La reforma al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte que aprobó la Caja Costarricense del Seguro Social ayer pasado 12 de agosto, dejaría sin derecho a una pensión pronta a más del 20% de las mujeres, que históricamente han accedido a este derecho teniendo menos de 63 años.
Según datos de la Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, publicados semanas atrás por UNIVERSIDAD, el 41,79% del total de pensionadas del 2020 lo hicieron teniendo menos de 65 años. Además, un criterio del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (Imas) indicó en julio pasado que el 45.5 % de esas mujeres que se acogieron a la pensión anticipada tienen entre 59 años y 10 meses y 60 años y 7 meses.
De esta forma, es posible concluir que el año anterior, al menos un 19% (sin contemplar las mujeres con edades entre los 60 años con 7 meses y 62 años con 11 meses) se pensionaron en condiciones que desaparecen con la nueva reforma.
A pesar de la alta incidencia de pensiones adelantadas e incluso, de pensiones con monto reducido por las que optan las mujeres —a las que acceden mujeres menores de 65 años que no alcanzan las cuotas de ley— el Inamu había propuesto “establecer una acción afirmativa dirigida únicamente a las mujeres de manera que ellas puedan acceder a una pensión anticipada a la edad de 62 años”.
La CCSS, sin embargo, se decantó por eliminar la opción de adelanto y aplicar los 65 años que establece la ley para los hombres, y sí conservó esa posibilidad para las mujeres, aunque a partir de los 63 años de edad. Además se requiere un mínimo de 300 cuotas para hombres y mujeres por igual.
Hasta ahora y de acuerdo con el artículo 5 del Reglamento del IVM, las mujeres podían acceder a pensionarse desde los 59 años y 11 meses, si compensaban con mayor cantidad de cuotas mensuales (450). Igualmente, los hombres podían retirarse a partir de los 61 años y 11 meses con al menos 462 cuotas. Tras la modificación, que entrará en vigencia dos años después de su publicación en La Gaceta, sólo podrán pensionarse las mujeres de 63 años de edad en adelante, compensando con cuotas de la siguiente forma:
Eugenia Salazar, abogada con experiencia en derechos de las mujeres y observadora en la Mesa de Diálogo que el Inamu realizó previo a su propuesta, comentó que las condiciones son desfavorables para las mujeres, desde antes y ahora, pues la mayor dificultad es que logren completar las cuotas necesarias para acceder a la pensión.
“Las mujeres tienen recargadas tradicionalmente las labores de cuido de niños, familiares enfermos, adultos mayores, etc. entonces muy regularmente interrumpen su trayectoria laboral y al final, llegan a la edad sin las cuotas suficientes”, dijo.
La jurista Ana Elena Obando indicó que “cualquier trato que sea aparentemente igual pero que tenga efectos desfavorables o de menoscabo” para las mujeres es discriminatorio.
“Existe una interpretación incorrecta del principio de igualdad, así como del principio de no discriminación contemplado en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”, indicó. Esto se debe, consideró, a que no se toma en cuenta que las mujeres trabajan “muchísimas más horas que los hombres”. “La mayoría de las mujeres tenemos a cargo el trabajo del cuido de hijos e hijas así como de las personas adultas mayores, además realizamos la mayoría de las tareas del hogar o trabajo doméstico no remunerado, más el trabajo remunerado”, agregó.
De esta forma, para Obando, “la decisión de la CCSS constituye un retroceso, pues se nos obliga a trabajar más años y por ende más horas que los hombres para completar las cuotas y acceder al régimen de pensión. El Banco Central ha calculado en un 25% del Producto Interno Bruto (PIB) todo el trabajo invisible que hacemos las mujeres y en el contexto de pandemia nuestra jornada se ha triplicado. Todo el trabajo de cuido y enseñanza que asumían los centros de cuido y las escuelas ha sido trasladado al hogar, sin contar que además somos quienes estamos a cargo de las personas enfermas en los hogares”, puntualizó.
Salazar por su parte señaló que lo que hace falta son verdaderas acciones afirmativas para las mujeres, porque las aplicadas “no lo son” y perpetúan la desigualdad. Según su criterio, por ejemplo, las desigualdades entre el acceso a pensión completa de mujeres en el sector público y privado evidencian las carencias, e incluso, señalan el camino.
“En el sector público, que tiene estabilidad y acceso pleno a derechos laborales, las mujeres interrumpen mucho menos sus vidas laborales, aún criando hijos o cuidando familiares, pero en el sector privado eso no es así y hay que resolverlo. Hay que garantizar condiciones para que las mujeres no tengan que interrumpir su trayectoria laboral por realizar una tarea que al final, es social, como el cuido”, dijo.
La especialista también señaló que las instituciones del estado deben garantizar mayor rigurosidad en el cumplimiento de los derechos de las mujeres en el trabajo, pues muchas se enfrentan a empleos con condiciones y salarios precarios, y con patronos morosos con la CCSS, lo que luego impacta su acceso a la pensión.
