A menos de una semana de quedarse sin dinero para brindar cuido, alimentos o casa a más de 13.000 niños y adolescentes, las organizaciones privadas que trabajan asociadas al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) esperan aún respuesta concreta del Gobierno sobre el presupuesto que les permita operar en lo que resta del año.
A pesar de un decreto anunciado el miércoles por el presidente Rodrigo Chaves para flexibilizar los presupuestos públicos, las organizaciones no tienen certeza de que ese ajuste en la regla fiscal permita la obtención de recursos en la cantidad suficiente y en el tiempo requerido; es decir, de inmediato.
Así lo confirmó Donald Murillo, representante legal de la asociación Roble Alto y uno de los voceros de la Unión de Instituciones Privadas de Atención a la Niñez (Uniprin), que agrupa a 200 entidades y que claman por ¢16,507 millones comprometidos por el Gobierno, aunque el 30 de mayo el ministro de Hacienda, Nogui Acosto, afirmó que era imposible girar ese dinero.
“Se acaba la semana y el problema no está resuelto. Estamos contentos de que el Presidente haya prometido resolverlo y estamos a la expectativa, pero a este momento no nos han informado de que el problema esté solucionado”, dijo Murillo este viernes, quien dijo haber expresado dudas sobre la eficacia del decreto y sobre su capacidad para permitir el giro de todo el dinero que necesita.
El decreto de Chaves reformaría el reglamento de la regla fiscal, el instrumento de la ley 9635 que restringe el gasto público en momentos de alto endeudamiento. En adelante habría más flexibilidad porque la restricción sobre las instituciones se haría considerando una base de montos mayores (presupuestos), en lugar de los montos ejecutados, como se hace desde 2020 y como han reprochado numerosas entidades públicas.
El decreto anunciado por Chaves en conferencia de prensa, sin embargo, no se ha publicado en el diario oficial La Gaceta para que empiece a aplicarse y a provocar cambios que deriven en el giro urgente de los recursos para las organizaciones que atienden a 13.500 menores en situación de vulnerabilidad.
Sobre el tema el diputado de Frente Amplio Jonathan Acuña envió un cuestionario este jueves a la presidenta ejecutiva del PANI, Gloriana López, para conocer la situación de emergencia que ha señalado Uniprin.
