La Comisión Permanente Especial de Ingreso y Gasto Público, que este jueves analizaría la moción para convocar a una audienciaal Gerente General y Director de Asuntos Públicos de la farmacéutica Pfizer, no sesionó por falta de quórum.
Mientras tanto, once diputados de distintas fracciones han retirado su firma de la moción, que se presentó anoche con el apoyo de más de 30 legisladores. Luis Antonio Aiza, María José Corrales, Luis Fernando Chacón, Silvia Hernández, Ana Lucía Delgado, Karine Niño, Erwen Masís, Gustavo Viales, Ivonne Acuña y Zoyla Volio, han retirado hasta el momento su firma.
La moción propone que este comisión de audiencia a Bradley Silcox, en su calidad de Gerente General y a Roberto Dormond Cantú, Director de Asuntos Públicos de la empresa, para que se refieran a «los procedimientos, negociación, cláusulas y demás actos que dieron lugar a la suscripción del contrato de fabricación y suministro de la vacuna contra el COVID-19, entre el Gobierno de Costa Rica y la empresa Pfizer-Biotech y la cláusula de confidencialidad contenida en dicho contrato».
Pablo Heriberto Abarca, legislador socialcristiano y proponente de la moción, dijo anoche que esperaría que este encuentro «aclarar este tema y que tengamos claro todos los costarricenses cómo es que se está manejando el tema de la vacunación». La iniciativa surgió tras la comparecencia del ministro de Salud, Daniel Salas, en que se plantearon dudas sobre los contenidos del contrato , así como los vínculos del equipo de gobierno con la empresa.
El día de hoy la comisión conocería la moción presentada pero de los nueve diputados y diputadas que la integran, solamente cuatro se presentaron. Yorleni León, quien preside el espacio, junto con Jonathas Prendas, Erick Rodríguez y Otto Vargas se apersonaron mientras que Carlos Ricardo Benavides, Luis Ramón Carranza, Luis Fernando Chacón, Shirley Díaz y Melvin Núñez estuvieron ausentes.
La sesión, convocada a la 1:15 p.m. tenía agendada una audiencia con Marco Fidel Vargas Quiroga, Gerente de la Unidad Ejecutora del Programa de Agua Potable y Saneamiento, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como parte de la investigación que realiza la sobre la “toma de decisiones e inversión discriminatoria y selectiva de los recursos públicos por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para efectos de transferencia en el manejo de fondos públicos y analizar la pérdida de un arbitraje contra la empresa española Acciona Agua S.A. y por lo que le impusieron una multa de $6.701.732”.
