Abogados sostienen que Gobierno no debe aceptar arbitraje solicitado por minera Infinito

El abogado Álvaro Sagot analizó la situación legal del caso Infinito Gold, durante el conversatorio celebrado el 6 de marzo en Ciencias Sociales de

El abogado Álvaro Sagot analizó la situación legal del caso Infinito Gold, durante el conversatorio celebrado el 6 de marzo en Ciencias Sociales de la UCR (Foto: Mauricio Álvarez)

No se debe aceptar el arbitraje internacional que quiere imponerle al Estado costarricense la minera canadiense Industrias Infinito Gold, por la anulación del permiso para la exploración  de una mina de oro a cielo abierto en Las Crucitas, frontera norte.

Lo anterior fue planteado en un conversatorio de abogados ambientalistas, que se realizó el pasado 6 marzo en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Cabe recordar que Industrias Infinito presentó el pasado 6 de febrero una demanda  por $93 millones (¢52.545 millones al cambio actual) contra Costa Rica en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), y esa entidad del Banco Mundial −con sede en Washington− inscribió la demanda para darle curso el 4 de marzo.

La empresa reclama supuestas violaciones del Estado costarricense al acuerdo para la promoción y protección de las inversiones, vigente con Canadá, en relación con la expropiación y “medidas equivalentes”, trato “justo y equitativo”, obligación de brindar “total protección y seguridad”, trato de “nación más favorecida” concedido en tratados con Taiwán, Corea del Sur y otros.

Infinito alega que la Sala I de la Corte Suprema de Justicia −la cual ratificó la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) que en el 2010 anuló  por ilegales los permisos para la explotación minera que le había aprobado el Gobierno− le ha aplicado una expropiación al cancelar su concesión minera y ordenarle pago por daños ambientales y la Sala IV no ha corregido esto. A la demanda por $93 millones agrega el monto de la indemnización en Costa Rica, los intereses y costas del proceso.

El abogado y diputado José María Villalta sostuvo, en el foro, que aceptar el arbitraje obligatorio que Infinito quiere imponerle a Costa Rica sería no solo desconocer a los tribunales costarricenses y la legislación ambiental del país, sino cercenar derechos consagrados en la Constitución Política. Implicaría, por ejemplo, renunciar al derecho de los habitantes a participar en la resolución de conflictos ambientales y defensa de los recursos naturales, al quedar excluidos de estos procesos de arbitraje internacional. “Sobran las razones para que Costa Rica se niegue a acudir al arbitraje en el Ciadi, ya que es improcedente y lesivo para los intereses nacionales. Nuestro gobierno no solo debería negar su consentimiento, sino que tiene la obligación de rechazar esta agresión a la  soberanía nacional. No hacerlo sería traición a la Patria”, afirmó Villalta, quien expuso  la estrategia que ha empleado la empresa desde el inicio, de amenazar con demandas ante el Ciadi, como mecanismo de presión política al Gobierno, para que se le concedieran los permisos.

Entre los expositores en el foro estuvo  Nicolás Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la UCR, quien contextualizó las actuaciones del Ciadi y las demandas planteadas en esa entidad del Banco Mundial, en especial las que enfrenta Costa Rica y otras naciones latinoamericanas.

Mientras tanto, Álvaro Sagot, uno de los abogados que presentó la demanda contra la concesión minera en el TCA, hizo un recuento de la forma irregular en que se tramitaron los permisos dados a la minera canadiense y que llevaron a su anulación por parte del TCA.

La sentencia del TCA (voto 4399-2010) determinó que hubo “fraude de ley” y “orquestación de voluntades”,  por lo que el permiso ambiental otorgado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el decreto de conveniencia nacional y permiso de tala fueron absolutamente ilegales y nulos, y pidió iniciar una investigación a una serie de funcionarios presuntamente responsables, entre ellos el expresidente Óscar Arias.

Entre las irregularidades cometidas, se citó que en el permiso de tala se consideró un inventario forestal que incluyó especies marinas, de páramo y hasta algunas que no existen en el país. Se eliminó un camino público en el área de la explotación minera, sin acudir a la Asamblea Legislativa para obtener la desafectación por medio de una ley ordinaria previo a la viabilidad ambiental, como debió de ser.

Para Sagot, son claras las violaciones a la legislación nacional por parte de la empresa, que “tiene todas las de perder”, por lo que cree que se debe ir al arbitraje, aunque posteriormente –ante una pregunta− dijo que al opinar así no había visto aún información relevante que aportó en el foro José María Villalta.

FISCALIZACIÓN

“Tras que deben cobran”, reclamó el abogado y diputado electo Edgardo Araya, refiriéndose a la acción de Infinito, una empresa –dijo− que no se caracteriza por respetar la normativa ambiental, y que en este caso propició y cooperó en las irregularidades administrativas y las violaciones a la ley que se cometieron en el trámite de los permisos, y ahora no puede reclamar por actos que, por nulos, no le generaron derechos.

Araya resaltó que la lucha contra la concesión minera ha sido fundamentalmente de las comunidades organizadas de la zona norte, y en el eventual arbitraje esas comunidades no tendrán participación.

El temor es que con un Estado que por todos los medios intentó que la concesión se diera, cómo va a ir a decir ahora que estuvo bien que se anulara, comentó el abogado. Dicho temor también fue mencionado por otros participantes, ante el anuncio que hizo en días pasados René Castro, ministro de Ambiente, de que se nombraría una comisión para la defensa del país en el arbitraje,

En opinión de Araya, no se debe ir al arbitraje, y si hubiera que ir, se debe tomar en cuenta la experiencia de las comunidades y fiscalizar a los abogados que van a hacer la defensa.

Sobre este mismo punto, el  profesor Boeglin recordó una frase dicha por él en un documental llamado “El oro de los tontos”, y por la que Infinito le puso una demanda de $1 millón (juicio que la empresa perdió): “Ellos (la empresa) cuentan aquí con un aliado de peso que es el propio Estado, que les sigue prácticamente la corriente a todo lo que ellos digan, o sea, no hay ninguna distancia por parte del Estado. Entonces imagínese (pensemos hipotéticamente) una empresa yendo al arbitraje y que tiene que alegar y contra alegar frente a un Estado que está arrodillado a todas sus voluntades”.

Según el biólogo Jorge Lobo de la UCR, uno de los ambientalistas que lideraron la oposición a la concesión minera, ahora la bandera de lucha debe ser retirar al país del Ciadi (como lo han hecho varias naciones latinoamericanas).


José María Villalta: Es anticonstitucional

En criterio del legislador José María Villalta, se debe hacer todo lo que esté al alcance para impedir que el Gobierno “nos embarque en esa barbaridad” del arbitraje solicitado por Infinito Gold, donde los jueces que se designan son abogados expertos en conflictos comerciales y no tienen que conocer ni aplicar la legislación ambiental del país.

Ahora Infinito, con el argumento de que se trata de una reclamación pecuniaria, está tratando de imponerle al Estado un arbitraje obligatorio, aprovechando el tratado bilateral de inversiones con Canadá, a pesar de que en este caso se cumple el supuesto de que un caso resuelto por los tribunales del país no puede ser llevado a arbitraje.

El problema es que el tratado de libre comercio firmado con Canadá dice que cada parte se compromete “a otorgar su consentimiento incondicional” para  someter una diferencia al arbitraje internacional.

En opinión de Villalta, esta cláusula de arbitraje obligatorio es inconstitucional, porque viola un principio básico establecido en la Constitución, como es el que los arbitrajes son voluntarios.

El Estado y cualquier persona debe tener la posibilidad de dar su consentimiento o no, analizando cada caso concreto, y de eso hay antecedentes, como el que se dio en el gobierno de Abel Pacheco, que se negó a ir a un arbitraje con una empresa petrolera que quería llevar al país al Ciadi, por la denegación de permiso de exploración petrolera en el Caribe, recordó Villalta.


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