A partir del 23 de setiembre multarán empresas que contraten migrantes sin documentos en regla

Las multas que podrían enfrentar las empresas oscilarán entre ¢900.000 y ¢5.402.400, según el decreto que regulariza trabajadores para actividades agrícolas

A partir del próximo 23 de setiembre, las empresas de los sectores agropecuarios, agroexportadores o agroindustriales que contraten migrantes indocumentados o que no tengan en trámite su regularización, enfrentarían multas de entre dos y 12 veces un salario base, informó el Gobierno.

El miércoles 15 de julio el presidente de la República, Carlos Alvarado y los ministros de Seguridad, Gobernación y Policía, Michael Soto, y de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado firmaron una reforma al Decreto Ejecutivo N° 42406- MAG-MGP para poder hacerlo.

 

Ver:

Costa Rica no sanciona a las empresas agrícolas que contraten trabajadores indocumentados

“Estamos atendiendo la solicitud de mano de obra que requiere el sector productivo para que no se pierdan las cosechas, lo cual causaría pérdidas multimillonarias, y a la vez ordenando el tema migratorio, para que trabajadores que demuestren su arraigo y cumplan los requisitos exigidos puedan insertarse en la actividad laboral, en condiciones de regularidad y con amparo de sus garantías sociales”, señaló el ministro Alvarado en un comunicado.

El 16 de junio el Gobierno publicó el decreto 42406-MAG-MGP, que permite la regularización de migrantes que trabajan en los sectores agropecuario, agroexportador o agroindustrial con arraigo en el país. Esto, después de que los productores advirtieran sobre la necesidad de mano de obra en este año como efecto del cierre de fronteras para evitar más contagios de Covid19.

Ese decreto exige como requisitos estrictos para la regularización de las personas extranjeras que laboran exclusivamente en esas actividades y que demuestren arraigo. Además, requisitos como haber ingresado al país entre enero de 2016 y enero de 2020, presentar el formulario de solicitud, la prueba de identidad, declaración jurada sin antecedentes penales, demostrar su ingreso en las fechas indicadas, y cancelar los trámites respectivos con un costo total de $60. El periodo para regularizarse inició el 22 de junio y se extenderá hasta el 22 de setiembre.

El ministro Alvarado detalló que las sanciones establecidas en la reforma comenzarán a aplicar el 23 de setiembre, un día después de que venza ese plazo.

Ver:

Solo 22 trabajadores agrícolas migrantes -de 40 mil- se regularizaron con decreto del 2019

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