Las obras para la construcción del nuevo edificio legislativo iniciaron oficialmente la mañana de este miércoles, en medio de un acto en el que autoridades del Primer Poder, incluido su presidente Gonzalo Ramírez, colocaron una cápsula con varios documentos en las bases del terreno.
El nuevo edificio se levantará al costado oeste de su actual ubicación, donde ya se removió la tierra suficiente para iniciar con el levantamiento de cuatro pisos subterráneos y 17 superiores, en los que se ubicarán el Plenario Legislativo, los despachos de cada diputado, las oficinas centrales y distintas comodidades.
El costo de la obra será de 61.600 millones de colones, incluidas las obras en la periferia, donde se conectará al nuevo edificio con la Plaza de la Democracia, el Parque Nacional y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
La cápsula enterrada en sus bases contenía papeles como el contrato de fideicomiso para el nuevo edificio, los contratos de financiamiento y la orden de inicio de las obras; así como la Constitución Política, la Ley Fundamental del Estado de 1825, el Pabellón Nacional y la Biblia.
Son varios los documentos que serán enterrados esta mañana entre los pilares de la nueva Asamblea, incluidos la Biblia y el pabellón nacional. @SemanarioU pic.twitter.com/LMevh5CYfM
— Josué Alfaro (@josuealfaro_cr) March 7, 2018
Se espera que la obra esté lista en septiembre de 2019; 19 meses a partir de este momento y ocho años después de que se suscribió el contrato con el Banco de Costa Rica (BCR). Una vez en pie la estructura, se arrendará por 14 años hasta su pago final.
Como parte de la actividad, el presidente legislativo calificó el evento como “un acto trascendente para la democracia costarricense”, como parte de un proceso que destacó por sus habituales retrasos, que han sido la constante desde hace ya más de 60 años.
“Esta cápsula contendrá los tres documentos que expresan la voluntad política y administrativa de Directorios Legislativos anteriores y del actual Directorio, de concretar una obra que fue pospuesta por más de sesenta años y fue objeto de un largo debate público y sometida a numerosos procesos administrativos”, subrayó.
El edificio tendrá su Plenario y las salas adjuntas en los pisos subterráneos; mientras que los pisos elevados serán para la colocación de las oficinas de los 57 congresistas. Además, habrá un restaurante en la cúspide, para uso de funcionarios y público visitante.
También contará con una fachada de concreto, salones de eventos, cafeterías, plazas y jardines; apoyados por dos tanques de captación para reciclar aguas y ya se gestionan trámites para que funcione, al menos parcialmente, con energía renovable.
“Será un edificio moderno, que no afectará la imagen del Parque Nacional ni de la Plaza de la Democracia. Incluso, la Calle 15 se convertirá en un paso peatonal autorizado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, lo que permitirá a los ciudadanos apropiarse del espacio urbano, como ocurre en las grandes ciudades del mundo”, explicó Ramírez.
Como parte del acto, la Asamblea Legislativa además firmó un contrato con el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), ente que se encargará de supervisar la calidad de los materiales en el proceso constructivo.
Fideicomiso
El proyecto del nuevo edificio se tramita con un fideicomiso de 62.000 millones de colones dirigido por el Banco de Costa Rica (BCR), aunque también participan el Banco Nacional (BNCR) y el Popular (BP).
Al respecto, el gerente general interino del BCR, Douglas Soto, expresó la satisfacción que existe por parte de la institución que dirige por apoyar la construcción de un edificio que mejore las condiciones de trabajo de los legisladores, así como su integración como punto de encuentro entre ciudadanos y representantes.
“Tendrá amplias plazas y áreas comunes que facilitarán el contacto con la ciudadanía (…) Hoy queda en evidencia que figuras como los fideicomisos juegan un papel importantísimo para el desarrollo económico del país”, dijo el gerente.
Sobre el procedimiento, Antonio Ayales, director ejecutivo de la Asamblea, también aprovechó para destacar la figura del fideicomiso como un punto que ayudó a destrabar el proceso de sesenta años, de los que le ha tocado que ser parte de 25 en los que se han caído al menos ocho iniciativas, según recuerda.
Apuntó que la ubicación del actual edificio parlamentario se había estipulado como un proceso temporal desde marzo de 1958, cuando se ordenó el traslado del Palacio Nacional a Cuesta de Moras; sin embargo, finalmente fue “una temporalidad de sesenta años que se está cumpliendo en este momento”.
Desde entonces, recordó la existencia de actas sobre las quejas de diputados en cuanto a las condiciones del edificio, contra el que aún hoy existe una orden sanitaria que no se ha podido cumplir por la inexistencia de un nuevo espacio.
Actualmente, la Asamblea posee ocho edificios y alquila otros ocho en los alrededores del Plenario, con oficinas distribuidas en distintos puntos del área actualmente ocupada.
“Se iniciaron en los últimos 25 años, que es el tiempo en que he tenido relación con la institución, alrededor de ocho proyectos y todos fracasaron por razones políticas o económicas que impidieron la realización”, señaló Ayales.
“Fue así como inició la idea de buscar un fideicomiso con el BCR, que ha desarrollado una obra enorme en ese campo en el país, hasta lograr esa alianza en un momento en ue la Asamblea ya tenía varias órdenes sanitarias de cierre emitidas por el Ministerio de Salud que no se pudieron aplicar”, concluyó.
Los tropiezos
La construcción de los 21 pisos (cuatro de ellos subterráneos) fue adjudicada recientemente a la constructora Edica Ltda; que se encargará de la obras en unos 51.885 metros cuadrados destinados para el edificio principal y el de estacionamientos.
Ya el terreno está casi completamente listo para iniciar los trabajos, donde el consorcio Rodio-Tresa empezó con la construcción de los muros de contención y el movimiento de tierras desde marzo pasado.
Las obras del edificio tuvieron que superar distintos obstáculos, empezando por su total rediseño, tras ser frenado por el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Histórico Cultural en 2014 al considerar que sus primeros planos invadían los edificios actuales, patrimonio histórico nacional.
Por este motivo, se tuvo que cambiar el espacio y el diseño de la obra, que pasó de un estilo tipo puente a uno elevado.
El proyecto también tuvo que superar recientemente cuestionamientos a finales de 2016 por montos que fueron girados al arquitecto Javier Salinas por el primer diseño (rechazado), por el que recibió 690.000 dólares, según la Contraloría General de la República.
Según había detallado la contralora Marta Acosta, el monto se giró a pesar de que el proyecto todavía no tenía todos los permisos requeridos por ley, pero finalmente Salinas propuso devolver en tractos de 25.000 dólares el monto recibido.
Finalmente la propuesta de Salinas fue aceptada por el Directorio Legislativo; cuando también acordó seguir con el proyecto de la mano del mismo arquitecto.
