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41,79% de las mujeres se pensionaron con retiro anticipado en el 2020

La reforma de pensiones que plantea el gobierno se traería abajo las excepciones creadas años atrás para compensar las brechas de género en el trabajo, pues sostienen que no hay fuentes para financiarlas.

Un total de 1.956 mujeres realizaron el retiro anticipado (antes de los 65 años) durante el año 2020, lo que significó un 41,79% del total de pensionadas en ese período. Este dato muestra una tendencia creciente de jubilación femenina en la pandemia, pues para el 2019 la cifra fue del 36,10% y en 2018 de 36,41%.

Así lo confirmó la Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ante una solicitud de UNIVERSIDAD, en la cual también se evidencia un incremento en las jubilaciones de mujeres bajo la modalidad de pensión proporcional, es decir, mujeres con 65 años (0 más) y que tienen entre 180 cuotas de cotización y menos de 300.

En el caso de la pensión proporcional, en 2020 se registró un 41,15% del total de mujeres jubiladas, mientras que en 2018 y 2019 los datos registrados fueron del 38,61% y el 33,89%, respectivamente.

Entre ambas modalidades se ubica el 82,94% de las pensiones femeninas en 2020; mientras que la categoría de retiro anticipado con monto reducido —menores de 65 años que no alcanzan las cuotas de ley— fue del 8,74%; las jubilaciones ordinarias por vejez suman un 7,71%.

Los datos evidencian que casi la mitad de las mujeres buscaron pensionarse de manera anticipada y la otra parte, pese a no cumplir con las cuotas que demanda la normativa, optaron por retirarse del mundo laboral.

Las condiciones propias de la brecha laboral y salarial, la asignación social de la responsabilidad del hogar y del cuido, mayores niveles de desempleo o subempleo, una mayor presencia en la informalidad y en muchos casos el ingreso tardío al mercado laboral hace que las mujeres tengan grandes dificultades para cumplir con las cuotas que exige la ley para poderse pensionar, incluso si se cumple con el tope de edad que se ubica en los 65 años.

Además, las cifras muestran que 2020 tuvo una tendencia creciente en la decisión de las mujeres de pensionarse, probablemente marcada por los altos niveles de desempleo, la suspensión de contratos o reducción de jornadas que por más de un año ha sido autorizada a los patronos por parte del Ministerio de Trabajo.

Precisamente, amparadas en una serie de excepciones que se establecieron en el año 2005, todas estas mujeres tuvieron la posibilidad de acceder a su jubilación de forma anticipada (ver infografía Escenarios de pensión para mujeres hoy)

No obstante, la más reciente propuesta de reforma al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) del gobierno se traería abajo esta iniciativa y las mujeres tendrían que cotizar hasta los 65 años y cumplir con 300 cuotas, al igual que los hombres.

De acuerdo con la Dirección de Administración de Pensiones, eliminar la posibilidad de retiro anticipado tanto para hombres como para mujeres permitiría trasladar el momento de agotamiento de la reserva del régimen de pensiones en unos 16 años, ahorrándose cerca de ¢45 billones en el déficit actuarial que tiene en estos momentos el sistema.

“El plan de fortalecimiento propuesto permite al sistema ir disminuyendo los costos futuros, lo que resultaría en un aumento en el período de sostenibilidad del sistema hasta el año 2053 y mejorar la razón de solvencia para que llegue a poco más de 64%, lo que significa que, a valor presente, se tendrían los recursos futuros suficientes para cubrir el 64% de las promesas de beneficios futuros del sistema”, indicó en su respuesta la Dirección Administración de Pensiones.

“Nunca se dijo que no había financiamiento”

Este Semanario consultó al presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya sobre la decisión de eliminar la opción de pensión anticipada, que fue producto de una lucha impulsada por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) y que fue discutida en una mesa de diálogo con diferentes sectores; quien aseguró que esta reforma establecida en el año 2005 y que se mantuvo en los cambios al régimen del año 2017, nunca contó con ingresos adicionales para financiarla.

“Siempre hemos tenido la edad de pensión a los 65 años para hombres y mujeres, pero ese cambio de hacer pensión anticipada para las mujeres a los 59 y 11 meses (a los 61 y 11 meses para los hombres) no cuenta con financiamiento, además los vacíos en la vida laboral femenina y los temas de inequidad de ingresos no se solucionan con una pensión anticipada. Aquí tratamos de dar sostenibilidad al régimen al menor costo social”, detalló Macaya.

No obstante, Eugenia Salazar, abogada con experiencia en derechos de las mujeres y quien participó como observadora en la Mesa de Diálogo, aseguró que al establecer las condiciones diferenciadas a favor de la pensión anticipada de las mujeres nunca se planteó que no podrían ponerse en marcha por falta de financiamiento.

“Deben buscar de dónde financiarlo; las mujeres requieren de un trato diferenciado, no se puede tratar igual lo que es desigual; porque las particularidades de la vida laboral de miles de mujeres no pueden obviarse. Hay un mayor aporte de las mujeres al trabajo doméstico no remunerado, están las dobles y triples jornadas que tienen que asumir, la obligación de salirse por períodos del trabajo para atender el cuido, el cual no se puede reducir únicamente a los hijos”, recordó Salazar.

De hecho, en los planteamientos que realizó el equipo técnico de la Caja para plantear la reforma se encuentra una baja en la fecundidad, aumento de la esperanza de vida, y una menor tasa de reemplazo por persona pensionada; y no se valora la posibilidad de hacer una diferenciación entre hombres y mujeres, pese a que incluso el Banco Central planteó en el año 2019 que el aporte del trabajo doméstico no remunerado aportaba en un 25,3% al Producto Interno Bruto (PIB) del país.

“Pienso que deberían buscar alternativas para reforzar el régimen, por ejemplo, me parece que no se están tomando acciones para determinar el factor de pérdida que genera al IVM la evasión y elusión del pago de contribuciones a la Caja”, añadió Salazar.

En definitiva, el planteamiento de una reforma de pensiones debería tomar en cuenta la edad de las mujeres para pensionarse, pues la propuesta actual invisibiliza las trayectorias interrumpidas de las mujeres, no solo por el cuido, sino también por el trabajo no remunerado y el cambio en las categorías ocupacionales, por ejemplo, cuando pasa de asalariada a informal; o de trabajadora cuenta propia a informal o nuevamente asalariada.


“Debe existir una condición diferenciada para las mujeres”

Existe una serie de condiciones de la vida familiar y laboral de las mujeres que implican por sí solas inequidad y dificultades para acceder a pensiones dignas y justas.

Definitivamente, las mujeres no acceden al mundo laboral en las mismas condiciones que los hombres y sus trayectorias de trabajo se ven interrumpidas, en muchas ocasiones, por la sobrecarga de funciones del hogar y de cuido.

Esto implicó que se buscaran acciones afirmativas que permitieran cerrar de alguna manera esta brecha, pero en las últimas semanas se ha conocido de la propuesta de reforma de pensiones del IVM que impulsa el gobierno, que se trae abajo el poco avance alcanzado.

UNIVERSIDAD conversó con María Picado, coordinadora del departamento de Políticas Públicas del Instituto Nacional de las Mujeres para conocer las implicaciones que tendría una reforma de este tipo.

¿Por qué debe existir una condición diferenciada para las mujeres a la hora de pensionarse?

—Según datos de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo de 2017, la carga de trabajo (tiempo de trabajo remunerado más el tiempo de trabajo doméstico no remunerado) es de 69:53 horas para las mujeres y 62:56 horas para los hombres. Antes de la pandemia, los datos mostraban que las mujeres dedicaban a la semana 35:49 horas y los hombres 13:42 horas.

Las condiciones particulares de las trayectorias laborales de las mujeres hacen que aumentar las cuotas para la edad de retiro sea un elemento de discriminación directa hacia las mujeres, pues está claro que estas no acceden al mercado laboral en igualdad de oportunidades.

Además, la tasa de desempleo de las mujeres es de 12,4 puntos porcentuales más alta que la de los hombres, el subempleo es 5,7% más alta y la participación laboral es 23% más baja que la de los hombres.

Las mujeres ingresan de manera tardía al mercado, normalmente por responsabilidades relacionadas con los cuidados, por lo tanto, tendrían que trabajar más tiempo para alcanzar o acercarse a montos similares a los de los hombres al momento del retiro; y sus trayectorias laborales son intermitentes o interrumpidas, ya sea por embarazos, cuidados a personas total o parcialmente dependientes y otras cargas del trabajo no remunerado.

Esto obedece, entre otras cosas, a que no existe un sistema de cuidados estatal y universal que brinde de manera gratuita servicios de cuidados diseñados para apoyar la autonomía económica de las mujeres y no hay una corresponsabilidad social de los cuidados.

Asimismo, presentan mayores niveles de informalidad en el empleo, debido a que deben migrar a opciones laborales que les permitan, precisamente, asumir las responsabilidades de cuidados.

¿Qué significaría que se aprueben los cambios propuestos para las mujeres, en cuanto al establecimiento de un salario promedio de referencia que pasaría de los 240 a los 300 salarios?

—Es necesario tomar en cuenta las brechas en remuneración que presentan las mujeres y que impacta en el monto de sus pensiones. Según el Estado de la Nación la brecha salarial —calculada mensualmente— se mueve entre un 17%, en el 2013, y un 12%, en 2017. Y la brecha es de un 13,3% en todos los sectores.

A su vez, hay una mayor participación de las mujeres en ciertas ocupaciones de menor remuneración y hay una escala jerárquica dominada por los hombres, lo cual profundiza las brechas en remuneración.

El Inamu considera perjudicial para el avance en materia de igualdad y justicia social la eliminación de las acciones afirmativas que reconocían las diferencias de hombres y mujeres, como el aumento de la cuota, el salario de referencia y el equilibrio financiero, sobre todo en un contexto donde no solo persisten las brechas de género, sino que estas se han agudizado producto de la pandemia provocada por el COVID-19.

¿Cuáles son las razones fundamentales por las cuales las mujeres deben tener dicha condición diferenciada?

—Las principales brechas en los sistemas de pensiones surgen porque están basados en la idea de que la historia laboral, salarial y contributiva es igual entre hombres y mujeres y esto no es así.

Se parte de que ambos son personas trabajadoras remuneradas a tiempo completo, con una vida laboral continua hasta la jubilación, pero no toman en cuenta que muchas no tienen una trayectoria laboral formal extendida; por la informalidad o porque hay quienes dedican gran parte de su vida laboral al trabajo no remunerado del hogar y los cuidados.



 

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