El nombramiento del rector de la Ucimed, Pablo Guzmán Stein, como representante de la Uccaep ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) –el pasado 16 de abril– provocó gran disconformidad entre la Academia, los profesionales y sindicatos de Ciencias Médicas.
El rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen, expresó a mediados del mes de mayo que el nombramiento de Guzmán Stein podría generar un conflicto de intereses.
“El nombramiento del señor Pablo Guzmán como un representante del sector privado en la Junta Directiva de la CCSS es inconveniente, pues genera un alto potencial de riesgo de conflictos de interés que debe ser previsto y evitado en la administración pública. Sería igualmente inconveniente que, en la misma instancia, se nombrara al rector de la UCR. Ello no solo perjudicaría el equilibrio deseado, sino que sería un descrédito político para la CCSS y, en esta hipotética situación, también para la UCR”, aseguró el rector.
Asimismo indicó que con el señor Guzmán en la directiva, “en temas generales y contextuales de salud propios de la CCSS, existe la posibilidad de repercusiones sobre la formación médica, que serán de su inmediato interés”.
A esta posición se sumó la vicerrectora de Docencia de la UCR, Marlen León, quien aseveró que el rector de la Ucimed posiblemente velará por la protección de los beneficios para esa organización.
“El deber de probidad llama a evitar colocarse en situaciones de conflicto de interés. Al aceptar el nombramiento en la Junta Directiva de la CCSS, la obligación legal de evitar inmiscuirse en situaciones de conflictos de interés podría considerarse violentado”, argumentó León.
Sindicatos descontentos
El pasado 21 de mayo, el presidente del Sindicato de Médicos Especialistas (Siname), Mario Alberto Quesada, envió una carta al presidente Carlos Alvarado, en la cual le pidió no ratificar a Guzmán Stein como directivo de la CCSS pues considera que su nombramiento genera un conflicto de intereses.
“Para nadie es un secreto que el señor Guzmán, al ser rector y delegado de una universidad privada con intereses en el uso de las instalaciones y los recursos de la CCSS, ha pugnado en estratos judiciales (…) en procura de intereses privados, lo cual no resultaría ser violatorio del ordenamiento jurídico en el tanto no se desplacen los intereses de la colectividad, por intereses de un grupo minoritario (…)”
“Poner al señor Guzmán Stein dentro de la Junta Directiva de la CCSS pone a prueba el principio de probidad en la administración pública que todo funcionario público debe respetar, pues es evidente y manifiesto que tiene intereses personales muy fuertes que entran en relación directa y continua con la administración de esta noble institución”, externó el presidente del Sindicato.
La Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, la cual representa a 70 sindicatos del país, envió también una carta al presidente Carlos Alvarado el 25 de mayo anterior, en la cual le pidió no ratificar a Guzmán Stein en el cargo, pues “ha gestionado ante el Tribunal Contencioso acciones que perjudican la seguridad social del país, como el hecho de que no se cobren los campos clínicos a estudiantes de universidades privadas”.
El grupo de sindicatos aseguró que la Ucimed vende servicios a la CCSS por concepto de cursos de bioética; razón por la cual, que Guzmán Stein integre la Junta Directiva generaría un conflicto de intereses.
Asimismo, señalaron que, de acuerdo con el Artículo 18 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, los miembros de las juntas directivas “no podrán figurar registralmente como representantes o apoderados de empresas privadas (…) cuando tales empresas presten servicios a instituciones o a empresas públicas que, por la naturaleza de su actividad comercial, compitan con ella”.
Finalmente, el Sindicato de Enfermeros (Sinae) rechazó también el nombramiento de Stein, argumentando que los miembros de la Junta Directiva de la Caja deben tener un adecuado equilibrio entre intereses privados y públicos; sin embargo, “en el caso de Guzmán Stein parece no garantizarse”.
En los próximos días, el Consejo de Gobierno debera decidir si ratifica o no el nombramiento del representante de los patronos. A la fecha, solo ocho representantes de los nueve que conforman la directiva han sido ratificados y juramentados por el Gobierno.
