El debilitamiento de las instituciones de derechos humanos, el envalentonamiento de un machismo tóxico personificado en el presidente de la República, decenas de crímenes sexuales, femicidios, violencia mediática, política e impunidad, sumados a propuestas legislativas regresivas han marcado el 2022, un año de amenazas a los derechos conquistados por las mujeres.
Así caracterizan expertas en género, política y derechos humanos los primeros meses de la administración Chaves Robles, liderada -desde antes de comenzar- por una persona señalada y encontrada culpable de conductas sexuales inapropiadas en contra de mujeres.
En el año que acaba, señalan las expertas, con el cambio de gobierno y la reconfiguración de la Asamblea Legislativa, se dio un giro en la política pública y la actitud gubernamental hacia los derechos de las mujeres y otras poblaciones.
Si bien el primer cuatrimestre del año se lograron algunos avances como la Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en política, tras el cambio de autoridades se han dado pocos avances y más bien, se pueden identificar amenazas tanto del ejecutivo como en la corriente del legislativo.
Machismo “envalentonado”
En lo simbólico, dice Ana Rita Argüello , politóloga y especialista en género, es importante mencionar que desde mayo el país es gobernado por una persona que fue encontrada y juzgada por acoso sexual, y eso “ha envalentonado a personas para aumentar y recrudecer aún más los niveles de violencia contra las mujeres”, por ejemplo en redes sociales.
Esto se evidencia por ejemplo en el incremento de los discursos de odio, identificados por una investigación de la empresa COES y el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) de la Universidad de Costa Rica para el Sistema de las Naciones Unidas, que concluyó “sin lugar a dudas” que hay un aumento en los ataques a las mujeres que participan en política y en general, a las mujeres en espacios públicos.
Estos ataques no son casuales sino que responden a «un objetivo orquestado» de detener la participación de las mujeres, según explicó Allegra Baiocchi, Coordinadora Residente del SNU.
Mientras tanto, Larissa Arroyo, abogada experta en derechos humanos, género e inclusión, explica que toda la discusión sobre la sanción aplicada a Chaves por el Banco Mundial ha tenido un doble efecto.
“Primero nos indica qué clase de sociedad tenemos, pues no es relevante un señalamiento tan grave de algo que podemos ver como violencia sexual y por otro lado de alguna manera nos moldea para que no nos importe”, dijo.
A la vez, dicen las especialistas, la violencia sexual y los femicidios siguen sucediendo, al tiempo que se instala la idea de que esos casos- como los ocurridos en el Caribe Sur o los recientes femicidios- quedan impunes. Además, dice Arroyo, los medios de comunicación tratan los casos con morbo, sin asumir su responsabilidad en la revictimización y en la construcción de una sociedad libre de violencia.
“Este año ha sido horrible, muy fuerte, muy traumático, incluso para aquellas personas que no han sido víctimas de violencia sexual porque los mensajes que se han enviado por parte de las esferas estatales es básicamente que la impunidad es lo que hay, que nada de esto es importante”, indicó.
Debilitamiento de instituciones
Para Arroyo, el debilitamiento del apoyo institucional a la causa comenzó con el abandono del trabajo con organizaciones sociales y de ciertos temas por parte la Defensoría de los Habitantes, previo al cambio de administración.
Coincide en esto Argüello que asegura que tanto la defensoría como el Instituto Nacional de las Mujeres y otros ministerios que históricamente han trabajado de cerca con los grupos de mujeres “han sido completamente ajenos”.
Estrategias “populistas” como el nombramiento de personal no calificado al frente del Inamu ha resultado en un debilitamiento de la institucionalidad, asegura.
“Eso es de manual en los gobiernos populistas anti derechos, no buscar idoneidad para el nombramiento de cargos, al final lo que hace es disminuir por completo las capacidades de la institución. Lo del Inamu va mucho por ahí, pues tiene al frente a alguien que no va a presionar para el avance de la agenda, sino que va a estar en un estado de confort haciendo lo que se le mande a hacer desde Zapote, aunque eso vaya en contra de la misma naturaleza y razón de ser de la institución”.
Según Arroyo, además es preocupante el cuestionamiento por parte de las nuevas autoridades de salud de conquistas como la norma técnica para el aborto terapéutico, que ya de por sí no se aplica como se debe pues “somos 5 millones de habitantes, mínimo la mitad planta somos mujeres y muchas con capacidad de gestar, pero solamente tenemos seis casos de solicitud, de los cuales dos se otorgaron. ¡A mí la matemática no me da!”.
Finalmente, Argüello señala que otro debilitamiento institucional es que el Inamu se ha utilizado para fines políticos o personales, al margen de sus funciones. Así, recordó que hace unos días la institución – dedicada a la promoción de los derechos de las mujeres- salió en defensa del mandatario tras señalamientos por sus conductas machistas e incluso dijo, falsamente, que no existían denuncias en su contra, habiendo una condena en firme en el Banco Mundial.
“La institucionalidad ha virado, no precisamente bajo una lógica o una visión técnica de lo que el Estado tiene que procurar sino que se está haciendo uso de instituciones como si fuesen de carácter personal”, dijo.
Cabe destacar que cerca de 50 organizaciones y personas firmaron además una misiva cuestionando el accionar del Inamu, pues consideran que no es acorde con sus fines legales y repudiaron “el uso que del INAMU hace su Presidenta Ejecutiva al poner la instancia a defender a un hombre cuestionado por acoso sexual”.
Amenazas y derrotas legislativas
En el plano legislativo, las expertas señalaron algunas conquistas, como la aprobación de la Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en política, la ley de reparación integral para personas sobrevivientes de femicidio (ambas aprobadas en la legislatura pasada) o la reciente ampliación del plazo del expediente 21.179, que pretende prohibir la discriminación remunerativa basada en género.
Argüello mencionó algunas derrotas en temas de género, como el rechazo de un proyecto de ley para garantizar cuotas paritarias en las juntas directivas o el rechazo a ampliar el plazo para discutir el proyecto 21.171 para prohibir la discriminación en precios de venta basada en género.
Además, indicó que el ejecutivo no ha convocado o apoyado el proyecto que prohibiría las “torturas” de conversión, que es urgente para garantizar los derechos de las mujeres sexualmente diversas y otras poblaciones, así como el estancamiento de la Ley de Identidad de género, urgente para que el cumplimiento efectivo de los derechos de las mujeres trans.
Así mismo, identificó algunas amenazas, entre las que destaca el proyecto conocido como de jornadas de 12 horas, que impulsa el ejecutivo. Este proyecto, que cuenta con apoyo de todas las fracciones excepto el Frente Amplio, representa según las organizaciones de mujeres “un claro detrimento de los derechos laborales” y aseguran que no tiene mejora posible por lo que debe archivarse.
Además, citan la peligrosa propuesta del proyecto de ley 23.421 – de Fabricio Alvarado y Leslye Bojorges- que entre otras cosas, introduciría veladamente el concepto de alienación parental a la legislación y obligaría a mujeres víctimas a “procurar el respeto y la sana convivencia de los menores con su otro progenitor”, aunque haya sido su agresor.
“Hubo algunos aciertos a principios de año, pero cerramos con una asamblea que realmente no está empujando en su mayoría agendas a favor de los derechos de las mujeres o de la eliminación de las desigualdades”, concluyó la politóloga.
