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Acción de inconstitucionalidad busca frenar quemas agrícolas

Se cuestiona daño a la atmósfera ante la crisis climática y el hecho de que ninguna autoridad ambiental tiene que ver con el otorgamiento de permisos.

El abogado ambientalista Álvaro Sagot, Danny Villalobos, presidente de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon) y el ciudadano Carlos Wong presentaron una acción de inconstitucionalidad contra una serie de leyes y decretos que permiten y regulan la práctica de las quemas controladas en la agricultura.

Entre otras cosas, sostienen que esa práctica incide en “pérdida de biodiversidad, afectación de áreas silvestres protegidas, afectaciones a la vida, a la salud y al paisaje, no solo de esta generación, sino de generaciones futuras”, ya que las quemas autorizadas con fines agrícolas se realizan “sin la existencia de licencias ambientales que permitan medir y ponderar los efectos sobre las personas, la biodiversidad, el clima y sus respectivos derechos”.

Específicamente, se planteó la inconstitucionalidad de artículos de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y su reglamento, la Ley de Cercas Divisorias y Quemas y del Reglamento para Quemas Agrícolas Controladas.

Sagot aseguró que se trata de “la primera acción que busca justicia climática que será un parte aguas y definirá si somos o no somos”, ya que plantea que se trata de legislación muy vieja -en algunos casos de más de cien años- que se enfoca en “continuar con una política estatal” contraria a la realidad de la crisis climática.

El texto de la acción apunta además en base a datos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), que cada vez que se autoriza una quema, se afecta a ecosistemas pues se da pérdida de la biodiversidad, “amén de que se lanzan gases que colaboran con el efecto invernadero o también llamados gases de efecto invernadero (GEI) o sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO)”.

La Sala Constitucional aún no ha decidido si admite la acción para su estudio.

Daños de las quemas

Sobre los efectos de las quemas en la biodiversidad, la acción cita un oficio de la mencionada Setena en el que expone daños como la pérdida de nutrientes del suelo por evaporación y calcinamiento, así como la pérdida temporal de cobertura vegetal y especies de flora silvestre importantes como comida y hábitat para especies silvestres de fauna.

La Setena también señaló una “relación directa” que existe entre “los factores climáticos y el efecto de las quemas en la contaminación del ambiente y principalmente asociado a la generación de gases, humo blanco y partículas en suspensión”.

Mientras que para la fauna silvestre las quemas significan, además de la muerte directa de reptiles como serpientes o tortugas, o de mamíferos como conejos de monte o armadillos, la pérdida de nidos y huevos de aves; así como la “muerte o desplazamiento de hábitat de especies marsupiales principalmente zorro pelón”.

Por ello se señala la gravedad de que, cada vez que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de acuerdo a la legislación vigente autoriza una quema, “no pasan por ninguna revisión previa de la Setena por lo que no se ponderan los factores ambientales, efectos acumulados, ni las afectaciones a los ecosistemas”.

Por ello, “argumentemos que en cada quema agrícola que se autoriza, se violenta el principio precautorio por no analizarse a profundidad nada para que se tomen medidas de mitigación climática, o prevención sobre la perdida de la biodiversidad”.

Otro detalle apuntado en la acción, es que la normativa impugnada contradice obligaciones establecidas en convenios ratificados por Costa Rica: la Convención Americana sobre Derechos Humanos Acuerdo de París, el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, la Convención ONU de Lucha contra Desertificación por Sequía en África y la Convención sobre la Diversidad Biológica.

Por otra parte, también se señala que esas leyes y decretos “son omisas en establecer medidas de mitigación, ni de compensación para evitar la crisis climática, y por ello son inconstitucionales a todas luces”.

Apunta además que “la visión que existe en esas normas autorizadoras de conductas incendiarias va enfocada a aspectos agrícolas financieros meramente, más nada prevé los problemas planetarios, y es que al ser el clima un bien común que debe ser respetado por todos los Estados, hace que desde Costa Rica tengamos una actitud egoísta y poco solidaria, así como irracional y hasta ecocida al negar la existencia de los efectos adversos mundiales de los GEI y las SAO y de la crisis climática que vivimos”.

Al respecto, Sagot puntualizó que “es claro que nuestro Estado a la fecha no busca un clima seguro, pues tiene normas que datan de inicios del siglo pasado que autorizan las quemas agrícolas sin pensar en nada más que ahorrar unos colones a empresas como las que trabajan la caña de azúcar”.

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