El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, explicó que parte de los compromisos que el país adquiriría con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de recibir un crédito por $710 millones serían incorporar guías de cambio climático en los planes reguladores para febrero de 2024.
Acosta compareció esta tarde en la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa para referirse al proyecto de ley “Aprobación del financiamiento con el Fondo Monetario Internacional a través de la modalidad del servicio de resiliencia y sostenibilidad (RSF) (Expediente 23.660).
Este financiamiento consta de un crédito por $710 millones, a ser desembolsados en tres tractos por el FMI, a una tasa de interés anual de 3.77%, por 20 años, de los cuales 10 años serían de periodo de gracia.
Los desembolsos se harían en función del cumplimiento de una serie de indicadores.
Acosta aclaró que un primer desembolso se daría cuando se cumplan las siguientes metas: Tener un reglamento para simplificar la participación privada en la generación de energía renovable para autoconsumo (lo cual ya se cumplió en diciembre de 2022); crear un repositorio de datos sobre peligros climáticos (lo cual ya se cumplió); publicar indicadores de cuáles recursos están invertidos en títulos que tienen alguna implicación desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental; y desarrollar y publicar guías de marcadores presupuestarios de cambio climático.
El segundo desembolso se haría cuando se incorpore en el marco fiscal de mediano plazo un análisis de cuánto implica en gasto tributario avanzar hacia una transición de resiliencia frente al cambio climático (es indicativo para setiembre de 2023). Por ejemplo, contabilizar cuánto nos cuesta electrificar el transporte.
Otras metas que deberían cumplirse para recibir el segundo desembolso son un reglamento sobre gestión de riesgos socioambientales y cambio climático en la cartera de créditos; y el desarrollo de guías del costo social del carbono.
“Esto es importante porque tenemos que darle un precio a cuánto cuesta contaminar. Lo que está en boga hoy es que el que contamina paga y en este sentido tenemos que hacer una valoración de cuánto cuesta para la sociedad la generación de contaminación”, señaló Acosta.
Asimismo, otra meta para el segundo desembolso es evaluar mecanismos para incentivar el uso de vehículos amigables con el ambiente.
“Creo que como país deberíamos evolucionar más bien a ponerle impuestos a la contaminación porque tendríamos un efecto que no impactaría a las finanzas públicas sino que el costo incremental para los usuarios de estos vehículos poco eficientes debería hacerlos cambiar de opinión; y no como hacemos hoy, que la colectividad le da una exoneración a quienes usen tecnologías limpias”, indicó el jerarca.
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El tercer desembolso tendría como metas que el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) establezca criterios de selección de proyectos que incorporen el cambio climático.
“También deberíamos incorporar el cambio climático a los planes reguladores. Cada vez es más evidente que muchos de los lugares donde tenemos poblaciones no tomaron en consideración ese efecto, se construyó una comunidad y hoy se inunda. Nunca debieron haberse hecho esas casas. Hacia futuro deberíamos incorporar ese elemento climático a la hora de establecer los planes reguladores”, destacó Acosta.
Para febrero del 2024 se tendrían que tener publicadas unas guías para incorporar el cambio climático en los planes reguladores, apuntó el ministro.
“La idea es que dentro de las disposiciones que tiene el Ministerio de Vivienda y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), se incorporen estos elementos. Precisamente la idea de tener este fondo es establecer una serie de obligaciones para el Estado para acometer estos proyectos”, respondió Acosta ante la pregunta del diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Eli Feinzaig, de cómo exactamente se implementará esto a nivel de las municipalidades.
Acosta también refirió que entre 1988 y 2018 Costa Rica tuvo pérdidas económicas por efectos directos producto de eventos generados por el cambio climático por $4.591 millones.
El ministro señaló que Costa Rica es el primer país al que se le aprueba un crédito de este fondo de resiliencia al cambio climático e hizo énfasis en que el crédito no va para un fin específico, sino que es un crédito de apoyo presupuestario.
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