2021: la fiesta del Bicentenario que no pudo ser

Si el mundo fuera normal, el presidente Carlos Alvarado estaría por grabar un mensaje navideño para difundir en cadena televisiva junto con un collage de obras inauguradas en su último año calendario, identificadas con una placa que haría la referencia histórica: “Administración Alvarado Quesada, Gobierno del Bicentenario”. Un sector le aplaudiría y el partido oficialista lo exaltaría sabiendo que podrìa capitalizar en las urnas y continuar en el poder.

Pero ya nada es normal en la política y la realidad del año 2021 es radicalmente otra. El presidente Alvarado llega a la Navidad con el nivel más bajo de popularidad desde que se miden las calificaciones a los gobiernos y más bien acabó en insultos espontáneos el último intento por mostrar personalmente una parte de la obra prevista para inaugurar en su gobierno.

La agenda declarada prioritaria del Ejecutivo sigue pendiente en la Asamblea Legislativa crispada por la campaña electoral donde el oficialismo apenas existe en las encuestas; las crisis asociadas o acentuadas por la pandemia borraron la celebración de los 200 años de la Independencia; las buenas noticias, cuando las hay, se centran en los verbos “recuperar”, “volver” o “mantener”.

El año que se hubiera querido “pospandémico” ha sido en realidad una extensión de la emergencia sanitaria con sus efectos en la economía y el ánimo nacional, a pesar la una exitosa campaña de vacunación anti COVID-19 que alcanzó a cubrir al 90% de la población prevista. Costa Rica es uno de los países más cubiertos por las vacunas, con todo y la discusión sobre la obligatoriedad del antídoto para acceder a sitios públicos, una expresión más del dilema entre la acción pública y la privada.

Marcas para el futuro

En medio de medidas sanitarias de apertura que se fueron anunciando poco a poco, el desempleo se ha ido desinflando levemente y la economía promedio de los hogares también da señales de recuperación, pero no en todos. Al bajar las aguas del coronavirus se vieron en este 2021 nuevas y mayores brechas sociales que probablemente hagan recordar por décadas este año, como un punto de giro adicional en el deterioro de las condiciones de bienestar general, advirtió el Informe Estado de la Nación 2021.

Pero esto no es lo más grave, dice la mayoría popular en la última encuesta CIEP-UCR. El mayor problema es la corrupción, visibilizada por casos recientes que no solo frustraron los planes de Alvarado de mostrar nuevas obras viales como suyas, sino que nublan más la confianza en la política como camino para atender los problemas. Ahora la política es parte de la enfermedad, señala un sector amplio de la población, en momentos de la campaña electoral más llena de candidaturas que se ha registrado en la historia del país.

Con 25 candidaturas presidenciales, casi el doble de partidos compitiendo por la Asamblea Legislativa y una mayoría de probables votantes indecisos sobre su apoyo al faltar menos de dos meses, la incertidumbre y la confusión vuelven a reinar en una competencia electoral en Costa Rica. Es es paisaje dominante en el cierre del año que, de por sí, empezó con dato que se encendía como una luz de alerta intermitente: la simpatía ciudadana por los partidos era en abril de 2021 la peor de los últimos 30 años y quizás de la historia, pues solo 13% se dijeron seguidores de alguno de los partidos, indispensables en el sistema político (Encuesta CIEP-UCR, abril 2021).

A ello se sumó el impacto de la pandemia en el ánimo popular y en la situación económica, además de la aceleración de los formatos de comunicación digitales que suelen exacerbar las discusiones públicas. De ahí que se presente el actual proceso electoral como especialmente complejo, dijo el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Luis Antonio Sobrado, el día que anunció el fin de su larga carrera por razones casi domésticas: una cuñada suya va de candidata a una vicepresidencia. Así de vulnerables pueden ser también las figuras fuertes del sistema político.

Gobierno adverso y apetecido

El legado del año incluye el crecimiento de las tendencias de fragmentación política en todo tipo de organizaciones, de alejamiento popular frente a los partidos y de debilitamiento del poder real del Poder Ejecutivo; y aún así, nunca ha habido tantas personas que encarnen la ambición ocupar la cabeza del gobierno del país. Parece poco disuasiva la certeza de que se mantendrán más allá del 8 de mayo los problemas que ataron de manos al presidente Alvarado y lo dejaron casi en solitario, con las boronas de su “gobierno de unidad” y escepticismos desde otros poderes del Estado.

Así termina el 2021 político en que se iba a celebrar con pompa el Bicentenario: con el destape de la crisis que se fue acumulando en la calidad y cobertura de la educación pública, con un frenazo en la inversión por las medidas de austeridad aplicadas contra el desbalance fiscal y, por tanto, con una aparente dependencia del flotador financiero que pueda dar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), siglas que provocan rechazo genuino o calculado desde numerosos grupos de poder, incluidos partidos opositores.

Es como si la pandemia hubiera obligado a “correr” el calendario y hubiera dejado para el último año lo que usualmente ocurre en el tercero de cada cuatrienio presidencial, coincidieron los politólogos Gustavo Araya, analista y consultor en comunicación política, y Rotsay Rosales, académico y coordinador del Observatorio de la Política Nacional (OPNA) de la Universidad de Costa Rica (UCR). “Habría sido el año de colocar las placas, de concretar una planificación hecha para los cuatro años y proyectar en lo simbólico el mensaje del Bicentenario y en lo concreto una situación económica solvente, pero no ha sido así”, apuntó Rosales después de advertir las profundas consecuencias de la pandemia, que en todo el mundo ha provocado la mayor crisis desde la II Guerra Mundial.

En este entorno se introduce la variable “corrupción” como un factor en apariencia transversal en el poder y reduce los márgenes para cortar cintas en este último año, añade Rosales. Este elemento parece repercutir en muchas tiendas y agravar el fraccionamiento dentro de los partidos políticos, en sentido contrario a las pretensiones que se mencionaba antes de la campaña electoral para forjar coaliciones. Lo más cercano a ello fue la efímera alianza, de solo cuatro días, entre el Partido Liberal Progresista (PLP), liderado por Eliécer Feinzaig, y el Partido Demócrata Cristiano de Mario Redondo, alcalde de Cartago que ahora figura como sospechoso de actos de corrupción relacionados con concesiones municipales adjudicadas a constructoras.

La contingencias del 2021, por tanto, han terminado de anclar el avance de la agenda considerada de interés del Ejecutivo. Parecen estancados los proyectos de “alfabetización digital” (conectividad para estudiantes), los de reformas al mercado de medicamentos y uno que ha cobrado especial relevante, el del Tren Eléctrico Metropolitano (TREM), relacionado con los objetivos ambientales y con la postergada transformación del transporte público colectivo, apuntó Gustavo Araya, antes de mencionar también la inversión en el Teatro Nacional y por supuesto la modernización de la infraestructura vial. Todo sigue pendiente y condicionado, frente a la actitud alerta de grupos organizados con intereses adversos. “Las circunstancias y las debilidades propias, muchas explicadas por lo que pasó antes, han dejado al Gobierno en neutro, sin tracción propia”, concluyó Araya.

Parece haberse frustrado también el objetivo declarado de las Mesas de Diálogo Intersectorial, el punto de encuentro entre numerosos sectores sociales, laborales y empresariales convocados durante las protestas de octubre del 2020 contra la propuesta fiscal del Gobierno. Pese a que se enfriaron los enojos y hubo firma de documento con compromisos de seguimiento en 2021, poco impacto tuvo el “Consejo Consultivo Económico y Social” creado el 27 de diciembre “con el fin de abordar los desafíos del desarrollo del país”.

Aunque sigue sesionando ese Consejo, pocos temas de fondo se han tratado ahí y las conversaciones se han centrado en asuntos reglamentarios y la posibilidad de que se instaure por ley, como un espacio formal de interacción con Ministerio de la Presidencia y, por tanto, indirectamente con la Asamblea Legislativa.