Uno de los abogados que ha impulsado la lucha en el caso de Aldesa, en representación de dos personas afectadas, por supuesta administración fraudulenta con los fondos del proyecto Monte del Barco, presentó una solicitud a los magistrados de la Corte Plena, con el fin de que cesen el nombramiento de la Fiscala General, Emilia Navas por conflicto de intereses, lo que el denunciante considera se ve reflejado en irregularidades e inacción por parte del Ministerio Público en la investigación de dicho caso.
De acuerdo con el abogado Ronny García, desde hace más de 8 años se tramita el expediente 12-1913-175-PE por perjuicio patrimonial superior a $100 millones a más de 160 inversionistas por parte de la empresa Aldesa, la cual administraba el Fondo de Proyectos Inmobiliarios Monte del Barco, en el cual el esposo de Emilia Navas, Francisco Campos es defensor de los querellados.
También denunció el incumplimiento de deberes de los fiscales a cargo del expediente, así como en el expediente 19-000002-1218 por administración fraudulenta en el fondo de Renta y Plusvalía por la venta de un inmueble en menos de $2 millones al último avalúo físico.
“Solicité que aprueben el cese del nombramiento de la Fiscala, trasladándola a otro puesto pue es evidente y notorio el conflicto de intereses en que se encuentra, al ser su compañero sentimental defensor de los imputados de Aldesa Corporación y donde el Ministerio Público se ha mostrado omiso y pasivo a la hora de diligenciar este asunto”, indicó García.
Precisamente esa inacción, afirmó el abogado, ha provocado graves irregularidades y atrasos en la tramitación de la causa, lo que incluso le llevó a denunciar a los fiscales a cargo por incumplimiento de deberes.
García explicó que en junio de 2013 , sin dar aviso ni participación a las víctimas, el querellado Javier Cháves (dueño de Aldesa) se reunión en privado con los fiscales y auditoras contables del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los cuales también ingresaron a los terrenos del proyecto Monte del Barco sin participar a las otras partes.
Incluso, añadió el abogado, el OIJ rindió un informe contable sin haber terminado de recabar el Ministerio Público toda la prueba, ordenada por un juez penal, escuchando únicamente el criterio del imputado Javier Cháves y sin posibilidad de réplica de los denunciantes.
“La Fiscalía solicitó el sobreseimiento definitivo en dos oportunidades, solicitudes que ante la protesta de las víctimas, el Juzgado Penal ha rechazado, ordenándole al Ministerio Público terminar de recabar toda la prueba de Aldesa Corporación; la cual más de siete años después, no se ha recogido en su totalidad, lo que muestra un desinterés en el proceso”, dijo el abogado.
