A pesar de posible inconstitucionalidad, diputados aprueban proyecto que reactiva la pesca de arrastre

Sólo siete congresistas se opusieron al texto, ante la presencia de varios pescadores en el Congreso que solicitaron la reforma para legalizar su trabajo.

Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la noche de este martes un proyecto de ley que intentará reactivar la pesca de arrastre semiindustrial, a pesar de que varios congresistas reconocieron que existe una gran posibilidad de que la iniciativa no alcance su segundo debate por una posible inconstitucionalidad.

La aprobación del proyecto de Ley para el Ejercicio Sustentable de la Pesca Simiindustrial Camaronera en Costa Rica (expediente 18.968) ocurrió luego de que varias decenas de pescadores se hicieran presentes los últimos días en las sesiones del Plenario, alegando que la ausencia de una ley reguladora no les permite desarrollar la actividad económica desde 2013 y les mantiene en una crítica situación financiera.

En aquel año, la Sala Constitucional cerró la puerta a la práctica pesquera que utiliza redes para cautivar a las especies, subrayando que la actividad provocaba un intenso deterioro marino y un alto porcentaje pesca incidental.

No obstante, en su resolución, la Sala dejó abierta la puerta a la reinstauración de la técnica a través de reformas legales que atenuaran estos efectos, algo que el proyecto buscó plantear con la obligatoriedad de utilizar “redes de arrastre reglamentarias” con “dispositivos excluidores de peces y tortugas”.

No obstante, varios diputados —incluidos algunos de los que votaron favorablemente la iniciativa— aceptaron que el texto dejaba cabos sueltos para su aplicación que podrían viciar el documento; sin embargo, finalmente sólo Ottón Solís, Javier Cambronero (PAC), José Ramírez, Patricia Mora, Ligia Fallas, Suray Carrillo y Gerardo Vargas (FA) se opusieron al mismo.

Entre las diputadas que votaron favorablemente pero mostraron sus preocupaciones por el escrito estuvo la libertaria Natalia Díaz, quien cuestionó los nocivos efectos de la pesca de arrastre y las posibles fallas del proyecto, pero arremetió contra el Gobierno por no ofertar opciones alternativas de trabajo para las personas que dependen del arrastre.

“Lo estoy haciendo porque estoy consciente de que se requiere el trabajo en el país, pero también es una barbaridad y es importante mencionar que este Gobierno no ha tenido la voluntad de generar fuentes de empleo en ningún lugar del país, cómo hacer para que estas personas puedan desarrollarse en otras actividades y no sólo en este tipo de pesca”, subrayó.

Además, se dirigió a los pescadores que visitaron la Asamblea y les dijo que el proyecto incluso podía “llegarles a afectar” en el largo plazo, pues “si el recurso marítimo de Costa Rica no se cuida como corresponde, al fin y al cabo, en diez años podrían estar pidiendo el apoyo del Gobierno de nuevo”.

Entre los pocos controles que señala el proyecto, el documento establece que sólo se permitan las nuevas licencias para pescar con redes de arrastre por el fondo en el Pacífico, con excepción de lugares protegidos y con restricciones en épocas específicas.

Además, señala que las licencias se emitirán “únicamente  a las embarcaciones de bandera y registro nacionales; así como a las personas físicas y jurídicas costarricenses”.

De cualquier manera, varios diputados celebraron la aprobación, especialmente los puntarenenses Laura Garro (PAC), Carlos Hernández (FA), Karla Prendas, Olivier Jiménez (PLN) y Gerardo Vargas (PUSC), cuyos cinco votos fueron todos favorables para el proyecto.

Al respecto, la oficialista Garro destacó que es un proyecto “muy importante para la gente de Puntarenas”, pues les permitirá desarrollar nuevamente su trabajo en condiciones regulares. “Ellos no vienen a pedir que se les regale nada, vienen a pedir que se les permita seguir trabajando”, apuntó.

No obstante, diputados como los frenteamplistas Suray Carrillo y José Ramírez subrayaron que si bien entienden la problemática el proyecto no sería una solución siquiera cercana a la necesaria; pues lo más posible es que la Sala Constitucional rechace la iniciativa por sus laxas reformas y se trunque nuevamente la atención del problema socioambiental.

Además, Ramírez reprochó la actitud del Gobierno por convocar esta iniciativa, un movimiento que tachó de “inexplicable e inentendible”, pues no sólo sería inútil, sino que parece aprobar el “dañino tipo de captura”.

En esta misma línea,  recordó que incluso el candidato oficialista, Carlos Alvarado, y el mismo Gobierno se manifestaron contra la pesca de arrastre en distintas ocasiones, mensaje que no caló en una bancada del Partido Acción Ciudadana (PAC) en la que sólo el jefe de fracción y el fundador de la agrupación (de siete congresistas presentes) reprobaron el documento.

El proyecto es un texto que se presentó en la legislatura pasada y se trajo nuevamente a la corriente en estas sesiones extraordinarias ante la situación de los pescadores como medida de contingencia; sin embargo, que llegue a segundo debate es todavía una incógnita.

¿Inconstitucional?

Apenas el viernes anterior, la Sala Constitucional reiteró al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) que no podría girar o renovar licencias para la pesca de arrastre sin una reforma legal anterior, como ya se lo había especificado en la resolución 10540 del año 2013, ante un recurso presentado por seis fundaciones ambientalistas contra la legalidad de la técnica pesquera.

La sala había ordenado que no se extendiera “permiso, autorización o licencia nuevos” sin una “correspondiente reforma legal”, mediante la que se obligara a “utilizar dispositivos para la disminución de la captura incidental”.

Además, esta reforma debía estar respaldada científica y tecnológicamente, algo que parece toda una incógnita en relación con el proyecto, que incluso fue desarrollado durante la pasada administración.

Recientemente Incopesca intentó reactivar la actividad sin una respectiva reforma legal, argumentando una serie de supuestas “mejoras regulatorias” que finalmente no fueron avaladas por los jueces de la Sala IV.

Además, esta iniciativa había sido cuestionada por ambientalistas y académicos, quienes recordaron que no existían fundamentos científicos y legales que permitieran ese movimiento.

Por el momento, el Congreso señaló el jueves 22 del mes en curso para la discusión del proyecto en segundo debate.

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