ACNHUD pide al Gobierno nicaragüense “cumplir sus obligaciones internacionales”

Medios internacionales reportan al menos cuatro fallecidos en las protestas por la reforma al sistema de pensiones del INSS

La tensa situación que vive Nicaragua  en las últimas horas ha despertado la preocupación de distintas organizaciones internacionales como la  Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humano (ACNHUD), ente que hizo un llamado a las autoridades nicaragüenses para que “actúen” y eviten nuevos ataques contra los manifestantes y los medios de comunicación.

El mensaje se difundió en el  sitio oficial de la Organización por el portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell, y expresa que el Estado nicaragüense “debe cumplir sus obligaciones internacionales para garantizar que las personas puedan ejercer libremente sus derechos a la libertad de expresión y a la libertad de reunión pacífica y asociación”.

“Estamos profundamente preocupados por la muerte de al menos tres personas y de que decenas hayan resultado heridas en Nicaragua durante las protestas, que están teniendo lugar esta semana contra las reformas a la seguridad social anunciadas por el gobierno”, apuntó el organismo.

Medios internacionales reportan al menos cuatro fallecidos en las protestas por la reforma al sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS), que impulsó el gobierno del presidente Daniel Ortega y que pretende aumentar la cuota de pensiones y crear una nueva cotización para los jubilados.

Las disputas  iniciaron desde el pasado miércoles 18 de abril como manifestaciones pacíficas y los casos de violencia han ido en aumento por parte del Gobierno, ya que universitarios, académicos, periodistas y ciudadanos han sido agredidos por las autoridades que justifican la reforma para evitar la quiebra del INSS.

“Además, es preocupante que varios canales de televisión que estaban cubriendo las protestas hayan sido cerrados por el gobierno (…) El Estado nicaragüense debe cumplir sus obligaciones internacionales para garantizar que las personas puedan ejercer libremente sus derechos a la libertad de expresión y a la libertad de reunión pacífica y asociación”, detalló el comunicado de ACNHUR.

En contra de la prensa 

Tras las agresiones que han recibido distintas personas del gremio periodístico y acciones que el presidente Ortega ordenó como censurar  la señal del medio de comunicación 100% NOTICIAS a todas las cableras, el medio tomó la decisión de seguir informando a través de las redes sociales y web  “por el compromiso del medio con el pueblo y la verdad”.

Las  acciones han despertado la indignación y repudio de distintos países que, mediante un grupo de comunicadores de la Federación Iberoamericana de  Ombudsman (en derecho de las audiencias) han manifestado rechazo contra las medidas de la prensa.

“El el desplazamiento forzado de periodistas, que representa una manifestación de violencia que en la actualidad afecta a diversos actores sociales, entre ellos, a las personas que ejercen el periodismo (…) Mientras se cometan actos de violencia en contra de las y los periodistas, aumenta el riesgo de ser víctima de desplazamiento forzado interno y con ello, se incrementa también la violación al derecho a la libertad de expresión”, detalla en el comunicado  de la Red.

La declaración es respaldada por las instituciones nacionales de derechos humanos de Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y México.

“Reafirmamos que estos actos de violencia fomentan el temor y propagan el miedo entre los profesionales de los medios de comunicación, quienes prefieren abandonar sus hogares y trabajos, para ponerse a salvo a sí mismos y a sus familiares, haciendo que los eventos de desplazamiento forzado de esa población sean cada vez más frecuentes”, indica el documento.

En el documento destacan nombres como Ramiro Rivadeneira Silva, defensor del Pueblo del Ecuador; Jorge Rodas Andrade, procurador de Derechos Humanos de Guatemala;  Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México; Raquel Caballero de Guevara, procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador; Roberto Herrera Cáceres, comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras y, Luis Ernesto Vargas Silva, comisionada relator sobre Derechos Humanos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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