El cierre de este 2022 deja al sector agrícola del país en llamas: los productores están ahogados por préstamos caros, insumos agrícolas con precios por las nubes, pagos debajo de los costos y desalojos de casa, tierras y herramientas de trabajo.
“Hace 30 o 40 años empezó el abandono, pero en los últimos 10 años se puso aún peor. Nos dejaron abandonados completamente. No recuerda el Gobierno que, cuando se sientan en la mesa, todo lo que les llega viene de los agricultores”, dijo Blanca Viquez, una líder comunal de 75 años que durante décadas se dedicó a la siembra de papa y cebolla en Llano Grande de Cartago.
Viquez perdió un hijo, quien presionado por las deudas se quitó la vida en el 2020, y cuenta otras siete muertes entre hombres jóvenes en su comunidad y aledañas como resultado de los desalojos que sufren los agricultores: 37% del trabajo de los hombres en las zonas rurales es del sector primario (agricultura, ganadería y pesca), según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) del III trimestre 2022.
“El Gobierno tiene la culpa, ellos ofrecen cuando vienen a buscar votos y, montados en la silla, no se acuerdan de lo que ofrecieron”, Blanca Viquez, productora de Cartago.
“Dios guarde. Es la agricultura. ¡La agricultura! Si la destruyen, ¿qué va a ser del país? Si todos los agricultores buscan la ciudad, ¿de qué vamos a comer? Ya no hay papa, aquí ya no hay papa, vendieron todo, no dejaron semillas. La zanahoria nunca había llegado a ₡60 mil el quintal, el chile está a ₡500 ¿Y cuántos tamales hace usted con un chile?”, lamentó Viquez.
La papa es el producto alimenticio con mayor aumento de precio con una inflación del 134% en el último año, según datos del INEC a octubre, seguido por el chile dulce (81%), la zanahoria (72%), el apio (70%), el repollo (77%), el aceite (53%), la cebolla (52%), la yuca (48%) y el café (48%).
El sector agrícola es una empresa altamente riesgosa, ya que es vulnerable al clima y, en años recientes, al alza de los precios internacionales en agroquímicos y concentrados (ya que en Costa Rica no se producen) agravados por la crisis de contenedores y la guerra entre Ucrania y Rusia.
La morosidad en la cartera de crédito agrícola aumenta desde el 2016 y en diciembre del 2021 rompió récord con un saldo agropecuario en riesgo es superior a ₡68.920 millones, lo que representó un 14,3% de la cartera total agropecuaria y un aumento del 3,9% con respecto año anterior, según datos de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa). “Es un tema al que se debe prestar especial atención”, dice el informe de Sepsa.
Esto, sin embargo, es minimizado por el jerarca del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Víctor Carvajal: “Tampoco es que exista, a niveles de indicadores, datos de mora que hagan ver que es una situación extrema a nivel general”, respondió a UNIVERSIDAD.
El productor de cebolla Jeison Leiton, vicepresidente del Encuentro Social Multisectorial, sí considera que el sector está ampliamente afectado: “El sector agropecuario está siendo víctima de una carnicería financiera. Bancos públicos, banca privada van tras los patrimonios de las y los productores. No hay una política agrícola que nos permita a nosotros acceder a un verdadero refinanciamiento. No hay un plan de salvamento para el sector agropecuario”.
Lo segundo sí es admitido por el ministro Carvajal: “El sector ciertamente ha estado carente de políticas públicas que incidan directamente en su productividad y en diferentes problemas”.
Viquez advierte que el abandono tiene un costo para la democracia que pagaremos todos, porque cada año es menos el interés en votar en las zonas rurales y el sector presiente que la incorporación a la Alianza del Pacífico será la última estocada.
“Nadie va a ir a votar. Nadie va a ir a votar si este Gobierno no ayuda. El Gobierno tiene la culpa, ellos ofrecen cuando vienen a buscar votos y montados en la silla no se acuerdan de lo que ofrecieron”, pronosticó.
Por otro lado, Leitón visualiza mayor pobreza en al país y desempleo, en un país en el que el 45% de la población no sabe si sus ingresos alcanzarán para llegar a fin de mes, haciendo referencia al último informe del Estado de la Nación, escenario que se volvería crítico si el país tuviera que enfrentar desabastecimiento ante una crisis mundial de alimentos en el que los países importadores cierren fronteras comerciales o suban sus precios de forma exorbitante.
“Son demasiados los agricultores que se están quitando la vida, mi hijo dejó tres chiquitos”
Blanca perdió a su hijo en el 2020 agobiado por las deudas, desde entonces cuenta otras siete muertes. Ministro del MAG lo minimiza: “en efecto, hay personas que se han quitado la vida, pero eso también sucede en muchas otras áreas y es complicado achacarse a una situación”.
CNP y la “ruta de la ruina del arroz”
El otro gran golpe al sector lo dieron los decretos de la Ruta del Arroz, firmados en agosto, ya que los productores denuncian que los industriales ofrecen pagos “ruinosos” por sus cosechas, lo que provocó un abandono de la actividad a pasos agigantados.
El arroz es uno de los productos agrícolas de mayor consumo interno en el país, junto con el frijol, ambos altamente dependientes de las importaciones y ahora ambos sometidos a los vaivenes de los precios internacionales.
“Es la ruta de la ruina del arroz. Es la ruina del productor nacional, del pequeño y mediano productor. Porque lo que, según él, dijo (Rodrigo Chaves): vayan duerman tranquilos. Claro, vamos a dormir tranquilos porque no vamos a suspirar más. Nos está enterrando, nos está destruyendo”, exclamó Luis Gerardo Correa, productor arrocero de Liberia, a las afueras de Casa Presidencial.
Desde el anunció de la Ruta del Arroz por parte del presidente Rodrigo Chaves, la producción de arroz cayó un 52%, el área de siembra un 49% y la cantidad de productores un 28%, según datos de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), la cual el mandatario pidió cerrar a cambio de subsidios para los arroceros.
Los altos jerarcas del Poder Ejecutivo dejaron a los arroceros al borde de la ruina en manos de un Consejo Nacional de Producción (CNP) paralizado por la regla fiscal, que reporta una reducción en compras por ₡25 mil millones en el último año y deudas por otros ¢25 mil millones, pese a que registra mayores ganancias en el último año, pues la ley le impide usar sus ingresos propios.
CNP debe ₡25 mil millones a productores: “Tenemos como meta cancelarla en 2023”
Según el presidente ejecutivo, Adolfo Ramírez, la institución tiene un mercado para micro, pequeñas y medianas empresas agroproductivas en desarrollo con ingresos propios para pagar, pero la regla fiscal le impide utilizarlos.
Y en los meses siguientes, con la firma de los decretos, los industriales empezaron a pagar de forma “ruinosa” sin cubrir los costos de producción y el sector se volcó a esta institución que con tanta seguridad el presidente puso a disposición de los arroceros.
Sin embargo, a pesar de la promesa de Chaves de que “nadie se quede sin vender arroz”, el CNP tiene un tope a sus compras por presupuesto y por demanda: “No podemos comprar más de lo que vamos a distribuir a los clientes”, explicó Adolfo Ramírez, presidente ejecutivo del CNP.
“Lo que le decíamos a las industrias es que no vemos la necesidad de que el precio lo hayan bajado tanto. No entendemos a qué corresponde que al final llegaron a precios en esas condiciones. Si yo fuera productor, claramente trato de buscar el mejor espacio donde se me vaya a pagar mejor. Y eso genera incertidumbre en el sector productivo”, agregó Ramírez.
Todas estas situaciones afectan en mayor medida a los pequeños productores, quienes, tras años de abandono político, fueron despojados de posibilidades de competencia contra las importaciones subsidiadas desde sus países de origen, cuyos excedentes encuentran espacio en las grandes cadenas de supermercados que se niegan a pagar el precio justo al productor nacional.
