Profesional recibe plus por dedicación exclusiva

Abogado laboralista del BNCR lidera demanda millonaria contra banco

Un abogado especialista del Banco Nacional, con dedicación exclusiva pagada por la institución, lidera una demanda millonaria contra el propio Banco.

Un abogado especialista del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), con dedicación exclusiva pagada por la institución, lidera una demanda millonaria contra el propio Banco en representación de más de 400 funcionarios.

Mario Rodríguez Zamora, quien labora para la Dirección Jurídica del Banco y es especialista en derecho laboral, presentó el pasado 15 de junio una demanda por la reducción de una bonificación salarial establecida en la Convención Colectiva.

El reclamo fue llevado ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José.

Este bono en discusión es conocido como el Sistema de Evaluación del Desempeño e Incentivo (SEDI) y su porcentaje fue recortado este año por la Junta Directiva del BNCR, tras recibir un informe de la Contraloría General de la República (CGR).

Según el texto de la demanda 15-780-166-LA, en poder de UNIVERSIDAD, Rodríguez actúa como apoderado especial judicial de los demás demandantes.

Para ofrecerse a representar a al menos 24 compañeros del Banco, Rodríguez utilizó el correo electrónico de la institución y envió a estos empleados una carta modelo de poder especial para que consignaran en ella sus datos personales.

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“Adjunto les envío el poder especial para el proceso del que hemos hablado, por favor complétenlo y me lo hacen llegar a la oficina”, reza el correo, enviado el miércoles 3 de junio a las 10:42 a. m. desde su cuenta del Banco Nacional.

Al mismo tiempo, el abogado está inscrito ante el Registro Nacional como apoderado judicial del BNCR y lleva años con acceso a información privilegiada de su patrono bajo el secreto profesional.

Rodríguez explicó que, en su opinión, su accionar no constituye un conflicto de intereses ni una violación de su dedicación exclusiva, porque él es uno de los afectados por la reducción en el premio salarial.

“Si yo soy parte, a mí no me pueden conculcar el derecho de que yo demande a mi patrono porque si fuera así, me están violando un derecho constitucional. Al ser yo parte, la prohibición del ejercicio liberal de la profesión está levantado”, explicó Rodríguez.

El Reglamento al Régimen de Dedicación Exclusiva del Banco Nacional (reglamento 11.382) establece varias excepciones para ejercer la profesión, entre ellas para tratar “los asuntos personales, de su cónyuge, ascendientes y descendientes, hasta un tercer grado de consanguinidad y afinidad”.

El reglamento detalla que estas actividades deben realizarse fuera de jornada laboral y que, en caso de contraposición, tendrá prioridad el Banco.

La Directora Jurídica del BNCR, Marietta Herrera, confirmó que Rodríguez tiene dedicación exclusiva pero eludió calificar su accionar.

La demanda aún no ha sido notificada al Banco Nacional. El Lic. Rodríguez tiene dedicación exclusiva por lo que la determinación de si se violentó la dedicación exclusiva se hará cuando oficialmente se notifique la demanda al Banco”, contestó Herrera por correo electrónico.

Rodríguez, a su vez, argumentó que como “la pretensión procesal (de los otros funcionarios) es exactamente la misma” y él ya es parte del proceso a título personal, no tiene inconveniente en representar a los demás empleados.

Aunque el abogado detalló que no está cobrando por representar a los otros funcionarios, reconoció que los procesos laborales fijan un honorario de entre 15% y 25% del monto que tenga que pagar el patrono.

La demanda aún no ha sido notificada al Banco Nacional. El Lic. Rodríguez tiene dedicación exclusiva por lo que la determinación de si se violentó la dedicación exclusiva se hará cuando oficialmente se notifique la demanda al BancoMarietta Herrera, Directora Jurídica del BNCR

También señaló que “no es inusual” que los juzgados, quienes definen qué porcentaje se debe pagar como honorarios, declaren que “no haya honorarios”.

Considerando que el Banco Nacional recortó en cerca de ¢6.000 millones la bonificación general por concepto del SEDI (que debería pagar un premio equivalente al 15 por ciento de las utilidades, pero durante años pagó más), eso significa que cada uno de los poco más de 5.400 empleados que se rigen por este sistema podría reclamar, en promedio, cerca de medio millón de colones.

En entrevista con UNIVERSIDAD, Rodríguez aseguró que ya son más de 500 empleados los que representa en la demanda. Sin embargo, el texto presentado ante los tribunales incluye solamente 408, uno de ellos el propio Rodríguez.

Si no suma más actores a su demanda, y cada uno de esos 500 empleados que representa recibe medio millón de colones y el juzgado determina un 15% de honorarios, el abogado podría recibir más de ¢37 millones de honorarios. También puede no recibir nada si el Tribunal da la razón al Banco.

El posible conflicto de interés llegó al conocimiento de la Auditoría Interna del Banco mediante una denuncia anónima presentada a mediados de junio, y el auditor de la institución, Ricardo Araya, confirmó que reúne las características mínimas para darle curso.

“De ese tema no me puedo referir por un tema de legalidad. Entonces le puedo decir que le estamos dando el trámite pero no puedo darle mayores detalles”, explicó Araya.

El tema de la denuncia fue tratado en la Junta Directiva, según confirmó la directora del BNCR Ana Isabel Solano. Sin embargo, detalló que al no estar dirigida la denuncia a la Junta, no fue un punto oficial en la agenda.

El diputado Ottón Solís escribió el 10 de julio a la Junta Directiva del BNCR para consultarle sobre el caso. En su respuesta, fechada el 20 de julio, los directivos reconocieron que existía una investigación pero todavía en etapa confidencial.

“Ninguno de los funcionarios que usted menciona son subordinados de la Junta Directiva General, por lo que quien tiene competencia en esa materia es el Gerente General”, según la carta firmada por el secretario general, Rodolfo González.

Dirección Jurídica

Entre los representados de Rodríguez figuran 23 abogados, notarios, asistentes legales y administrativos de la Dirección Jurídica del Banco, de un total de 29 personas en este departamento. La directora Herrera no figura entre los representados.

Ante esto, cabe la posibilidad de que el Banco se vea obligado a contratar a un bufete externo para poder defender sus intereses, dado que su abogado laboralista y la mayoría del personal jurídico se sumaron a la demanda.

Me imagino (que habrá que contratar un bufete), porque muchos de los actores son de la dirección. Evidentemente habría un conflicto de interés si yo tuviera alguna relación con la defensa de los intereses del Banco en ese caso, obviamente no lo voy a hacer”, explicó Rodríguez, al ser consultado si él vería el caso desde la posición del Banco.

Sin embargo, en un correo dirigido al resto de la Dirección Jurídica el miércoles 10 de junio, Herrera explica que fue informada de la decisión del grupo de interponer una denuncia contra el Banco e indica que no deben usarse horarios o recursos del Banco. En la misiva, la directora reconoce la necesidad de un bufete externo.

“La Gerencia General fue debidamente informada en ese momento de esa decisión, para que con suficiente antelación se procediera a la contratación del abogado que defendería los intereses del Banco en la referida demanda”, indica el correo.

Consultada por UNIVERSIDAD, la Directora Jurídica señaló desconocer que Rodríguez hubiera enviado una carta modelo a otros funcionarios usando la cuenta institucional del BNCR.

En su condición de Directora Jurídica, Herrera figura como uno de los tres testigos que aportó Rodríguez en su alegato contra el Banco, así como la Directora de Desarrollo Humano, Wendy Monge, y el Gerente General interino, Juan Carlos Corrales.

Fiscalizador despedido tras presentar denuncia

Tras denunciar, de manera anónima, al abogado laboralista ante las autoridades del Banco Nacional (BNCR), el jefe de la Unidad de Fiscalización Legal fue separado de su puesto un mes antes de que su contrato terminara.

El ahora exjefe de la unidad, Gabriel Zamora, explicó que denunció a Mario Rodríguez y a la Directora Jurídica, Marietta Herrera, por no tomar ninguna acción.

“Días después, la señora Herrera me comunicó la rescisión de mi contrato laboral por “falta de idoneidad en el puesto”, explicó Zamora.

La Directora Jurídica confirmó la rescisión del contrato y explicó que el Banco realizó pruebas psicométricas para mantenerlo en el puesto y Zamora no alcanzó la puntuación para seguir liderando la unidad.

Según Herrera, Zamora fiscalizaba a los abogados externos, no al personal de su departamento.

 


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