País Último caso es Mario Castillo

22 diputados enfrentan causas penales según datos del Ministerio Público

Siete de veintinueve causas abiertas son por enriquecimiento ilícito; un único expediente, contra Gustavo Viales, cubre específicamente el financiamiento ilícito del ejercicio político.

Un total de 22 legisladores figuran como imputados en causas penales, detalló el Ministerio Público a UNIVERSIDAD. La consulta se alimenta del “sistema informático de gestión de casos de la Fiscalía General”, según dijo el departamento de prensa.

De estos 22 legisladores, el oficialista Víctor Morales Mora es quien figura con más expedientes abiertos en su contra.

Para este artículo, se le solicitaron declaraciones a Morales, mediante el asesor del Partido Acción Ciudadana (PAC) Víctor Vargas, de la misma forma que se pidieron al resto de legisladores. Morales no envió declaraciones para esta nota.

El PAC es la última fracción en sumar una diputación a la lista de 29 causas abiertas en contra del Poder Legislativo. Se trata del expediente 21-1412-0345-PE contra el diputado Mario Castillo por el delito de conducción temeraria. Castillo fue detenido la noche del domingo pasado, tras chocar su carro. El diputado admitió en redes sociales haber consumido alcohol y, horas después, renunció a su inmunidad parlamentaria.

El delito con más incidencia en las acusaciones penales es el de enriquecimiento ilícito. Siete causas se tramitan por esta razón, dentro de las cuales se acusan a cinco diputados.

Se trata de Morales en una causa del 2017 en que también aparece como imputado Enrique Sánchez; Welmer Ramos por una acusación del 2019, de la cual no ofreció declaraciones; Jonathan Prendas por un expediente que investiga un viaje del legislador a España durante el 2019; y Dragos Dolanescu por una denuncia ocurrida mientras aún era miembro del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC).

Dolanescu dijo a UNIVERSIDAD que espera que “el Ministerio Público desestime la causa». Se cuestionó “el origen de los recursos que utilicé para financiar al Partido Republicano”, pero dijo que esta información ya fue esclarecida con “misivas” al Tribunal Supremo de Elecciones.

Específicamente sobre financiamientos ilícitos de partidos políticos, existe una única causa perseguida contra el liberacionista Gustavo Viales. El diputado fue denunciado de forma anónima, en un documento que aludía también a su padre —el alcalde de Corredores, Carlos Viales—, el diputado fue acusado por nexos con el presunto narcotraficante Darwin González Hernández. Viales renunció a su cargo como secretario del PLN y a su inmunidad para ser investigado.

La Fiscalía investiga el expediente 21-000008-1775-PE (por presunta “Aportación, utilización o recibimiento de dinero o recursos financieros para actividades político- electorales o partidarias” y el 21-000020-0033-PE (por presuntos “Delitos contra la tranquilidad pública”).

La apertura de pesquisas penales también tiene una contraparte en la Asamblea Legislativa. Allí, los diputados aprobaron crear una comisión investigadora para indagar la penetración del narcotráfico en la Zona Sur del país y los partidos políticos.

Recientemente, la comisión no solamente aprobó entrevistas a Viales sino a otros seis legisladores que fueron identificados en una bitácora por recibir visitas de un grupo de tres investigados en otro caso de narcotráfico. Estos seis legisladores son Óscar Cascante y Erwen Masís (PUSC); Eduardo Cruickshank y Mileidy Alvarado (Restauración Nacional); y las independientes Ivonne Acuña y Zoila Volio (quien además preside la comisión investigadora de los nexos entre la política y el narcotráfico).

Ninguno de estos seis diputados mantiene causas penales, como se puede consultar en el cuadro completo que acompaña este artículo. Los números de expedientes aparecen en la versión digital de esta nota en semanariouniversidad.com

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Diputación Fracción política Expediente Presunto delito
Otto Roberto Vargas Republicano Social Cristiano 20-000041-0033-PE Infracción al Código Electoral
19-000034-0033-PE Incumplimiento de deberes
19-000014-0033-PE Legislación o administración en provecho propio
Carlos Ricardo Benavides PLN 19-000015-0033-PE Legislación o administración en provecho propio
Gustavo Viales PLN 21-000008-1775-PE Aportación, utilización o recibimiento de dinero o recursos financieros para actividades político- electorales o partidarias
21-000020-0033-PE Delitos contra la tranquilidad pública
Paola Valladares PLN 17-001130-0067-PE Falsedad ideológica
Karine Niño PLN 20-000018-0033-PE Falsedad ideológica
Aida Montiel PLN 21-000041-00396-PE Falsedad ideológica y estafa mayor
19-000049-0033-PE Legislación o administración en provecho propio
María José Corrales PLN 19-000049-0033-PE Legislación o administración en provecho propio
David Gourzong PLN 20-000039-0033-PE Infracción al Código Electoral
19-000049-0033-PE Legislación o administración en provecho propio
María Inés Solís PUSC 19-000049-0033-PE Legislación o administración en provecho propio
Erwen Masís PUSC 20-000030-0033-PE Tráfico de influencias
Rodolfo Peña PUSC 20-000025-0033-PE Asociación ilícita
20-001002-0396-PE (Acumulado al expediente 20-000025-0033-PE) Estafa
Welmer Ramos PAC 19-000031-0033-PE Enriquecimiento ilícito
Víctor Morales PAC 20-005434-0042-PE Prevaricato
19-000032-0033-PE (Acumulado al expediente 19-000033-0033-PE) Reconocimiento ilegal de beneficios laborales
19-000033-0033-PE Incumplimiento de deberes
17-000077-1218-PE Enriquecimiento ilícito
Enrique Sánchez PAC 17-000077-1218-PE Enriquecimiento ilícito
Mario Castillo PAC 21-1412-0345-PE Conducción temeraria
Carlos Avendaño Restauración Nacional 20-000042-033-PE Infracción al Código Electoral
Floria Segreda Restauración Nacional 19-000021-0033-PE Tráfico de influencias
Giovanni Gómez Restauración Nacional 18-000369-1521-PE Usurpación de bienes de dominio público
19-000419-1521-PE (Acumulado al expediente 18-000369-1521-PE) Administración fraudulenta
Jonathan Prendas Nueva República 19-000010-0033-PE Enriquecimiento ilícito
Carmen Chan Nueva República 20-000038-0033-PE Infracción al Código Electoral
Erick Rodríguez Independiente 20-000051-0033-PE (Acumulado al expediente 20-000049-0033-PE) Reconocimiento ilegal de beneficios laborales
20-000049-0033-PE Enriquecimiento ilícito
Dragos Dolanescu Independiente 20-000680-0332-PE Enriquecimiento ilícito
21-003470-0042-PE Divulgación de secretos
Fuente: Ministerio Público.


Respuestas de los 22 diputados

Otto Roberto Vargas (Republicano Social Cristiano)

El caso de incumplimiento de deberes, dice que está desestimado. «La de legislar en beneficio propio fueron ¢7.500 que me están acusando. Doña Emilia Navas allanó el Ministerio de Hacienda, hace unos seis meses, para pedir toda la documentación por mis sociedades anónimas. No había absolutamente nada. Todos mis pagos estaban al día. Con lo que cuesta un allanamiento. Cuando se votó el Plan Fiscal, se hizo una amnistía tributaria, a solicitud de la ex Ministra de Hacienda. Debía ¢22.000 y de forma autómatica se hizo un rebajo de ¢7.500». Sobre el caso del 2020, se trata de una donación de mascarillas que hizo la Embajada de China: «(La Fiscala) dijo que los políticos no podemos aceptar donaciones. No lo hice en calidad de partido político, sino como legislador y era un acto humanitario. Se repartieron las mascarillas entre la gente pobre de los pueblos del sur. La mayoría eran nicaragüenses, ni siquiera es electoral».

Carlos Ricardo Benavides (PLN)

«La acusación es de hace más de dos años. La hizo un grupo de sindicalistas del Poder Judicial como una represalia en mi contra después de que aprobamos el Plan Fiscal (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas), con el que se sintieron perjudicados.

«No tiene fundamento real. Me acusaron de beneficiarme supuestamente con una exoneración por el monto de doscientos mil colones. Es absurdo por todo lado. Primero: nunca pedí ninguna exoneración (aunque hubiese tenido derecho). El sistema informático de Hacienda aplicó el rebajo de intereses automáticamente cuando realicé en la plataforma bancaria virtual un pago de capital del impuesto de renta. Incluso Hacienda expidió una certificación dando fe de que yo jamás hice ninguna petición de ese rebajo y certificó también que el sistema hizo la aplicación sin que mediara gestión de mi parte. Por eso inclusive devolví el monto, pues nunca tuve voluntad de pedir eso.

«Segundo: con el Plan Fiscal, lejos de beneficiarme, me afecté negativamente, pues los diputados aumentamos la tasa del impuesto de la renta sobre el tramo aplicable en nuestro salario. Con esa ley también se congeló el salario de todos los diputados por dos años. Con ambas medidas dejamos de percibir varios millones de colones. Lejos de un beneficio, más bien aumentamos las cargas sobre nosotros mismos. Esa denuncia es la típica represalia por liderar la reforma en materia de empleo público contenida en el Plan Fiscal, que modificó el monto de las anualidades de los denunciantes. Pero nunca me he dejado amedrentar. Mucho menos ahora que estamos a punto, de nuevo, de aprobar una reforma integral al Empleo Público«.

Gustavo Viales (PLN)

No se referirá más al tema, por respeto al debido proceso de investigación, que está realizando el Miniaterio Público, aseguró su despacho.

Paola Valladares (PLN)

Se solicitaron declaraciones a ella y su despacho.

Karine Niño (PLN)

«Se debe a un asunto por conflicto meramente familiar, donde lamentablemente se ha utilizado un procedimiento judicial para hacerme presiones, confundir, generar ruido y aprovecharse de mi posición para hacerme daño injustamente, sin embargo es algo que NO interfiere directamente con mi probidad ni en lo absoluto con mi función política ni mi función pública».

Aida Montiel (PLN)

Del caso del 2019, asegura que «no se ha notificado de ese proceso». Del caso más reciente, la diputada se puso a disposición de la Fiscalía y afirmó «desconocer» los hechos de la causa.

María José Corrales (PLN)

No fue notificada de la causa.

David Gourzong (PLN)

El diputado dice que fue «una participación para ayudar a la Embajada de China a poder entregarle a grupos organizados, de Limón, una donación de mascarillas (…) Lo hicieron con otros diputados. Yo dije que no podía recibirlas pero podía coordinar a las organizaciones de bien social a los que se les podía dar. Se hizo con hogares de atención, centros de atención de niños y la Cruz Roja de Batán. Los documentos referidos al tema fueron trasladados a la Fiscalía». Del caso del 2019, no fue notificado de la causa.

María Inés Solís (PUSC)

No fue notificada de la causa.

Erwen Masís (PUSC)

«Me enteré por la prensa. No conozco el fondo del mismo porque no he sido notificado. Sin embargo, siempre he estado en disposición de las autoridades para aclarar cualquier situación que se requiera. Mi carrera profesional siempre ha sido transparente y correcta».

Rodolfo Peña (PUSC)

Se trata de una causa abierta contra varias personas del Gobierno y, asimismo, privados. No se enviaron declaraciones sobre el tema.

Welmer Ramos (PAC)

Se solicitaron declaraciones al diputado.

Víctor Morales (PAC)

Se solicitaron declaraciones por medio de un asesor de la fracción. El caso del 2017, ocurrió cuando él ocupaba la cartera del Ministerio de Trabajo y Enrique Sánchez era su asesor. El caso del 2020 está vinculado al caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), durante su periodo como Ministro de la Presidencia.

Enrique Sánchez (PAC)

Sánchez habría ofrecido consultoría a la OIT mientras era asesor del ex Ministro de Trabajo, Víctor Morales.

Mario Castillo (PAC)

Fue aprehendido en flagrancia después de un accidente de tránsito, renunció a su inmunidad política.

Carlos Avendaño (Restauración Nacional)

Avendaño dijo que se trata de “mascarillas que se iban a donar a personas en condición de indigencia, en San José. Pero finalmente no se hizo, ya que no recibimos la donación”

Floria Segreda (Restauración Nacional)

«Se derivó de un proceso privado, de una persona que me quedó mal con el pago de una casa. Se dijeron cosas que no obedecen a la verdad. Ya solicité la desestimación».

Giovanni Gómez (Restauración Nacional)

Los casos se vinculan a un caso principal por el cual fue sobreseído en abril. «A este hombre, responsable de esas denuncias falsas, le acabo de ganar un juicio por sus falsas acusaciones en mi contra por tala de árboles. Este sujeto es un mentiroso que se ha dedicado a atacar mi nombre, pero gracias a Dios ya la Sala Tercera nos dio la razón en uno de los casos y espero muy pronto se aclare el resto, porque no voy a permitir que siga tratando de manchar mi honra. Y estoy valorando cobrarle daños y perjuicios por todas esas mentiras”, dijo.

Jonathan Prendas (Nueva República)

Sobre un viaje a España, sufragado por una empresa de tecnología. El diputado dijo: «Al ser un tema que está en investigación no me voy a referir para no entorpecer el trabajo de las autoridades.

Carmen Chan (Nueva República)

Se solicitaron declaraciones a su asesor.

Erick Rodríguez (independiente)

Se solicitaron declaraciones al diputado.

Dragos Dolanescu (independiente)

La primera denuncia «fue interpuesta por un militante del Frente Amplio de San Ramón» donde se «cuestionó el origen de los recursos que utilicé para financiar al Partido Republicano mientras fui miembro de esa agrupación», tras publicaciones en prensa». El diputado espera que «el Ministerio Público desestime la causa» porque ya justificó el origente al Tribunal Supremo de Elecciones. El caso del 2021 «se interpuso inmediatamente después de la comparecencia del presidente Alvarado en la Comisión Especial UPAD». Ese día, él preguntó sobre si era verdad que la clave de un teléfono incautado era «123456». «No va a prosperar más allá de la etapa preliminar del proceso», dijo.

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