Quizás esta es la oportunidad de “oro” para exportadores y agricultores que luchan por la sobrevivencia de sus negocios, pero dicen que las autoridades se apresuraron a tomar medidas que no alcanzan para paliar las dificultades que enfrenta el sector agro desde hace mucho y que se profundizan con la llegada del COVID-19 al país.
La pandemia provocó una caída de las exportaciones de productos como flores, helechos, piña, melón y pescado, y un simultáneo aumento en el consumo interno, que ha complicado el escenario para el sector.
A finales de la semana pasada el Gobierno anunció medidas para la reactivación económica nacional, incluyendo la introducción del cultivo de cáñamo y la profundización de las medidas que ya venía tomando el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) sobre acceso al agua y al crédito, el mejoramiento de cultivos y la promoción de la siembra de granos básicos.
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“Estos son los bueyes que tenemos y con estos tenemos que arar, con grandes dificultades y ante una pandemia, donde todo lo que hagamos es insuficiente”.
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Renato Alvarado, jerarca del MAG, explicó que a raíz de la crisis los mercados se han contraído entre un 20% y un 30%, pero que los cultivos que más se exportan —café, banano y piña— se siguen vendiendo, aunque con algunas dificultades logísticas y afectación a pequeños productores.
Según dijo, la institución está trabajando en promover el aumento de las hectáreas dedicadas a la siembra de arroz y frijoles, al tiempo que se promueve el rescate de “versiones mejoradas” de cultivos tradicionales como cacao, yuca, papaya y plátano. También pretenden implementar paquetes agronómicos y tecnológicos para el “mejoramiento de capacidades agroproductivas que incrementen la rentabilidad económica y ambiental”.
Al mismo tiempo, explicó Alvarado, promueven la agricultura en los colegios para involucrar a los jóvenes y así mejorar las oportunidades de innovación en el sector. Según dijo, realizan gestiones para “resolver la problemática del registro de agroquímicos” y garantizar el acceso al crédito y al agua para el sector campesino.
El jerarca afirmó que, aunque confía en el camino que han emprendido, “yo no duermo en paz porque quisiera que pudiéramos hacer más y hacerlo mejor, pero estos son los bueyes que tenemos y con estos tenemos que arar, con grandes dificultades y ante una pandemia, donde todo lo que hagamos es insuficiente”.
No obstante, representantes del sector exportador y agricultores coinciden en que las medidas aún no dan abasto y demandan más apoyo, aunque proponen abordajes distintos y, en ocasiones, opuestos.
Dificultades sobre dificultades
Con la aparición del COVID-19, en cuestión de días, el boyante mercado de exportación de flores se detuvo en seco. Productores de todo el país intentan colocar el producto en el mercado local, mientras se dispara el desempleo, el subempleo y se recortan los ingresos de los hogares.
Anita Arias y Sergio Madrigal son parte de un consorcio de empresas exportadoras de flores y follaje; con la crisis sus exportaciones se detuvieron y hoy enfrentan serias dificultades para vender. Ambos cuentan que a pesar de que las autoridades han anunciado medidas de atención y recuperación, la realidad es otra.
Madrigal relata que cuando se anunció el Programa Alivio a mediados de abril, él decidió aplicar; no obstante, por los plazos de aplicación y por la cantidad de documentos que le solicitaron —patentes, proyecciones financieras, etc.— desistió. Pagarle a un contador y realizar las gestiones de patente, a pesar de operar en una región que no la requiere, eran gastos que no podía costear sin la certeza de que recibiría apoyo.
Arias coincidió en que la tramitología es uno de los obstáculos a los que se enfrentan para acceder al apoyo estatal, a los que se suman los costos fijos como el pago de seguro social y de riesgos del trabajo de acuerdo con una base mínima contributiva que no corresponde a la realidad, pues sus empleados trabajan por horas. Ambos dijeron que es urgente que se tomen medidas permanentes para garantizar la sobrevivencia de sus pequeños negocios.
Para José Oviedo, secretario de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricense (UNAG), la historia es muy similar. Su sector sigue quedando fuera de las medidas que aplica el Poder Ejecutivo, pues están dirigidas a los grandes productores y exportadores y no resuelven las problemáticas del campesinado.
Las deudas que las familias campesinas cargan es el principal obstáculo para salir adelante, comentó, pues aunque se anuncian moratorias, cuando las personas agricultoras se informan al respecto les indican que no aplica.
“Yo creo que hay muchas y muy buenas intenciones pero no hay una ruta para nosotros”, dijo; además comentó que esta semana el sector se reunirá con el ministro Alvarado para exponer su situación y buscar soluciones.
Laura Bonilla, presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica, comentó que la principal preocupación de sus representados es la reapertura de la economía, pues “nada hacemos implementando medidas si no podemos poner a la gente a trabajar”.
La entidad le ha solicitado al Gobierno hacer ajustes en el tipo de cambio del dólar, desarrollar infraestructura y obra pública, resolver las tarifas en APM Terminals, financiar al sector agropecuario, flexibilizar los mecanismos de aseguramiento de los productores, actualizar el registro de agroquímicos, facilitar recursos para implementar tecnologías de riego y fuentes de agua y, finalmente, introducir técnicas de mejoramiento de semillas.
Montserrat Ruiz, Directora Ejecutiva de la Cámara Nacional de Economía Social Solidaria (Canaess), comentó que la crisis es una “oportunidad de oro” para fortalecer al sector agroproductivo y hacerlo más eficiente, más justo y más inclusivo.
En el marco de la crisis, Canaess presentó propuestas para enfrentar la pandemia, con el fin de generar una reactivación socioeconómica agropecuaria y pesquera y para garantizar la seguridad alimentaria de Costa Rica. Estas propuestas consisten en medidas de corto, mediano y “larguísimo plazo”, dijo Ruiz.
En lo inmediato, solicitaron reformar la ley para permitir a las cooperativas de ahorro y crédito financiar y realizar operaciones con Mipymes y organizaciones del sector, dar acceso a las micro, pequeñas y medianas empresas de la economía social a los fondos de instituciones y fideicomisos, así como extender una moratoria inmediata para la renovación de figuras jurídicas de las entidades de la economía social solidaria.
Además, resaltaron la necesidad de convocar el proyecto de Ley Marco del Derecho Humano a la Alimentación y de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (Expediente 20.076), y favorecer la producción agropecuaria nacional con estímulos y mediante una política arancelaria de emergencia que proteja al productor nacional. Finalmente, recordaron la importancia de incorporar a las mujeres y la igualdad de género en la gestión de la respuesta a la crisis.
