País Según el Ministerio de Trabajo:

331 empresas suspendieron labores y 9.728 personas trabajadoras afectadas por emergencia del COVID-19

El Estado costarricense corre para paliar la emergencia económica con condonaciones, moratorias, rebajas y subsidios entre las medidas.

Hasta el 23 de marzo, al menos 331 empresas se vieron obligadas a suspender labores y 9.728 personas trabajadoras quedaron sin empleo, como consecuencia de los estragos económicos que causa el combate contra la pandemia del COVID-19, según datos del Ministerio de Trabajo solicitados por UNIVERSIDAD.

Uno de los sectores más inmediatamente golpeados por las medidas de cuarentena sanitaria dictadas para contener el contagio, el turístico, ya encara lo que el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) llamó, con seco realismo, una “catástrofe”.

“De acuerdo con los datos de la Cuenta Satélite generada por el Banco Central (BCCR), en 2018 había 219.165 personas que se encontraban ocupadas en actividades asociadas al turismo. Para todas ellas la situación es catastrófica. Tendremos una temporada cero que estimamos se prolongará tres meses. Esto no lo pudimos imaginar ni en el peor de los escenarios”, respondió, a nuestra consulta, esa entidad.

El ICT agregó que “los trabajadores despedidos requieren un apoyo económico porque en este momento no hay otra puerta que tocar. Los empresarios urgen renegociar las condiciones de sus créditos sin que esos ajustes tengan impactos negativos en su calificación como deudores y el Conassif ya lo posibilitó. También han bajado las tasas de interés en el mercado como una respuesta del Banco Central a esta crisis”, recapituló.

Y añadió que “sabemos que tomará tiempo, mucho tiempo, volver a la cifra de 3,1 millones de turistas, pero estamos seguros que trabajando juntos, sector público y sector privado, con el apoyo del Gobierno y de todo el país empezaremos a recuperar el sitial del líder en la promoción de turismo sostenible en el país”.

“Desde ya trabajamos en la estrategia y poco a poco replantearemos las campañas de promoción internacional invitando a nuestros turistas a regresar a nuestro destino en donde los estaremos esperando con los brazos abiertos cuando las autoridades de Salud nos den la señal de salida. No descansaremos hasta volver a colocar a nuestro país en la senda de liderazgo turístico donde nos encontrábamos”, añadió.

Por su parte, Clemencia Palomo, presidenta de la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines (Cacore), dijo a UNIVERSIDAD que su organización agrupa a 19 mil restaurantes –incluso algunos ubicados en hoteles–, sodas y bares, los cuales tenían una planilla promedio de 10 a 12 personas, con lo cual estimaba el total de la fuerza laboral del sector en 228,000 personas.

Si se calcula que cada una de estas tiene un hogar conformado por tres personas, dependen de este tipo de negocios unas 684 mil personas o el 13,68% de la población, dijo.

“Cuando el ministro de Salud ordenó bajar el aforo de los bares y restaurantes al 50% con el fin de asegurar un mayor distanciamiento social e impedir la rápida expansión del coronavirus, cerraron 530 establecimientos, con lo cual unas 5.760 perdieron su empleo, mientras que las ventas cayeron en un 80%”, estimó.

Palomo también recordó que el 80% del ingreso de las personas que trabajan como saloneras y saloneros depende del pago de propinas, con lo cual el ingreso de quienes continuaron laborando por la mitad del tiempo también cayó.

En ese momento de la semana pasada, Cacore junto con la Cámara de Comercio de Costa Rica y Cámara Nacional de Turismo negoció con el Gobierno una serie de medidas que luego fueron anunciadas por el presidente Alvarado y convertidas en ley por la Asamblea Legislativa, como las que ahora permiten bajar la jornada de trabajo y el salario a la mitad, en vez de terminar los contratos laborales y despedir al personal; las moratorias en el pago de las cuotas patronales y obreras a la Caja Costarricense del Seguro Social, la rebaja en las tarifas de electricidad, la aprobación del proyecto para regular el cobro por el uso de datáfonos al hacer pagos mediante tarjetas de crédito, el rebajo en los alquileres y una moratoria en el pago del impuesto territorial.

Pero, además, las cámaras solicitaban que la banca pública abriera líneas de crédito al 2% con el fin de que las empresas pudieran adelantar el pago de los aguinaldos y de las vacaciones a las personas trabajadoras, que se subsidiaran los servicios públicos y que el Sistema de Banca para el Desarrollo generara créditos “muy baratos a los trabajadores mediante las asociaciones solidaristas”.

Muchas de estas medidas, si no todas, fueron atendidas por las diferentes instituciones públicas en los días siguientes. Intentamos obtener la opinión de Palomo sobre el impacto de aquellas para su sector, sin embargo, al cierre de edición, no obtuvimos respuesta.

Cuando tan solo han pasado 18 días desde que se reportó el primer caso de una persona infectada con el virus que produce la enfermedad COVID-19 en el país, el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y las entidades públicas descentralizadas han acelerado el paso con el fin de volcar el peso de sus actividades en una sola dirección: paliar los graves efectos que la pandemia también está causando en la economía nacional.

La emergencia sanitaria prácticamente ha paralizado todos los mercados, lo cual golpeará con fuerza las finanzas tanto del sector privado –al disminuirse drásticamente el gasto por consumo de la población– cuanto a las ya débiles finanzas públicas, al disminuir los ingresos por el pago de impuestos y tarifas al tiempo que incrementará el gasto público para contener el contagio y atender a las personas afectadas.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, estimó que el costo para el Estado de la moratoria tributaria, de tres a cuatro meses, en el pago del Impuesto a la Renta, del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto Selectivo de Consumo para las empresas, las Pymes y las personas trabajadoras independientes, sería de entre ¢10 mil millones a ¢12 mil millones, los cuales tendrían que ser compensados con el respectivo endeudamiento, pero enfatizó en que la moratoria era necesaria “para que el Estado no compita por el efectivo de las empresas para pagar salarios” en un contexto económico de contracción económica, debido a las medidas preventivas que se están propiciando.

Además de recurrir a un préstamo por $500 millones del Banco de Desarrollo para América Latina (antigua Corporación Andina de Fomento), el cual originalmente estaba destinado a mejorar las finanzas públicas y que ahora se usará para financiar la lucha contra el COVID-19, el presidente Carlos Alvarado anticipó que será necesario reevaluar el gasto público, lo cual podría llevar a disminuirlo en sectores no esenciales para la emergencia, con el fin de fortalecer a los que están en “la primera línea” de la lucha contra la pandemia.

De hecho, el martes 24 de marzo, Pilar Garrido, ministra de Planificación, dio a conocer que se emitirá una directriz para que las instituciones públicas mantengan laborando en sus oficinas a solo el 20% de sus respectivas planillas y el resto deba realizar teletrabajo o tomar vacaciones.

Además, anunció que se suspenderá el aumento salarial del sector público para el año en curso, con excepción de los cuerpos policiales.

Antes, Garrido ya había hecho saber que puede ser necesario recurrir al “escape” –suspensión– de la regla fiscal, establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, precisamente para permitir al Estado hacer frente a emergencias como la actual.

Viendo el giro que el COVID-19 ha impreso a las políticas de ajuste que venía desarrollando el país para mejorar las finanzas públicas, el pasado 20 de marzo la agencia calificadora de riesgos Moody´s emitió un criterio sobre Costa Rica, el cual tituló “La respuesta de Costa Rica para mitigar los efectos negativos del coronavirus en la economía pesarán en las finanzas públicas”.

Allí dijo esperar “un menor crecimiento del ingreso del Gobierno, lo cual complicará las medidas de ingreso previamente planeadas. Hasta febrero, el Gobierno proyectaba ingresos en impuestos, en el 2020, de un 1,6% del PIB, del cual 0,7% provendría del IVA; 0,7%, de los impuestos sobre la renta; y 0,2%, de otros impuestos. Creemos que los ingresos por impuestos en el 2020 serán menores y bajarán a un 1,0% del PIB y que el déficit fiscal de Costa Rica será mayor que nuestro pronóstico de febrero, de 6% del PIB, y que la deuda del Gobierno superará el 63% del PIB para el final del año”.

Sin embargo, el cálculo de Moody´s no considera el alivio que la caída en los precios del petróleo debido a la propia pandemia puede traer a las finanzas públicas.

“Por cada US$10 de reducción en el precio del producto importado, el país tiene un ahorro en la factura petrolera de unos US$210 millones, pues se importan cerca de 21 millones de barriles del combinado al año. Si tenemos en consideración que el precio del crudo se ha reducido en cerca de US$30 –comparado con diciembre 2019–, esto podría significar una reducción en la factura petrolera para lo que resta del 2020 de alrededor de US$530 millones”, dijo el Banco Central de Costa Rica (BCCR), ante una consulta de UNIVERSIDAD.

Al tipo de cambio del martes recién pasado, de ¢576,98 por cada dólar, esto representaría ¢305.799.400.000.

No obstante, el BCCR advirtió que “es importante notar, sin embargo, que los precios del petróleo son muy volátiles y han mostrado alta volatilidad en las últimas semanas, por lo que existe una alta incertidumbre sobre cuál será el nivel de precios del petróleo que enfrentará el país en el futuro cercano”.

Otro elemento alentador es el nivel de reservas, de $8.000 millones, que tiene el país en la coyuntura en la que debe hacerle frente a la emergencia por el COVID-19.

Esto le permitió al BCCR intervenir, esta semana, para fortalecer los títulos valores que, como aquellos en los que están invertidos los fondos de pensiones, los fondos de inversiones y las carteras de los bancos, tienden a ver bajar sus rendimientos debido a la contracción general de la economía.

Gracias a una directriz aprobada en el 2018 por la Junta Directiva del BCCR y de otra aprobada el viernes pasado, este banco puede ofrecer crédito temporal a los emisores de esos valores tanto en colones como en dólares para fortalecer la confianza en esos instrumentos mientras se surfea la pandemia.

El martes, el Ministerio de Trabajo todavía no contaba con una cifra de empresas que se hubieran acogido a la disminución de jornadas en los negocios debido a la pandemia.

“Se está trabajando en un plan de acción que nos permita trabajar desde distintas instituciones para priorizar en poblaciones que requieren de algún tipo de atención especial frente a los efectos económicos y sociales del COVID-19, dirigido tanto a personas que trabajan en la formalidad como en condición de informalidad. Las instituciones seguimos trabajando articuladamente para poder informar sobre las acciones específicas que se podrán adoptar próximamente”, dijo, a nuestra consulta, la ministra de Trabajo, Geannina Dinarte.

Sobre si este plan de acción también cubriría a las trabajadoras del hogar afectadas por la crisis, la ministra respondió que “esto, ciertamente puede incluir a las trabajadoras del hogar si llegan a perder su ingreso por efecto del COVID”.

“Es importante señalar que la coordinación entre instituciones, programas sociales y medidas para responder a los sectores más vulnerables se lidera, en este contexto de emergencia, en la Mesa Técnica de Protección Social, instancia que depende del Centro de Operaciones de Emergencias (COE-CNE)”, agregó.

Por otro lado, el presidente Alvarado anunció, el lunes recién pasado, que presentará a la Asamblea Legislativa un proyecto que buscaría proveer de un subsidio a las personas trabajadoras independientes que perdieran su única fuente de ingresos, aunque no se conocen todavía los detalles.

Un subsidio de este tipo es la clase de apoyo que, precisamente, parece urgir a muchas personas trabajadoras independientes, del hogar o con emprendimientos, cuyos negocios simplemente dejaron de existir de un día a otro (ver los testimonios).



Paula Rodríguez y su pareja, José Benito Rodríguez, trabajaban en su empresa organizadora de eventos. (Foto cortesía de Rodríguez Antezana).

Paula Rodríguez Antezana, Tú Evento. BP Eventos: “Un subsidio en alimentos o económico sería grandioso”

Nuestro emprendimiento consiste en la animación de todo tipo de eventos, desde fiestas infantiles, baby shower, té de cocina, 15 años, bodas y toda actividad donde las personas quieran bailar, disfrutar de dinámicas y más. También brindamos sonido para asambleas, manejamos actividades de trabajo en equipo, locución comercial, perifoneo y mucho más.

Tenemos muchos años de dedicarnos a los eventos. Pero, de emprender independientes, aproximadamente del 2013 hasta ahorita.

Puedo contarles que esta crisis nos ha afectado en un 100%. En otros momentos por diversas circunstancias baja el nivel de trabajo, pero en este caso el ingreso es nulo. Clientes que tenían reservadas fechas de marzo, abril, mayo y hasta junio y julio han decidido cancelar. Algunos cambian sus fechas y otros definitivamente decidieron no realizar su evento. Así que la afectación es fuerte y aún no sabemos cuánto durará.

En el caso directo de nosotros, no nos sirven las medidas que se están tomando. Sí están tomando medidas para evitar que el país llegue a estar peor; pero, por ejemplo, el seguro, las pensiones alimentarias. ¿Cómo hacemos para que comprendan que del todo no estamos teniendo un ingreso?

Nosotros estamos completamente al día, pero con esta situación nos preocupa no poder cancelar esos montos y aunque en los medios se dice que no se va a cobrar algunos meses de seguro o se va reducir, sería muy bueno si a uno lo notificaran para tener un respaldo y que en un futuro no salgan con multas y uno no tenga cómo defenderse. O, por lo menos, una información más directa según el área específica.

La situación se vuelve tan complicada que si existe una manera donde el Gobierno dé un subsidio en alimentos o económico sería grandioso. O, por ejemplo, los que pagamos alquileres. Llega un momento donde ya no hay de dónde… Si los que tienen más estabilidad colaboran en esta crisis, el país logra salir adelante.



Arianna Rodríguez relató en redes sociales que perdió su trabajo a raíz de la emergencia por el COVID-19. (Foto cortesía de Arianna Rodríguez).

Arianna Rodríguez, barista: “Muchos patronos no han tenido el tacto”

Tenía exactamente 4 meses en Britt y trabajaba en el bakery de Multiplaza del Este.

De mi localidad hasta el momento solo habían despedido a una persona y a mí, pero sé que había muchas personas más en otras localidades e incluso en oficinas centrales.

La verdad, nos despidieron con responsabilidad patronal y con una posibilidad de volver en caso de que la situación mejore.

Siento que las medidas del Gobierno han sido las correctas, sin embargo, muchos patronos no han tenido el tacto para sobrellevar esta crisis de una forma correcta.

Por el momento no voy a solicitar ningún subsidio ya que no lo necesito en este momento, sin embargo, espero pronto conseguir un trabajo diferente, a pesar de estar viviendo en una crisis mundial.


 

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