El 76% de las personas costarricenses cree que el Ministerio Público “persigue” de forma discriminada entre personas “pobres y ricas”, según los resultados de la última Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana.
Además, aunque cerca de la mitad de la población está de acuerdo o muy de acuerdo con que los y las juezas son “generalmente personas honradas”, el 59% considera que no aplican justicia pronta y cumplida y la población se divide cuando se les pregunta si creen que cumplen bien sus funciones (37% de acuerdo o muy de acuerdo y 39% en desacuerdo o muy en desacuerdo).
Sobre las penas que imponen a las personas que cometen delitos, el 61% de las personas encuestadas está en desacuerdo o muy en desacuerdo con que son las correctas (ya sean mayores o menores).
Estadísticas del Poder Judicial y datos analizados por el informe del Estado de la Justicia se refieren a la elección de los jueces y juezas y el atraso en la resolución de casos,
En cuanto a los nombramientos y ascensos, la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa no contemplan el buen o mal desempeño de las y los candidatos, su elección no necesariamente contempla una revisión de su expediente laboral o evaluaciones de desempeño, por lo que el informe critica que están hechos de forma opaca y arbitraria.
Además del coto discrecional en nombramientos, ascensos, daciones o destituciones; hay concentración de poder sobre los nombramientos en el seno de la Corte, lo que crea una influencia inconveniente sobre la independencia interna de jueces y juezas
La consulta de opinión revela también que sobre la mora judicial, los casos de cobro judicial son los principales culpables, en el 2021 superan los 854 mil casos, cifra que creció un 28% en tres años y que se ha duplicado desde el 2016.
En actualidad los casos de cobro judicial representan seis de cada diez casos de la mora judicial, seguidos de las pensiones alimenticias (14%) y la materia penal (10%), según las estadísticas del Poder Judicial.
El trámite de estos expedientes de cobro judicial le cuestan al Estado ¢800 mil colones -en algunos casos por deudas que pueden ser de ¢10 mil colones- y el sector financiero (bancos, prestamistas y otros) es el principal usuario de esta jurisdicción.
Por el alto costo que representan y el porcentaje que representan entre los casos de la mora judicial, el Poder Judicial le ha pedido a la Asamblea Legislativa establecer una tasa para financiar la actividad y poder destinar mayores recursos a la resolución de casos de otras jurisdicciones, sin embargo, ninguno de los proyectos que han ingresado a corriente legislativa ha prosperado.
