- Costa Rica no modifica su sistema de elección de diputados desde 1949 y no aumenta su número de congresistas desde 1962. Entre dudas y promesas, un proyecto busca reinventar la forma en que votamos y limpiarle la cara al Congreso.
Una reforma constitucional para modificar el modelo mediante el que se eligen los diputados se dispone a sacudir el Congreso.
La Asamblea Legislativa —el poder de la República que representa a la ciudadanía— es el peor evaluado por los costarricenses en las encuestas. Este desgaste activa súplicas de cambio en un sistema representativo tan consolidado como insuficiente.
Costa Rica no ha modificado su sistema de elección de diputados desde 1949, con la segunda Constitución Política, y no aumenta su número de congresistas desde 1962, con una reforma constitucional. Ahora, más de 50 años después y con graves cuestionamientos a la representación popular en la política, una nueva reforma pretende cambiar ese panorama.
Se trata de un plan que impulsa el grupo Poder Ciudadano ¡Ya! desde inicios de esta década, el cual fue acogido por 14 diputados en 2016 y hasta ahora, pasados dos años, se empieza a discutir abiertamente en el Congreso. La complejidad es alta.
El debate de esta propuesta ya cuenta con el apoyo explícito del presidente Carlos Alvarado y de los jefes de las principales fracciones de la Asamblea, una combinación que permitirá que se abran las discusiones en Cuesta de Moras. Eso sí, nadie se compromete a aprobarla todavía; por ahora lo importante es hablar, dicen.
¿Es necesario cambiar el modelo de elección? y, de serlo, ¿cómo cambiarlo? Esas son las preguntas.
La reforma está oficialmente convocada por el Poder Ejecutivo, que dejó en manos de los diputados la decisión de que avance o no. Esa admisibilidad permitiría que una comisión estudie la reforma y luego la dictamine, de modo que el proyecto se apruebe o se rechace de forma definitiva.
La iniciativa llega rodeada de expectativas y también de críticas. Mientras sus impulsores argumentan que la nueva fórmula haría que la población esté mejor representada en el Congreso, detractores ven el cambio como una posible afrenta a las minorías.
Pero, ¿de qué habla el proyecto de ley 20.127?
Esto dice la reforma
Actualmente elegimos nuestros 57 diputados a través de una sola papeleta. Votamos a favor de un partido político, de forma provincial, a través de listas cerradas que ellos mismos confeccionan para cada territorio (provincia).
Luego, cuantos más votos consiga cada partido en cada provincia, más diputados obtiene (siempre y cuando supere una barrera mínima del escrutinio).
La nueva reforma propone un cambio sustancial. Plantea dividir al país en 42 distritos electorales y ya no en siete provincias, de modo que cada uno de los nuevos territorios políticos pueda tener su propio representante. Además, propone que al menos otros 42 diputados se elijan a través de una lista nacional cerrada, sin posibilidad de que los votantes puedan modificar el orden de los nombres.
Esto se realizaría a través de dos papeletas: La primera permitiría al votante elegir un candidato en particular, como si se tratase de un alcalde; mientras que la segunda serviría para distribuir los restantes escaños posibles agrupados por partido político.
En otras palabras, la primera papeleta le permitiría a la ciudadanía votar directamente por 42 representantes, uno en cada circunscripción. La segunda boleta serviría para definir —en un conteo nacional— cuántos escaños alcanza cada partido.
Esta forma de votación permitiría entonces tener una Asamblea de al menos 84 diputados. Sin embargo, si un partido político alcanzara más diputados distritales de los que lograse alcanzar en la distribución nacional, el número podría aumentar, según reconoce el mismo proyecto de ley.
Al respecto, la vocera del grupo ciudadano Poder Ciudadano ¡YA!, la activista Abril Gordienko, aseguró que la intención es que por primera vez los ciudadanos tengan certeza de uno de sus votos, de modo que cada distrito electoral tenga un representante al cual pedirle cuentas por sus acciones.
Según Gordienko, esto modificaría de forma importante el modelo actual, pues “hoy, con las listas cerradas, es como si cada partido enviara a la Asamblea un autobús con los vidrios polarizados”.
Además, Gordienko asegura que esta transformación le permitiría a los territorios —representados en los 42 distritos electorales— contar por fin con un diputado suyo, una deuda histórica con ciertas regiones que nunca han sido representadas.
“Actualmente los partidos tienden a poner en los primeros lugares de las listas a candidatos de las zonas más densamente pobladas de las provincias, entonces ahí se crea una condición en la cual persistentemente llegan a la Asamblea personas que representan a las mismas comunidades”.
“Esto hace que otras comunidades nunca hayan tenido un representante, y no es casualidad que también sean las zonas más rezagadas en términos de desarrollo humano”, aseguró la activista, en entrevista con UNIVERSIDAD.
Lea también: Abril Gordienko: “En este momento votamos a ciegas”
Además de estas reformas, el proyecto propone establecer un registro de cada votación que ejecute un diputado en sus funciones, reducir la cantidad de diputados que se necesita para sesionar (el cuórum), disminuir la inversión en campañas electorales y reestructurar los tiempos legislativos (pasando de cuatro a dos los períodos para sesiones ordinarias y extraordinarias).
Asimismo, la iniciativa permitiría la reelección continua diputadil por hasta dos períodos (un plazo máximo de 12 años), una medida que los proponentes destacan porque permitiría a los diputados dar seguimiento a sus labores y trabajar por la reelección en sus puestos.
“Eso nos va a permitir tener una clase política profesionalizada, que no viene cada cuatro años a aprender el oficio y que solo puede trabajar bien uno o dos años para después comenzar a buscar dónde trabajar”, afirmó la vocera.
Las críticas y las minorías
El proyecto de reforma constitucional se autodefine como un sistema “mixto-proporcional” de elección.
Es decir, asegura que permite la votación de representantes distritales por el voto de la mayoría de cada territorio, pero afirma que compensaría ese mayoritarismo permitiendo que una lista nacional brinde escaños de forma proporcional por cada partido (siempre y cuando alcancen más del 4% de los votos en el país).
Esta visión, sin embargo, genera dudas en algunos sectores.
Ya lo señaló, por ejemplo, el diputado frenteamplista José María Villalta, quien afirmó que es necesario discutir el tema, pero entendiendo que este cambio representaría una disminución en la proporcionalidad.
“Esta reforma dice que se basa en sistemas como el de Nueva Zelanda, pero es importante también decir que ellos tenían un sistema totalmente mayoritario y pasaron a uno proporcional mixto. Nuestro caso es diferente, estaríamos pasando de un modelo totalmente proporcional a uno mixto-proporcional”, argumentó.
Esto también lo explicó a UNIVERSIDAD la especialista en procesos políticos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Ilka Treminio. Según la politóloga, las listas nacionales suelen generar un “efecto arrastre” sobre las listas territoriales y, por ende, en resultados que benefician especialmente a las agrupaciones que captan más votos.
“Tal como ellos lo están planteando, la lista de distritos se escoge por mayoría simple, y siempre que tenemos una lista de mayoría simple vamos a restar representatividad y proporcionalidad”, señaló.
Para Treminio, incluso resulta “contradictorio” buscar una reforma con tintes mayoritarios cuando Costa Rica siempre ha apostado por la proporcionalidad de los votos. Esto se sumaría a la reciente aprobación de una reforma al reglamento legislativo que favorece los acuerdos políticos entre las agrupaciones mayoritarias.
¿Por qué 84 escaños?
Otra duda que advierte la investigadora de Flacso es el número de diputaciones.
La politóloga señala que “al leer el proyecto de ley nadie explica de dónde sale el número 84”, cuando más bien “la teoría de los sistemas electorales dice que la mejor manera de representar estadísticamente a una población es buscar su raíz cúbica”.
“Eso lo podemos interpretar como la raíz del total de la población o del padrón electoral (3,3 millones), y eso en Costa Rica representaría entre 140 y 170 diputados”, explicó.
Además, cuestionó que tampoco se brinde sustento técnico para la creación de los 42 distritos electorales, pues estos no coincidirían ni con los 120 territorios definidos por el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) ni con las regiones de desarrollo ya establecidas (Central, Chorotega, Huetar Caribe, etc).
Según Treminio, hablar de nuevos territorios no es cosa menor si se toma en cuenta que “toda matemática electoral premia a un partido y castiga a otro”, y que este tipo de modificaciones las realizan los propios legisladores.
Para la politóloga, si el problema es un asunto de representatividad, más allá de crear distritos electorales y de una votación directa a través de estos nuevos territorios, podría hablarse de empezar a plantear listas abiertas. Este es una idea que ya se ha propuesto en diversos espacios y que permitiría dar seguimiento a los diputados de forma personal.
Sobre otras ideas como la reelección diputadil también es crítica, porque Costa Rica ha mantenido una tradición totalmente contraria. Además, hacer esto sin permitir al Presidente lo mismo podría poner en desventaja a un poder con el otro.
“No puede haber reelección consecutiva de un poder si no la hay en el otro. Por supuesto que es desaconsejable la reelección consecutiva en un país que ha promovido más bien una reelección alterna”, concluyó.
¿Cómo se tramita una reforma constitucional?
Las reformas constitucionales, por ser modificaciones de alto grado a la Carta Magna, requieren de un proceso mucho más amplio que los proyectos de ley convencionales.
A partir de que son presentadas, estas iniciativas deben ser leídas en el Plenario legislativo tres veces, algo que ya ocurrió con la reforma al sistema de elección en materia de diputados.
Una vez superada esa etapa, se requiere del apoyo de la mayoría simple (mitad más uno) de los diputados en el Congreso para poder continuar con su trámite.
En caso de que se apruebe continuar con la iniciativa, esta debe pasar al estudio de una comisión especial. posteriormente, los diputados tiene un plazo máximo de hasta 20 días hábiles para realizar las audiencias necesarias, analizar posibles cambios al texto y redactar el primer dictamen del mismo.
Una vez dictaminadas, estas propuestas deben pasar al Plenario legislativo, donde entonces requieren ser aprobadas en dos debates con mayoría calificada (38 congresistas). Antes de ambas votaciones, los diputados pueden presentar nuevas propuestas de modificaciones, hecho que puede demorar el proceso.
Una vez superados los dos debates, las reformas deben pasar al Presidente de la República, quien se encarga de reenviar la iniciativa de nuevo al Congreso, para que se vote nuevamente en una segunda legislatura (año legislativo).
Una vez de vuelta al Congreso, las reformas ya no pueden recibir más cambios y el único pendiente es que se apruebe en tres votaciones adicionales.
¿Puede ser inconstitucional un proyecto de reforma a la Constitución?
Las reformas constitucionales deben pasar por el filtro de la Sala Constitucional.
Esto es así porque las propuestas de este tipo pueden pasar por encima de otros principios constitucionales, un hecho que la propia Carta Magna le pide revisar a los magistrados.
En temas electorales, por ejemplo, la Sala Constitucional ya se ha referido a temas como la reelección y la organización político-territorial, algo que ahora estaría siendo analizado de nuevo.
Sobre este tema, los magistrados incluso han dicho que la creación de nuevos territorios es materia de Asambleas Constituyentes (sentencia 06118 – 2013), aunque bien podrían variar su criterio.
Diputados ven reforma al modelo de elección como “una discusión necesaria
El proyecto de reforma al modelo de elección de diputados aún no cuenta con el compromiso de ninguna bancada para su eventual aprobación; sin embargo, su entrada a la corriente legislativa sí suscitó el interés de los jefes de fracción de los principales partidos políticos representados en el Congreso.
De hecho, los jefes de fracción de las tres bancadas más grandes de la Asamblea ya dieron su visto bueno para que la reforma siga su trámite y sea admitida, un camino muy largo en el que podrían realizarle cambios al texto, para luego aprobarlo o rechazarlo definitivamente.
Uno de los más entusiastas con la apertura de la discusión fue el jefe del Partido Liberación Nacional (PLN), Carlos Ricardo Benavides, quien incluso aseguró ante el Plenario legislativo que la propuesta de reforma servirá para abrir paso a una discusión impostergable.
Según Benavides, es claro que existe un llamado de la población para modificar las reglas y ganar más representación, un pedido que debería empezar a ser atendido para no generar mayores disgustos de la ciudadanía con el sistema.
“La institucionalidad democrática se va degradando y se va desgastando con el paso del tiempo y con la poca solución que la gente encuentra en esos mecanismos Hay un clamor popular desde hace ya muchos años en esta materia y debemos revisar profundamente la forma en la que se escogen los representantes que vienen a este Parlamento”, subrayó.
Algo similar dijo el jefe del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales Mora, quien agregó que es momento de abrir “un gran debate político y nacional”, aunque esa apertura no implique dar un respaldo definitivo a la reforma propuesta.
“Estamos en un momento particular que es el de definir la admisibilidad de esta iniciativa. La fracción del PAC dice sí a avanzar y admitir esta iniciativa. Más adelante vamos a tener mucho tiempo para revisar, construir y debatir sobre los contenidos de esta iniciativa“, apuntó.
Tanto Morales como Benavides son dos de los seis diputados que repiten en esta nómina del Congreso, y ambos reconocen que las quejas sobre el sistema de elección han estado allí desde hace ya mucho tiempo.
Además de ellos dos, el jefe del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Erwen Masís, hizo lo propio y también mostró interés en abrir el debate, a pesar de que un aumento en el número de congresistas “nunca es difícil de digerir” para la ciudadanía. Según Masís, lo cierto es que países con poblaciones más chicas (como Uruguay, Panamá, Croacia o Nueva Zelanda) tienen más casillas diputadiles, algo que debe analizarse.
Preocupaciones marcadas
Las dudas, sin embargo, no escasean sobre los contenidos del proyecto.
Por ejemplo, la diputada y subjefa de fracción del PAC, Nielsen Pérez, apuntó con especial atención a los problemas que podría traer esta reforma en materia de paridad de género, pues si se establecen elecciones directas por distritos electorales —como ocurre con las municipales— no existiría obligación alguna para que los partidos políticos cumplan con ese parámetro, según las indicaciones del TSE.
Otro que manifestó disconformidades fue el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, quien —a diferencia del jefe de su bancada— subrayó que no considera necesario aumentar las plazas de la Asamblea, sino modificar el sistema de las votaciones.
Un aumento en el número de diputados podría representar un aumento en el pago de la planilla legislativa, así como la necesidad de construir nuevos despachos en un lote contiguo al nuevo edificio legislativo.
El Plenario que se estrenará el próximo año con la nueva edificación podría duplicar su foro, según el director ejecutivo del Congreso, Antonio Ayales; sin embargo, las oficinas no son suficientes.
Además, el diputado José María Villalta, del Frente Amplio, agregó preocupaciones sobre posibles efectos de nuevas divisiones territoriales, las cuales podrían beneficiar o perjudicar a partidos, dependiendo de cómo se hagan.
También cuestionó qué tan posible será que los diputados logren realizar un debate amplio y fundamentado, tomando en cuenta el corto plazo que existe para trabajarlo en comisión. También, externó sus preocupaciones sobre cómo podría garantizarse la proporcionalidad de los territorios, sin que eso se entienda únicamente como tener un diputado.
De cualquier manera, todos ellos manifestaron su apertura para admitir el proyecto por el valor de la temática que trata, una decisión que deja abierto el debate.
También había manifestado su apertura el vocero del bloque independiente Nueva República, Jonathan Prendas, quien dijo semanas atrás que su grupo no tenía una posición oficial aún, pero que estaban “anuentes a que se permita traer el tema a estudio”.
