”.
Los fondos voluntarios están divididos por la Supen en tipo A (de antes de la promulgación de la Ley de Protección al Trabajador del año 2000; son maduros; y sus aportantes poseen la edad y cuotas necesarias para retirarlos de forma inmediata con solo solicitarlo); y en tipo B (se formaron después de la promulgación de esa ley; y sí deberían reintegrar incentivos fiscales de entre 3% y 4% del saldo), explicó la ACOP.
Entonces, “los fondos tipo A, donde están los cotizantes con más recursos acumulados, podrían retirar todo el dinero de inmediato, sin afectación alguna, y los de tipo B, aunque deberían pagar un porcentaje de renta, siempre estarían motivados al retiro previo, dada la eventual entrada en vigor de un tributo mayor”, enfatizó la asociación.
Las multipensiones
En el país hay personas que reciben más de una renta relacionada con pensión, ya sea porque aportaron a más de un régimen o producto de la muerte de un familiar que les heredó su pensión.
Actualmente el cálculo de los ingresos de cada persona y lo que pagan por impuesto sobre la renta se hace con una escala de tarifas. De 0 a ¢840.000 están exentos; de ¢840.000 a ¢1.233.000 pagan 10%; de ¢1.233.000 a ¢2.163.000 pagan 15%; de ¢2.163.000 a ¢4.325.000 pagan 20%; y las mayores a ¢4.325.000 pagan 25%, explica el texto.
Pero esto hace que, por ejemplo, en algunos casos, se aplica el mínimo exento (¢840.000) a todas las pensiones percibidas y aunque la persona recibe más de una pensión, no paga nada en tributo.
Por eso el proyecto de ley propone que si una persona tiene más de una pensión, éstas se sumen y se considere un único monto para la aplicación de dicho impuesto. Según la Supen, en el 2019 se recaudó ¢5.780 millones; pero con la reforma propuesta se hubieran recaudado ¢16.423 millones.
La iniciativa incluye un único artículo que dice: “Para el caso de las jubilaciones y pensiones de todos los regímenes existentes en el país, todos los operadores de dichas pensiones, obligatorias o voluntarias, deberán entregar a la Administración Tributaria de forma trimestral la lista de todos sus afiliados con el monto bruto de la jubilación respectiva, a fin de que dicha entidad pueda establecer la base contributiva de los pensionados y jubilados. La Dirección General de Tributación queda facultada para definir reglamentariamente los requisitos, condiciones y procedimientos necesarios para la aplicación de la presente disposición”.
Hacienda aclara que pensiones del ROP y regímenes voluntarios quedan exentas en proyecto de ley de multipensiones
Existen alrededor de 17.400 personas multipensionadas -el 5% del total de jubilados- y unos 100 “multipensionados de lujo”, que reciben más de ¢5 millones al mes.
