A más de un año de que se aprobara una ampliación de dos meses para completar el CENSO 2022, el Instituto Nacional de Estadística y Censos sigue sin responder si el millonario proceso logró alcanzar al menos a la mitad de la población.
Así lo revelan actas oficiales de la junta directiva de la entidad, donde en varias ocasiones a lo largo de los meses, miembros del órgano han pedido que se les informe sobre los avances del proceso y se les indica que se darán los resultados en el segundo trimestre del 2023, período que además, ya finalizó.
UNIVERSIDAD consultó a la entidad cual es el nivel final de alcance y el costo del proceso, incluyendo la etapa inicial y la ampliación, pero su oficina de comunicación -en contra de lo establecido por la normativa nacional en materia de información pública- se negó a entregar estos datos pues asegura que los brindarán en la conferencia de prensa de resultados, mañana 20 de julio.
Cabe destacar que al cierre de la primera etapa del “proceso censal” -término que empezó a usarse por los directivos en vez de “censo” poco después de enterarse del bajo alcance- no alcanzó ni siquiera a la mitad de la población costarricense, según revelan documentos oficiales de la entidad.
El acta de la sesión ordinaria del 5 de julio del 2022 del Consejo Directivo del instituto evidencia que de 1.770.000 viviendas en total, al cierre del proceso censal se había completado la información de solamente 867.000 hogares (lo que representa un 48.98% de la población).
En el documento, que es oficial y público, se relata cómo Elizabeth Solano, Subgerente del INEC y coordinadora del censo informó al consejo que “hay un porcentaje importante de viviendas que no fueron visitadas, principalmente en las zonas del Gran Área Metropolitana, costeras turísticas y cabeceras de provincia”.
La funcionaria explica que se enfrentaron problemas por las condiciones climáticas, falta de personal durante el operativo de campo y además, afirma que hubo desconfianza de la población, por razones entre las que se menciona el caso Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Adicionalmente, más adelante se discute que aunque la prensa había informado que al momento (en junio del 2022) unos 200.000 hogares habían completado el autocenso, en realidad el dato es incorrecto y se trata apenas de unos 20.000.
¿Censo?
En esa misma acta, Solano admite que “el Censo tendrá una cobertura muy deficiente” y que se debe modificar la parte metodológica para “por lo menos tener una cobertura en términos de visitación y que no queden zonas completas sin censar”.
De esta manera, uno de los censos más costosos de la historia nacional (en sus inicios se planteó un costo aproximado de ¢14.000 millones) y el que se mercadeó como “el censo más tecnológico que se haya aplicado”, pareciera haber sido un fracaso y según expertos en la material, dependiendo de sus alcances, es difícil siquiera llamarle “censo”.
Y es que todos los documentos y diccionarios definen ese concepto como una lista o un recuento de datos estadísticos sobre toda una población específica y detallan que su alcance debe ser universal.
GIlbert Brenes, catedrático de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica dijo que en efecto si el alcance del proceso no es mayor a lo dicho en junio 2022, “evidentemente eso es un estudio a partir de una muestra que permite hacer ciertas descripciones pero que no va a permitir analizar todo lo que permite propiamente un censo”.
Según el académico, por ejemplo, esto complicaría el uso de los datos, que normalmente sirven para guiar la política pública a nivel nacional, regional y comunitaria pues podría pintar panoramas generales pero en el diseño de políticas dirigidas a temas más específicos, como el caso de comunidades rurales o comunidades de sentido (como las personas LGBTQAI o con discapacidades de una zona particular) sería difícil que los datos sirvan.
“Es una cosa bastante grave, pues si el alcance no es el óptimo eso va a afectar la política pública por al menos 10 años”, dijo.
De principio a fin, un caos operativo
Extrabajadores del censo, cuyas identidades nos reservamos para protegerles de represalias, comentaron a UNIVERSIDAD que los problemas en la aplicación del cuestionario y revelaron que desde la planificación y la contratación del personal, hasta el uso del app y los dispositivos para registrar las respuestas, el proceso censal fue un caos de principio a fin.
Primeramente, cuentan que a diferencia de ocasiones anteriores en que el personal censista consistía mayormente de maestros y maestras de escuela, este año se contrató a las personas para encuestar a través de la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo (Conadeco).
Así, afirman, en muchas comunidades se anunció que iba a haber “trabajo para muchos” durante el censo, sin contemplar que no necesariamente las personas tenían las habilidades requeridas (como alto nivel de alfabetismo y buen manejo de dispositivos electrónicos).
“Hubo un barrio donde la asociación nos refirió cincuenta personas para trabajar, pero al final sólo contratamos a cuatro, entonces se hicieron problemas en la misma comunidad porque les habían prometido cosas”, cuenta uno de los exfuncionarios.
Otro dice que al aplicar las pruebas, la mayor parte de la gente quedaba excluida y conforme avanzaba el proceso, se dieron cuenta que no iban a tener la cantidad de censistas requeridos por lo que empezaron a admitir gente con notas más bajas. “Eso no salió bien, porque luego no lograron darle seguimiento a la capacitación, que eran apenas dos días o no lograban hacer bien el trabajo, se frustraban y no volvían”, dice.
Como si fuera poco, la aplicación digital -diseñada por el Instituto Tecnológico de Costa Rica- dio muchos problemas y en los dispositivos que se compraron para el censo, no servía la mayor parte del tiempo, cuentan los censistas.
Según relatan, la rotación de personal, tanto de censistas, como de coordinadores fue mucho más alta de lo esperado y de lo deseado, lo que complicó el alcance del censo, sin contar problemas como acceso a condominios, barrios controlados por pandillas, desconfianza de la población y otros asuntos, que dificultaron el proceso.
“Yo dudo mucho que hayan alcanzado el nivel óptimo de censado que es el 90%, es más, dudo que hayan llegado al 70% y honestamente, esos datos de poco van a servir”, concluye uno de los exfuncionarios, quien trabajó a nivel de coordinación.
Además de los datos que se negó a entregar, al INEC se le solicitó referirse al grado confiabilidad que pueden tener los datos que arroje el proceso y a los obstáculos que impidieron que el proceso censal tuviera mayor alcance, pero se negaron a responder.
