La Procuraduría General de la República aclaró hoy en la Asamblea Legislativa que los proyectos de rehabilitación y reconstrucción en zonas importadas por emergencias nacionales pueden ser ejecutados con procesos administrativos más cortos y con menos requisitos o requerimientos ambientales.
Estos proyectos, indicó la procuradora Magda Rojas, están cubiertos por el artículo 32 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, que establece que durante un régimen de excepción -o estado de emergencia- la actividad administrativa debe ser ‘comprensiva’ “siempre y cuando sean estrictamente necesarios para resolver las imperiosas necesidades de las personas y proteger los bienes y servicios”.
Rojas también aclaró que el plazo de vigencia de estos decreto no se limitan a cinco años, como lo había interpretado el SINAC, porque “los efectos de la emergencia lo vamos a vivir por muchísimo tiempo” y que mientras el Plan de Emergencias Nacional -que contempla las obras- cumpla con los criterios técnicos y estudios ambientales básicos podrá procederse con las obras.
Esta aclaración fue necesaria tras una ‘guerra de oficios’ o interpretaciones entre los equipos legales de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) durante años; lo que abría paralizado la ejecución de nueve proyectos de construcción en zonas vulnerables a emergencias por un monto estimado de ¢1.900 millones.
Uno de estos proyectos de reconstrucción se ubica en el asentamiento La Morenita, en Guácimo, razón por la que se discutió ante los diputado de la Comisión Especial de la Provincia de Limón. El proyecto pretende la construcción de un sistema de drenaje que funcione como proyección ante inundaciones y tiene un valor estimado de ¢600 millones.
La diputada limonense Marolin Azofeifa, por quién inicio el proceso de consulta a las instituciones, lamentó que la paralización de las obras pudieran perjudicar a una población que ya había percibido pérdidas de cultivos a raíz de la emergencia y, tras la aclaración de la Procuraduría, urgió a la CNE a iniciar con las obras lo antes posible.
Al finalizar la cesión el presidente del CNE, Alexander Solís, pidió una cesión técnica adicional a las personas diputadas y la presentación de un informes que permita consolidar lo discutido y establecer parámetros estandarizados para la atención y solicitud de requisitos en proyectos de este tipo cubiertos por un régimen de excepción, para evitar enfrentamientos de interpretaciones en el futuro.
