La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep) advirtió que prácticamente todos los trabajadores del sector público entrarán en este 2024 “a su quinto año consecutivo de congelamiento salarial total, lo cual está generando una grave violación de derechos, tanto constitucionales como humanos”, generando un “empobrecimiento salarial” para los funcionarios públicos.
Aquí se incluyen trabajadores de todo el Magisterio Nacional, de todos los cuerpos policiales, de los ministerios y antes adscritos a los mismos, de diversas instituciones autónomas y semiautónomas y de empresas públicas, señaló Anep.
Anep también indicó que aunque este congelamiento salarial está operando desde fines de 2019, decretado por la administración Alvarado Quesada, existe total incertidumbre de si será honrado finalmente por el actual gobierno, según el pronunciamiento firmado por el secretario general de Anep, Albino Vargas Barrantes, y el secretario general adjunto, Wálter Quesada Fernández.
“La deuda del Estado para con este sector, correspondiente al último reajuste por costo de vida que se decretó a finales del 2019 y que es valedero para los años 2020, 2021, 2022 y 2023, de un promedio general de ¢7.500 a cada base salarial; sigue en total incertidumbre de si será, finalmente, honrado”, indicó Anep.
Administración Alvarado Quesada
El sindicato recordó que en 2019 -cuando aún no se aplicaban las medidas extraordinarias ordenadas por la regla fiscal- se acordó en el seno de la entonces vigente Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público un reajuste por costo de vida de ¢7.500 para cada salario base de personas trabajadoras del sector público.
En diciembre del 2019 -cuando Chaves era ministro de Hacienda – se firmó el decreto 42.121, que autorizaba el ajuste salarial por costo de vida aplicable al sector público a partir de febrero de 2020 y de forma retroactiva a enero de ese año. Sin embargo, en abril del 2020, ya en la emergencia por COVID-19 -y siendo Chaves ministro de Hacienda– se firmó el decreto 42.286, que congeló temporalmente el ajuste salarial.
Desde entonces ese reajuste salarial no se ha pagado. Anep calcula que el reajuste retroactivo para cada trabajador asciende a alrededor de ¢400.000, incluyendo el ajuste mensual, más lo que se adeuda por salario escolar y por concepto de aguinaldo.
Ante una consulta de Anep, el Ministro de Hacienda, Nogui Acosta, afirmó que este Ministerio incluyó en el presupuesto ordinario 2024 “los recursos necesarios para reconocer el pago del incremento por costo de vida otorgado en el 2020, el cual se contempló como parte del monto máximo de gasto comunicado a cada ministerio”.
En ese oficio enviado el pasado 30 de noviembre, Acosta aclara que el reconocimiento del pago retroactivo, así como el momento del año en que ocurra, no dependerá del Ministerio de Hacienda, sino más bien de la celeridad con la cual las instituciones que deban reconocer ese pago determinen los montos a pagar y los funcionarios a los que les corresponde.
Relación deuda pública/PIB está en 59,8%
Además de ese reajuste salarial retroactivo que se adeuda, los salarios del sector público se mantienen congelados por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635).
De acuerdo con el título IV de dicha ley, no se pueden aplicar incrementos salariales por costo de vida en el salario base y demás incentivos salariales, cuando la deuda del país es superior en un 60% al Producto Interno Bruto (PIB).
Según datos dados por el ministro de Hacienda Nogui Acosta el pasado 14 de diciembre, esa relación deuda/PIB ha bajado y ahora está en 59,8%.
El sindicato aseveró que surge la duda sobre cuánto tiempo más permanecerán congelados estos salarios a partir de declaraciones que dio Chaves a la prensa.
En una entrevista publicada hoy por el medio La República, se le consultó al mandatario si cree que en el 2025 cambiará la directriz que mantiene congelado el salario de los empleados públicos por la Regla Fiscal.
El presidente declaró: “Yo quiero bajar la deuda del 60% en relación con el PIB, no solo para mejorar el ingreso de los funcionarios, sino también para amortizar la hipoteca país. (…) Ahora bien, revertir el peso de la deuda por debajo del 60% del PIB es posible para el 2025 y estamos luchando para ello”.
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