A un año de que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional (Conassif) decidiera intervenir la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Servidores Públicos R.L. (Coopeservidores), miles de personas siguen sin recuperar hasta el 50% de su dinero y muchas temen nunca recobrarlo.
El 13 de mayo del 2024, el Conassif decidió intervenir la cooperativa argumentando que las decisiones de su administración estaban poniendo en riesgo su estabilidad y solvencia y nombró como interventor —que luego pasó a ser resolutor— a Marco Hernández, quien tiempo atrás se encargaba justamente de la supervisión del sector cooperativo.
Hernández determinó, a poco tiempo de iniciado el proceso, que la totalidad del dinero que tenía la cooperativa en sus cuentas de capital social y ahorro de capital se habían perdido, y anunció que Coopeservidores era inviable. De seguido, dividió la cartera en un “banco bueno” de operaciones saludables para venderlas y un “banco malo” que se administraría por medio de un fideicomiso.
Luego de recibir ofertas de varias entidades financieras por la cartera saludable, el resolutor Hernández anunció que por recomendación suya el Conassif había decidido vender la mayor parte de esos activos al Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC). En consecuencia, se podrían reintegrar la totalidad de los ahorros, depósitos u otras operaciones a quienes tuvieran un monto máximo de ₡6 millones, mientras que quienes tenían más de ese monto perderían, inicialmente, 49,32% del excedente.
En ese momento, Hernández aseguró que del remanente de activos —una buena parte de la cartera saludable y el “banco malo”— se esperaba recobrar aún más dinero para aumentar el porcentaje que recuperarían los ahorrantes e inversionistas, pero, a un año de iniciado el proceso, miles de personas afiliadas no han recuperado un colón más del 50,68% prometido y algunas más bien aseveran haber recibido menos.
Además, hay quienes perdieron acceso a la totalidad de los recursos, pues la persona titular del dinero falleció (por causas naturales o en algunos lamentables casos, por razones asociadas al colapso de la empresa) y el camino para que sus herederos cobren se ha llenado de obstáculos.
Varias personas entrevistadas por este Semanario y voceros de grupos de afiliados afirman que han recibido como máximo ese 50,68% aunque sus ahorros ascendieran a varios millones, lo que ha implicado cuantiosas pérdidas. Además, dicen que, con los pocos esfuerzos que parecen estarse haciendo por parte de la resolución para vender activos, tienen poca esperanza de recuperar mucho más.
Y es que el descalabro de la empresa ha tenido para miles de costarricenses no solo un altísimo costo económico, sino que ha implicado afectaciones en la salud física y mental, rupturas familiares, inestabilidad y hasta pérdidas humanas, según contaron los mismos afectados (ver nota aparte “La debacle de Coopeservidores cobró millones de colones, la salud mental de miles y hasta vidas humanas”).
En un comunicado enviado por un grupo de afiliados, miles de familias reclamaron justicia y denunciaron haber perdido el 49,32% “de nuestro patrimonio y nuestros sueños”. “La tragedia no fue solamente económica, muchos enfrentan hoy necesidades básicas insatisfechas, trastornos psicológicos, cuadros severos de ansiedad, patologías físicas, e incluso suicidios causados por el estrés”, reza el documento.
Si bien es cierto entre múltiples afiliados —que UNIVERSIDAD entrevistó, pero que pidieron no consignar sus nombres— hay opiniones encontradas sobre si mediaron o no acciones delictivas en la administración de Coopeservidores o si fue oportuna la intervención, sí hay consenso en la insatisfacción con la supervisión de la Sugef y las formas en que se ha ejecutado la resolución de la cooperativa.
Por ejemplo, existe un reclamo generalizado de que la intervención y resolución recaiga en una sola persona —en este caso, Marco Hernández— a quien también cuestionan, pues fue supervisor de cooperativas y consideran que no realizó eficientemente su trabajo y que el caso mismo lo evidencia.
Los afectados reclaman que no ha habido comunicación fluida con Hernández, sino que se enteran mayormente por la prensa de las decisiones que se toman y señalan que se han tomado decisiones unilaterales que les han afectado, tal y como hacer rebajos en el precio de la cartera, no usar el Fondo de Garantía de Depósitos, no publicitar los activos en venta y no haber conformado aún el fideicomiso que exige la ley para administrar los activos.
Además señalan que no se trató de un desfalco cualquiera, sino de una “tragedia anunciada y mal gestionada”, pues desde años atrás existía evidencia del mal manejo de la cooperativa y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) tuvo conocimiento.
Como si esto fuera poco, cabe recordar que UNIVERSIDAD reveló en junio de 2024 que la cartera de crédito de Coopeservidores se había reducido ₡14.050 millones entre 2009 y 2016, y que esto fue evidenciado por un informe confidencial de la misma Sugef.
Dicho documento, emitido en diciembre del 2016, evidencia que la superintendencia conocía, ocho años antes de ordenar la intervención, la grave situación financiera de la cooperativa. Además, según apuntó el empresario y afiliado a Coopeservidores, Antonio Barzuna, en 2021 se generaron desde las auditorías externas a la cooperativa varias cartas que alertaron de que la situación “no estaba bien”.
“Yo tengo las cartas de gerencia que generaron los auditores externos de Coopeservidores desde el 2021. Eso quiere decir que la Sugef sabía que había un problema ahí de morosidad con esa cartera crédito y no solo de morosidad, sino de falta de garantías, plazos exagerados, etc. Entonces, si habían problemas con el ente que ellos están supervisando, ¿por qué sabiendo que habían hechos relevantes y hay un reglamento que indica que se le tiene que comunicar a las partes interesadas, nunca se nos comunicó?, dijo.
Por su parte, el líder del grupo de “Lucha CS” que agrupa a cientos de afiliados, Luis Marín, dijo que, según el análisis de expertos, Conassif decidió intervenir sin analizar una etapa de solución, es decir, de medidas para rescatar la empresa y con ella, a los empleados, acreedores y más. “La cooperativa tuvo una intervención tan abrupta, tan poco pensada, tan invasiva, que apenas empieza a operar la intervención empieza a deteriorarse tremendamente, más aceleradamente, los activos de la cooperativa”, indicó.
Así, tanto Marín como Bazuna y otras personas afectadas coinciden en que es necesario que se hagan reformas a la legislación vigente para que haya mayor participación de los inversionistas, prioricen el salvamento institucional, usen el Fondo de Garantías y aseguren procesos más transparentes.
En palabras del resolutor
Al cumplirse un año desde que comenzó la intervención, no solo los afiliados se han manifestado, sino que el resolutor, Marco Hernández, emitió un comunicado defendiendo su trabajo. En el texto, el funcionario aseveró que equipo resolutor está trabajando “con el objetivo de realizar una devolución adicional a los acreedores no garantizados”.
Así mismo, aseguró que las decisiones tomadas y el marco legal actual permitieron devolver a 162.224 personas (ahorrantes con menos de ₡6 millones) el 100% de sus recursos y a los restantes 5.488 afiliados, un 50,68% de su dinero sobre el exceso de los ₡6 millones.
Además, dijo que “se continúan las gestiones para conformar el fideicomiso” que debe administrar lo que resta de la cooperativa para “evitar remitir a la sede concursal una serie de activos sin que exista una administración profesional que vele por la mejor conservación de estos y los mejores intereses para los acreedores”.
Eso sí, la entidad resolutora admitió que el proceso hizo evidente que se deben realizar modificaciones a la ley para proteger “aún más y de manera aún más expedita” a los ahorrantes e inversionistas.
“Se espera que las distintas denuncias presentadas ante las autoridades judiciales competentes permitan esclarecer los hechos que se presentaron cuando la cooperativa estaba en normal funcionamiento”, reza el comunicado.
